Sáenz de Santamaría aprende valenciano

VALENCIA. Era la primera visita de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a la Comunitat desde que el pasado mes de diciembre se conformase el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La nueva cartera de la mano derecha del presidente –Administraciones Territoriales– le obligaba a pisar tierras valencianas. Porque aunque Cataluña sigue siendo el problema territorial prioritario para el Gobierno central, el PP tampoco quiere -ni debe- descuidar los problemas de los valencianos en su tarea de 'solucionar España', y más aún sin tener la mayoría en el Congreso. 

Una cita en la que si el president de la Generalitat, Ximo Puig, había preparado los principales puntos a tratar y defender como representante de todos los valencianos, también la número dos de Rajoy demostró venir con los deberes hechos en su primera visita a una comunidad autónoma tras la Conferencia de Presidentes.

Fue el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, quien acompañó a Santamaría hasta el despacho de Puig, donde mantendrían durante dos horas una reunión en la que las principales conclusiones y anuncios a difundir no fueron dejados al azar. Sáenz de Santamaría no quería hacer la visita en balde. De hecho, vino con dos objetivos principales: revelar que el próximo 10 de febrero el Consejo de Ministros dará luz verde a la constitución del comité de expertos –para el que el Puig proponía, según fuentes de Presidencia, consensuar el presidente– que abordará la reforma del sistema de financiación y trasladar la "sensibilidad" del Gobierno central con infraestructuras clave para la Comunitat como el Corredor Mediterráneo. Calificarlo de "fundamental para vertebrar no sólo España, sino también el conjunto de la Unión Europea" fue toda una proclamación. Nunca se había ido tan lejos.

Dos discursos sensibles con las necesidades que tiene el territorio valenciano y que, asiduamente, son abordados en algún acto del Consell o fijado en la agenda de los empresarios de la Comunitat. De hecho, paralelamente al encuentro entre el president de la Generalitat y Santamaría, se celebraba en el hotel Astoria un desayuno-coloquio organizado por Foro Europa-Tribuna Mediterránea en el que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, abordaba la financiación autonómica y explicaba por qué Madrid podía permitirse "hacer dumping fiscal". A su vez, a apenas 900 metros, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) celebraba un desayuno en el hotel Palau de La Mar para analizar el estado actual de las obras del Corredor Mediterráneo. 

Pero no sólo estos dos temas coparon la agenda institucional entre Puig y Santamaría. La vicepresidenta del Gobierno también defendía la contribución del Ministerio de Fomento a la modernización del eje Cantábrico-Mediterráneo, otra de las grandes reivindicaciones de los exportadores valencianos. Tras enumerar los últimos impulsos de la cartera de Íñigo de la Serna "para potenciar esa línea, con inversiones de 22 millones en los accesos al puerto de Sagunto, de 13 millones en aparcaderos y 40 en la renovación de la línea", Santamaría admitía: "Esperamos darle un importante impulso: ya ha pasado del mapa al terreno y eso es importante". 

Una evidente muestra –la de saber elegir los temas a abordar y escoger la comunidad autónoma idónea para hacerlo público– de que el panorama político ha cambiado y existe una inclinación por parte del Ejecutivo central de mejorar el diálogo con la Comunitat y, así, dejar de ser visto como el villano para los valencianos.

Una actitud que supo ser aprovechada por el jefe del Consell, Ximo Puig, que solicitó, entre otras cosas, que los gastos para hacer frente a catástrofes como las acaecidas tras las últimas lluvias en la Comunitat Valenciana se excluyan de la "valoración del cumplimiento del objetivo de déficit y de la regla de gasto". Excepción que el Gobierno ya aplicó en 2011 cuando aprobó un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y por el que los gastos derivados del terremoto de Lorca no computaron a efectos de los objetivos de déficit de Murcia.

Sin lugar a dudas, el tono mantenido durante la reunión fue distinto al de la legislatura anterior y muy alejado de la dureza practicada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Un cambio de talante por parte del Gobierno central palpable desde que el PSOE favoreció la investidura a Mariano Rajoy que no sólo se percibe en un discurso más empático con los intereses y necesidades de los valencianos, sino que también tiene su traslado a la asiduidad con la que los primeros y segundos escalones del Gobierno han pisado la Comunitat en el último mes. 

Si bien en la etapa de Francisco Camps la Comunitat era un lugar de obligada visita por los altos cargos del Gobierno de España, esta coyuntura tuvo un punto de inflexión en la siguiente época, la de Alberto Fabra, en la que se aplicó el transparente pero evidente cordón sanitario al territorio valenciano por la larga sombra proyectada por los casos de corrupción.

Sin embargo, esta tendencia parece haber vuelto a invertirse. Como ya informó Valencia Plaza, en apenas unos meses, e incluso en la última semana, distintos altos cargos –entre ellos distintos ministros como el de Fomento, Íñigo de la Serna, y el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido- han pisado suelo valenciano. Y, aunque no siempre estas visitas se han correspondido con anuncios o inversiones, esta vez sí se dio tal circunstancia.

Como excepción en esta "conversación larga e intensa, pero fructífera para los valencianos" -como la calificó el president de la Generalitat-, no todo fue cordialidad entre ambos dirigentes. Se mascó cierta tensión cuando el también secretario general del PSOE en la Comunitat remarcaba que los diputados socialistas valencianos tenían la consigna de posicionarse en favor de los intereses de este territorio a la hora de debatirse los Presupuestos Generales del Estado. Para dejar claro que la abstención de su partido que permitió a Rajoy mantenerse en La Moncloa no se había dado a cambio de nada, Puig advertía que si conseguían salir adelante los Presupuestos de 2017, deberían considerar tener especial "sensibilidad" con la Comunitat que él preside. Santamaría, sin embargo, no quiso comprometerse con que el Gobierno del que forma parte condone parte del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Una operación de mayor diálogo con la Comunitat para evitar que la infrafinanción derive en otros problemas mayores. Eso sí, solo con mejor tonos y sin grandes promesas ni concreciones. Sáenz de Santamaría se ha vestido el traje que utilizó Jose María Aznar en el año 1996 con Cataluña cuando firmó el Pacto del Majestic. La vicepresidenta del Gobierno parece que ha venido a aprender valenciano en la intimidad.