Isabel Celaá. Foto: EDUARDO PARRA/EPLa peste del coronavirus acelerará el declive de la enseñanza en España. La decisión de la abuela Celaá de facilitar un aprobado general encubierto es el tiro de gracia para el sistema. Si aun sobrevive a esto, la ministra prepara una Ley de Educación de consecuencias nefastas. El objetivo es claro: la generalización de la ignorancia en las futuras generaciones
La peste china ha originado una crisis sanitaria, económica y social. La primera ha dejado de momento decenas de miles de muertos y más de 200.000 contagiados. La económica se halla en una fase inicial con el cierre de miles de empresas y un paro desbocado. La tercera, consecuencia de la anterior, se manifiesta en el crecimiento de la pobreza y la aparición del hambre en los barrios más humildes.
Todos los lectores, con independencia de su ideología, compartirán este análisis basado en datos contrastables y no en juicios de valor.
Pero lo que se pasa por alto es que la pandemia acelerará la crisis de la enseñanza en España. Esta crisis no es nueva pues se arrastra desde hace dos décadas. La novedad es que la educación se contará entre las víctimas de la pandemia.
Ciertamente el virus no es el responsable directo de la hecatombe que se cierne sobre el sistema educativo no universitario. Quien debe cargar con la culpa de destruir lo poco que queda en pie de la enseñanza es el actual Gobierno. De haber estado el Ejecutivo en otras manos, quizá no se fuese a producir el destrozo que lamentaremos en los próximos años, si no décadas.
El Ministerio de Educación, dirigido por una mujer que tiene serias dificultades de expresión oral y escrita, publicó una orden a finales de abril que regulaba el final del curso académico, marcado por la crisis del coronavirus.
En la práctica, el Ministerio se lava las manos y cede a las comunidades autónomas el criterio de pasar de curso. Esta orden conculca dos leyes de rango superior. La primera es la Constitución, que señala en su artículo 149, apartado 30, que es competencia exclusiva del Estado la “regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales”.
La segunda es la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada por el Gobierno de Zapatero, aún en vigor, que fija en tres el número máximo de suspensos para pasar de curso en la ESO, e impide que se pueda obtener el título de Secundaria con más de dos materias no superadas, siempre que no sean Matemáticas y Lengua. Además, exige tener todo aprobado para obtener el título de Bachillerato.
Si todo vale, si el compañero vago recibirá la misma recompensa que ellos, ¿para qué esforzarse?, se preguntarán los alumnos trabajadores, y con razón
Al delegar en las autonomías el criterio para pasar de curso, la orden ministerial fomenta la desigualdad entre los alumnos de diferentes regiones. A unos, los de Murcia y Madrid, se les exigirá más para promocionar que a otros como los valencianos, manchegos y catalanes. Esto también va en contra del principio de igualdad, reconocido por la Constitución en su artículo 14.
Publicada la orden ministerial en el BOE, la Conselleria de Educación se apresuró a aclarar que todo alumno, al margen de su número de suspensos, pasará de curso. Si el equipo de profesores de un centro decide que algún estudiante repita como excepción a la regla, se enfrentará a una enorme carga burocrática que lo disuadirá por completo.
En la práctica, en la Comunidad Valenciana habrá un aprobado general encubierto.
Esto es un fraude colosal, pero no extraña en un partido, el PSOE, que puso las bases para destruir la enseñanza pública con la LOGSE ideada por san Rubalcaba que estás en los cielos. Con aquella ley de comienzos de los noventa, conceptos como el trabajo, el esfuerzo, la memoria y el aprendizaje de conocimientos fueron orillados por otros de la nueva pedagogía, hábil para embaucar con su jerga vacua de competencias básicas, atención a la diversidad, inteligencia emocional y otras zarandajas.
El populismo educativo, que explica magistralmente José Sánchez Tortosa en su libro El culto pedagógico, perjudica a los alumnos de familias con menos recursos. Daña sus expectativas al negarles una enseñanza de calidad —que sí tendrán los de familias pudientes— que les ayude a competir en la sociedad. Una vez asentada la nueva enseñanza de beneficencia, esos chavales no subirán ni un solo peldaño en la escala social, a diferencia de lo que les ocurrió a las generaciones que estudiaron con Ley General de Educación de Villar Palasí.
Entretanto, muchos de los políticos socialistas que respaldan la gestión de la abuela Celaá y su funesta Ley de Educación llevan a sus hijos a colegios privados y bilingües. Es su peculiar manera de defender la enseñanza pública.
Los adolescentes que pasen de curso sin merecerlo nadarán para morir en la orilla al final del próximo curso académico. Les han hecho un flaco favor. Los padres, muy contentos con las notas falseadas de sus hijos, también se engañan. Los títulos de ESO y Bachillerato que se expidan este curso serán papel mojado. A esta promoción de estudiantes se la conocerá como la del coronavirus. Llevarán este sambenito toda su vida laboral.
Yo sólo lo siento por los alumnos trabajadores y capaces que, pese a tenerlo todo en contra, siguen estudiando, ajenos al ambiente de mediocridad de muchos institutos.
Con estos alumnos se comete un crimen de difícil reparación, al rebajar aún más los niveles de exigencia en las aulas. Si todo vale, si el compañero absentista y vago recibe la misma recompensa que ellos, ¿para qué sirve esforzarse?, se preguntarán y con razón.
Nos cargamos el porvenir de estos adolescentes, muchos de los cuales, después de lo sucedido este año, arrojarán la toalla, rendidos a los planes de unos gobernantes empeñados en universalizar la ignorancia entre las futuras generaciones.
