Marina Sender. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Los arquitectos valencianos cargaban hace unas semanas contra las bajas económicas de sus honorarios en las contrataciones públicas. Una práctica arraigada en la mayoría de administraciones que pone en jaque el trabajo de estos profesionales. Ahora, alzan la voz contra lo que ven un menoscabo a su labor. Según denuncian, en la mayoría de licitaciones públicas, se prima el precio en detrimento de la calidad de los proyectos. De acuerdo con sus cálculos, en las últimas 25 adjudicaciones de la administración valenciana se ha superado el 30% de media en la baja económica de honorarios. Es más, hay casos en los que incluso la baja roza casi el 60%. Una circunstancia que ha llevado a la entidad colegial a poner el grito en cielo y recurrir la mayoría de procedimientos ante lo que tachan de situación “injusta” para los arquitectos, muchos de los cuales desisten de optar a estos concursos o lo hacen “en claro perjuicio para ellos porque cobran por debajo del Salario Mínimo Profesional (SMI)”.
“Desde la crisis de 2008, se empezó a primar el precio a la calidad, llevando a la desviación del propio sistema”, lamenta la presidenta del presidencia del Colegio Territorial de Arquitectos Valencianos (CTAV), Marina Sender. Y es que la última actualización en 2017 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) estableció que los órganos de contratación serán los encargados de velar por que se establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades. No obstante, Sender señala que “al no haber definido la administración autonómica un criterio y objetivo común, la baja económica prima frente a los criterios de calidad”.
-¿El problema es la Ley?
-El problema radica en la interpretación que se hace de la Ley, que marca una horquilla en la que se puede desarrollar la baja económica. Por tanto, lo que hay que hacer es ajustar esa horquilla. Nuestra reclamación es que, a la hora de adjudicar los concursos, la propuesta técnica pese más que la parte económica, porque muchas veces tenemos bajas que llegan a alcanzar, en algunos casos, el 60% respecto de unos honorarios que ya de por si son ajustados. Y con estos precios entendemos que se está perjudicando al arquitecto, porque cobra por debajo del SMI. Además, nos preocupa especialmente que no pese más, porque la ley lo permite, la propuesta técnica en los casos de proyectos importantes que afectan además a la calidad de nuestras ciudades. Pensamos que se tiene que encontrar un equilibrio. Entendemos que no se tiene que despreciar un ajuste económico, pero tiene que primar por encima de todo que la propuesta técnica se ajuste a las necesidades que marca el propio concurso.
-¿Por qué las administraciones actúan de esta manera?
-Es una degeneración del propio sistema. La crisis económica de 2008 afectó a todos y empezaron a crecer las adjudicaciones a la baja. Las administraciones tenían un objetivo claramente de economía y los equipos de arquitectos, una necesidad de trabajo. Al final esto es una pescadilla que se muerde la cola. Esta situación va en perjuicio del propio trabajo.
-¿Se está convirtiendo en una práctica habitual de las administraciones?
-Sí. Como la ley lo permite, en la mayoría de concursos la parte económica tiene un peso muy importante y se prima por encima de la calidad. Por eso desde el Colegio de Arquitectos estamos haciendo esta denuncia insistentemente y nos hemos dirigido a la FVMP para denunciar esta situación. Aunque también es cierto que estamos teniendo cada vez más solicitudes de ayuntamientos para propuestas de colaboración con el objetivo de elaborar unos pliegos en los que, desde el punto de partida, se escuche voz de los arquitectos.
-¿Por qué cree que las administraciones priman el precio sobre la calidad?
-Estoy convencida de que la administración lo que quiere es el mejor proyecto y buscar la calidad, pero priman la baja económica por motivos presupuestarios. Pero deben de entender que un proyecto debe estar justamente pagado. De hecho, la propia ley defiende que el trabajo esté bien remunerado. Y ese es el aspecto que se descuida.
-¿Cree que la administración es menos exigente al primar el precio sobre la calidad?
-No. Yo creo que es la propia degeneración del sistema.
-¿Cuáles son sus consecuencias para el colectivo?
-Normalmente, cuando un arquitecto presenta una propuesta unipersonal se recibe una cantidad económica que en muchos casos le perjudica. Cuando tu desarrollas un proyecto tienes asignados unos gastos y cuando la baja es muy grande, el beneficio por ese trabajo no es correcto. Cuando hablamos de equipos de arquitectos es una cadena que perjudica a la empresa con sus propios trabajadores y no beneficia a nadie.
-Entiendo que habrá muchos profesionales que no optarán a los concursos porque no les salen los números…
-Claro. Nosotros insistimos mucho en que, además, no haya limitaciones para los jóvenes arquitectos, porque la ley permite que tengan oportunidad de presentar una propuesta. Sin embargo, hay muchos concursos que exigen una solvencia técnica elevada, con una serie de años, y ello impide el acceso a estos equipos jóvenes. Es una cadena que tenemos que abordar conjuntamente con las propias administraciones.
-Ha hablado de colaboración con la administraciones, pero ustedes siguen denunciando el problema… ¿Cuál es el interés real por encontrar el equilibrio?
-Me consta que el Ayuntamiento de València, con quien tenemos una relación más directa, está en esa línea y quiere trabajar conjuntamente. Nosotros nos ponemos a disposición de todas las administraciones en este sentido para conseguir que los concursos no sean oportunidades perdidas para las ciudades.
-¿Esta práctica puede repercutir en la calidad de los proyectos?
-No voy a decir nunca que un compañero presenta una propuesta que no tiene la calidad suficiente, porque considero que son profesionales. No obstante, es evidente que el beneficio económico y salario que perciben no es el adecuado y, por tanto, necesitan absorber más proyectos. Con lo cual, la dedicación para la propuesta siempre será menor por una cuestión de tiempo y necesidad económica. No quiero decir que la calidad no sea buena, pero sí que se le dedica menor tiempo.
-Desde el CTAV están recurriendo varios concursos precisamente por esta cuestión. Algunos ejemplos son la rehabilitación de la residencia de Carlet, la restauración de la muralla islámica de València o las obras para la peatonalización de la Plaza de la Reina ¿Van a seguir con esa tónica?
-Son los propios colegiados quienes nos lo demandan. Tenemos una oficina de concursos que trabaja en las tres provincias y nuestra intención es seguir en esa línea: denunciando lo que creemos que no es justo, porque queremos corregir esta situación.
-Si la ley lo permite... ¿Cuál es la solución?
-Conseguir que la administración entienda que la baja económica no debe pesar tanto y debe primar la calidad de los proyectos para ponerlos en valor. También hay que lograr que se rebaje la solvencia técnica para permitir el acceso a las los concursos públicos de jóvenes que tienen muchísimo que aportar.
-Con la actual situación de crisis por el coronavirus, ¿cree que se puede agravar la situación?
-Pienso que no, porque ya se están haciendo bajas del 60% y no se puede ajustar mucho más. No creo que sea mayor. En estos momentos, el Ministerio de Fomento prepara la Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido con dos objetivos: garantizar la calidad en todas las actuaciones de obra pública y que se pueda realizar en unas condiciones justas para los profesionales intervinientes. Esperamos que con ella todas estas situaciones se puedan corregir. Estamos esperanzados en este sentido porque pensamos que el ministro puede escuchar y puede ayudar a corregir este problema.
