Varios manifestantes este viernes a las puertas de la Conselleria de Justicia. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Una semana después de publicarse el acuerdo del Consell que ordenaba la vuelta al trabajo presencial de los funcionarios al 100% a partir del lunes 21 de junio, siguen las diferencias entre varios departamentos del Gobierno valenciano para llevar a cabo esta resolución. Especialmente, entre carteras de Compromís y PSPV.
La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, abrió la puerta este viernes en la rueda de prensa tras el pleno del Consell a que la orden dictada hace una semana por la Conselleria de Justicia y Función Pública que dirige Gabriela Bravo -publicada como acuerdo del Consell en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado sábado- pueda sufrir modificaciones en los próximos días.
Una cuestión que, si bien advirtió que no se había abordado en el pleno del Consell de este viernes, Oltra afirmó que el Botànic II analizará "en un futuro inmediato", ya prevén cambios en varios departamentos, como la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la Conselleria de Sanidad y Salud Pública o la Conselleria de Universidades e Innovación.
Un planteamiento que, sin embargo, fue cuestionado posteriormente por otras fuentes del PSPV en el Ejecutivo. Miembros socialistas en el Gobierno valenciano consideran que dado que la situación actual sigue siendo la misma que la de hace una semana, "no se aprecia ningún motivo para realizar cambios en la orden aprobada que se encuentra actualmente vigor".
Dos voces en un mismo Gobierno que avanzan un enfrentamiento más que asegurado en los próximos días sobre una cuestión que ha generado polémica desde su inicio. De hecho, esta disparidad de criterio no es novedad en el Ejecutivo del Botànic II.
Apenas 24 horas después de que la consellera de Justicia y Administración Pública, Bravo, la planteara en el pleno del Consell de la semana pasada, varias consellerias se rebelaron contra esta orden que obligaba a una vuelta al trabajo presencial del 100% de los funcionarios.
La Conselleria de Economía que dirige Rafa Climent y la de Agricultura que encabeza Mireia Mollà aseguraron que la vuelta al trabajo se realizaría de forma progresiva para garantizar la seguridad y salud en el trabajo de los empleados públicos. Por lo que el lunes 21 de junio no se reincorporaría la totalidad de la plantilla de ninguno de los dos departamentos.
Ahora bien, aunque estas dos carteras fueron las primeras que realizaron un comunicado a nivel interno el sábado para informar a sus funcionarios sobre cómo volverían al trabajo el lunes, no fueron las únicas en no volver al 100%. El 21 de junio menos de la mitad de los departamentos del Consell siguieron a rajatabla la orden dictada por Función Pública más tarde convertida en acuerdo de Gobierno: tan solo cuatro consellerias, siempre según fuentes de las propias carteras, hizo que sus empleados públicos se reincorporaran a sus puestos por completo y abandonaran la modalidad del teletrabajo. La gran mayoría lo hicieron en una horquilla de entre el 75% y el 90%, salvo un par de excepciones, Agricultura y Economía, que bajaron de estos porcentajes.
El incumplimiento por parte de varias consellerias -alguntas también del PSPV-, generó malestar en la consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, quien aseguró en un comunicado que todas las carteras del Consell del Botànic II conocían que sus funcionarios debían volver al 100% al trabajo presencial desde el pasado 8 de mayo porque su departamento aprobó una resolución remitida a todas las consellerias que así lo establecía.
Asimismo, acusó, aunque sin mencionarlos, a los responsables de personal de las consellerias de Economía y Agricultura -los subsecretarios Natxo Costa y Alfonso Puncel, respectivamente- de no haber hecho los deberes: "Alguien no ha ejercido cuando correspondía las responsabilidades que tenía, porque si no se han preparado los espacios o no se han colocado mamparas, los funcionarios no pueden incorporarse al trabajo porque por encima de todo está su salud". La acusación molestó también especialmente en estos departamentos, cuyos planes de contingencia, aseguraron fuentes oficiales, habían ido readaptándose con los sucesivos cambios de fase y se encontraban todos publicados en sus respectivas páginas web oficiales.
Con estos mimbres, conviene subrayar además que la resolución de Justicia del 8 de mayo a la que hizo referencia Bravo establecía que la asistencia debía hallarse entre un 85% y un 100%, pero en ningún caso que sólo hubiera de cumplirse lo segundo. O, incluso, podrían reducirse estos porcentajes en caso de necesidad de adaptación al Plan de Contingencia de cada conselleria.
Pero en cualquier caso, esa resolución que preveía una horquilla de entre el 85% y el 100% quedó sin efecto el pasado viernes, ya que el acuerdo del Consell -publicado en el DOGV este fin de semana- recoge en su preámbulo que la transición a la situación de nueva normalidad "conlleva la pérdida de eficacia de la Resolución de 8 de mayo de 2020, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se estableció el procedimiento y las medidas organizativas para la recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en el ámbito de la Administración de la Generalitat".
Las declaraciones de Oltra de este viernes dejaban la puerta abierta a un posible cambio en el acuerdo del Consell sobre los porcentajes de asistencia presencial para que no fuera exclusivamente del 100%, como recoge el decreto. No en vano, así lo solicitó también el Comité de Seguridad y Salud de la Conselleria de Economía esta semana. Sin embargo, el PSPV descarta que el redactado de este apartado vaya a cambiarse ni que el Ejecutivo valenciano esté debatiendo modificarlo.
En medio de todo este escenario, varios representantes de Intersindical se manifestaron este viernes ante la Conselleria de Justicia y Administración Pública por una reincorporación presencial al trabajo que consideran "irresponsable". Incluso, representantes del sindicato advirtieron en esta manifestación que no descartaban acudir a Inspección de Trabajo si veían algún tipo de vulneración por parte de la Administración.
