Soriano asume que À Punt no recibirá de la Generalitat más de 55 millones en 2019

VALÈNCIA. La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) que dirige Enrique Soriano ya da por hecho que los fondos con los que contará el año que viene no superarán los 55 millones de euros que la Generalitat Valenciana le asignó en 2018. No en vano, el propio presidente del ente admitió este miércoles al ser preguntado por este periódico que se está trabajando en los últimos días en un nuevo presupuesto para corregir la cuantía de 69 millones de euros que solicitaron hace unas semanas al Ejecutivo valenciano y que el jefe del Consell, Ximo Puig, ya les advirtió que no recibirían.   

Así, esos 55 millones de euros previstos tan solo podrían verse rebasados por la subida salarial del 1,75% aplicada a todo personal público del Estado y que aprobó el Gobierno central el pasado mes de julio. Así lo prevé el contrato-programa de la CVMC, que establece que los aumentos salariales van aparte de la cifra pactada como aportación de la Generalitat por el servicio público. Asimismo, los ingresos por publicidad también pueden hacer crecer el presupuesto respecto al de 2018. Pero nada más, fuera de estas dos excepciones.

La nueva propuesta deberá ser aprobada por el Consejo Rector en una de sus reuniones. Sin embargo, todo indica que no será en la cita que mantendrán los consejeros este jueves porque esta cuestión no se encuentra entre los puntos a tratar del orden del día de la convocatoria. Una vez aprobada, el órgano deberá remitirla en el menor tiempo posible a la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler, que debe incluirlo en el proyecto de Presupuestos que el Pleno del Consell debe aprobar para presentarlo en Les Corts. La fecha límite es el 31 de octubre, así que el plazo es muy corto.  

En este sentido, conviene recordar que la directora general de À Punt, Empar Marco, aseguró días antes de presentar el primer anteproyecto de ley de presupuesto de la nueva radiotelevisión valenciana que 55 millones de euros le parecía una cuantía "muy justa" y por ello veía necesario un incremento en 14 millones. Tras ser rechazado por Puig, Marco afirmó que no se producirían recortes en personal. 

Una afirmación que suponía todo un pulso al Gobierno valenciano, ya que si no se incrementaban los fondos de la Corporació era imposible cumplir esta pretensión. ¿Los motivos? La ley de la CVMC -reformada el pasado mes de mayo a través de otra norma, la del Consejo del Audiovisual- impide al órgano presidido por Soriano que la partida prevista en el capítulo de personal supere un tercio del total del presupuesto consignado. Por lo que, el año que viene este capítulo no podrá superar los 18,3 millones de euros. Casi cinco menos que este año.

Moratoria presupuestaria

Conviene recordar que los grupos parlamentarios de PSPV y Compromís estudiaron días atrás la posibilidad de enmendar la ley de Acompañamiento de 2019 para suspender temporalmente la aplicación de esta restricción presupuestaria. Socialistas y valencianistas pensaron en registrar durante el trámite de la ley de medidas fiscales una moratoria a esta limitación para que no fuese aplicable hasta que el presupuesto de la CVMC pudiera incrementarse en un futuro. 

Una solución transitoria que no agradaba a Podemos y que, además, contaba con un inconveniente prácticamente insorteable. El Consell debe aprobar el anteproyecto de ley de Presupuestos a finales de octubre y remitirlo a Les Corts. Si en él la Corporació no realizara los cambios a los que está obligada, estaría previsto un presupuesto de À Punt de 55 millones con un coste de personal ilegal (23 millones), y resulta inverosímil que el Ejecutivo valenciano fuese a tramitarlo aunque existiera un compromiso por parte del Parlamento valenciano de que, posteriormente, se trabajaría en una enmienda a la ley de Acompañamiento para anular esa limitación de un tercio. 

En definitiva: el Consell a todas luces trasladaría a la cámara valenciana un anteproyecto de ley de presupuestos ajustado a la legalidad, por lo que sería el Gobierno de Ximo Puig el que en última instancia forzaría la reducción del capítulo de personal para adecuarlo a la normativa actual. 

En este sentido, debería calcularse cuánto personal del ya contratado quedaría afectado por esta adecuación presupuestaria. Según los últimos datos ofrecidos por Marco, hay 56 personas trabajando en la Corporació y 398 en la Societat; en total 454. Además, existen varias bolsas de trabajo abiertas que no hay intención de paralizar.