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LO VOLVERÁ A PRESTAR LA EMPRESA MUNICIPAL PYCSA

Sant Joan renueva la municipalización del servicio de limpieza de edificios por unanimidad

23/12/2020 - 

SANT JOAN D'ALACANT. El Pleno del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha aprobado que la empresa municipal Personas y Ciudad S.A. (Pycsa) siga prestando el servicio de limpieza de edificios municipales. Así lo ha decidido la corporación al completo, que se ha mostrado unánime en esta cuestión. De esta manera, el Consistorio continúa con el servicio mediante gestión directa, como continuación de la decisión adoptada en la sesión plenaria de mayo de 2016 y que se empezó a materializar en septiembre de ese mismo año.

En el pleno celebrado el miércoles 23 de diciembre, la concejala de Limpieza y Gestión de Residuos, Esther Iborra (PSOE), ha explicado la nueva encomienda del servicio, la cual "se adapta a las necesidades para cubrir tanto los servicios ordinarios como extraordinarios". Serán 23 los servicios o edificios que deberá cubrir, lo que se traduce en un total de 995 horas a la semana.

Un contrato en el que se añaden 1.188 horas para las necesidades derivadas en el CEIP Rajoletes, CEIP Lo Romero, CEIP Cristo de la Paz, el edificio de La Ordana y el centro de mayores. Además, se ha incluido una ampliación de 705,60 horas derivadas de nuevas instalaciones o necesidades permanentes en las nuevas instalaciones del CEIP Cristo de la Paz, CEIP Rajoletes y el polideportivo municipal.

Así pues, el total de horas del servicio "normal, fuera de la covid-19, sería de 35.279,75 horas. Junto al servicio de la covid, asciende a un total de 48.835,75 horas", ha interpretado. Por su parte, el precio de la hora se ajusta a 13,55 euros, por lo que el coste del contrato para 2021 es de 593.974,41 euros. Y para el año 2022 y siguientes, 478.040,61 euros.

La prestación de este servicio a través de la empresa municipal se propone para un plazo mínimo de cinco años. "La gestión del servicio a través de Pycsa resulta más eficiente y sostenible que cualquier otro tipo de gestión, tal como indica el informe de Intervención", ha comunicado Iborra. Es por ello que ha asegurado que "el encargo de gestión que se propone supone un ahorra considerable para este Ayuntamiento".

Pese a que todos los partidos políticos han manifestado su postura a favor, algunos de ellos han aprovechado para hacer ciertas puntualizaciones. En este sentido, el portavoz del Podemos, Ignacio Ferreiro, ha señalado que el convenio solo recoge los aspectos económicos, pero no los sociales. "No se dice nada de cómo se va a realizar la contratación, ampliación o nuevas contrataciones de personal", alega. "Sabemos que ha habido un aumento de siete personas, pero no conocemos cuáles son los criterios que se han empleado. Ni siquiera el consejo de la empresa tiene información sobre esto".

Un procedimiento que ha explicado, en líneas generales, el alcalde de la localidad, Jaime Albero (PSOE): "Se publicita mediante Portalemp, quien hace una primera criba de los criterios. Después existe una bolsa y para los siguientes procesos se establecerá una serie de condiciones como la experiencia mínima, primar las bases de experiencia dentro del sector público y unas pruebas como marcan los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Por su parte, desde el PP, Manuel Aracil ha indicado su postura a favor y ha justificado que "si en su momento votamos en contra fue porque los informes eran contrarios". Y ha sido Santiago Román, portavoz de Ciudadanos y concejal de Deportes, Hacienda, Patrimonio y Contratación, quien ha recordado que se ha conseguido la unanimidad debido a que propusieron "que se retirara del anterior pleno y se trajera a este". Una acción que Albero ha calificado  como "ganas de confrontar, ya que no se ha hecho ningún comentario sobre el fondo".

Sentencia del TSJCV

Durante el pleno extraordinario celebrado el 26 de noviembre, el alcalde ya anunció la voluntad de volver a municipalizar el servicio de limpieza de edificios municipales, cuyo acuerdo había sido anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, institución que alegó que el acuerdo de gestión directa vulneraba el contrato de personal.

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