ELCHE. Hace unos días, y al borde de finalizar el año de plazo establecido, se hacía público el informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social —dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social— con los datos de 2019, año que queda algo lejos entrados ya en 2021, pero sobre todo por un contexto de pandemia que lo ha cambiado todo. Con la información del mencionado ejercicio, el informe resalta los principales incumplimientos en el mundo empresarial en la comunidad y la provincia de Alicante: economía irregular, trabajo no declarado y falta de prevención de riesgos laborales.
En ese sentido, en el contexto autonómico, la Comunitat lidera el ranking autonómico de infracciones por contratos bonificados, con multas por un valor de 1.670.500 de euros —en Alicante son 529.597 euros— y se encuentra entre las tres primeras autonomías en incumplimientos en materia de tiempo de trabajo en los contratos a tiempo parcial, uso fraudulento en la contratación o en la afiliación y alta de personas trabajadoras por cuenta ajena en todos los regímenes, principalmente por el uso de la figura del falso autónomo.
En el análisis de la memoria de la ITSS se observa que en el año 2019 se llevaron a cabo 106.682 actuaciones en la autonomía según las actas de infracción por materia de actuación. En actas de infracción con la Seguridad Social, lidera Valencia a nivel autonómico con 1.515 actas, pero Alicante es la segunda, con 1.221 actas, lo que supone la quinta provincia de todo el país. Así mismo, Alicante registró 460 actas en lo referente a Seguridad y Salud Laboral, 534 en materia de relaciones laborales —la que más de la comunidad—, 123 respecto a Empleo y Extranjería y 132 por obstrucción a las labores de la Inspección.
Hilado con el tema de la Seguridad Social, se han realizado 17.765 actuaciones que han acabado en 1.939 infracciones, con un importe de expedientes liquidatorios de 34,8 millones de euros, dentro de los 95,5 de toda la autonomía. Además, en el desglose de la actividad realizada por la Inspección y Seguridad Social en todas las materias, se distribuye de la siguiente forma en la provincia de Alicante: 32.221 actuaciones, 3.581 infracciones más requerimientos de la administración, 5.657 requerimientos únicamente, un total de 21.257 trabajadores afectados en las infracciones en global, y un total de 17,8 millones de euros en infracciones. En concreto, 17.884.395,40.
Por otra parte, la provincia también registra altos números en cuestiones relacionadas con la inscripción, afiliación y alta o retrasos en el alta en la Seguridad Social. Por ejemplo, 7.528 actuaciones en la afiliación y alta de trabajadores por cuenta ajena de todos los regímenes, con 947 infracciones. Aplicado a las cuestiones de afiliación y alta por cuenta propia y autónomos del sector agrario y marítimo, han sido 1.820 las actuaciones y 114 las infracciones. En cómputo global por este ámbito, 9.386 actuaciones y 1.063 infracciones.
En lo referido a la economía irregular, las actuaciones realizadas por la Inspección se distribuyen de la siguiente forma con los datos de 2019: 10.478 actuaciones con 1.555 infracciones por un valor de 9.621.976,69 euros. En la provincia hubieron 9.3481 actuaciones por falta de dar de alta en la Seguridad Social y 1.061 infracciones por ello con un total de 6.696.098,10 de multas. Se dieron 8.030 altas. También destacan las 919 actuaciones por problemas en las prestaciones de Seguridad Social, con 335 infracciones y 1.501.302,80 euros en materia de pago de las infracciones.
Aunque estas son las cifras más relevantes, también hay otras con menor peso, por ejemplo referidas a infracciones por Desempleo, donde la Inspección registró en la provincia en 2019 738 actuaciones, 137 infracciones a empresas y 171 a trabajadores.
Ante el informe, CCOO PV denuncia que existe una bolsa de “fraude estructural” de economía sumergida y contratación que solamente se puede combatir con el aumento de personal en el cuerpo de la ITSS, que actualmente cuenta con 177 efectivos y que no se ha incrementado significativamente respecto al año anterior. "También son necesarias campañas específicas, coordinadas con todos los agentes del mundo del trabajo, para acordar medidas que atajen esas bolsas de precariedad que están repercutiendo en las condiciones de seguridad de los lugares trabajo, la formación e información en materia preventiva, la transgresión normativa del contrato de trabajo o el tiempo de trabajo".
El secretario de Acción Sindical y Salud Laboral autonómico del sindicato, Daniel Patiño, lamenta el incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales, ya que se limita a una cuestión únicamente formal, “mediante el recurso a un mero soporte documental, carente de la integración real de la prevención en la empresa, (…) lo que a la larga incrementa los índices de siniestralidad y merma la productividad en la misma”.