Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha dado el visto bueno a los hospitales privados de la Comunitat Valenciana para retomar la actividad quirúrgica ante el descenso de la presión asistencial por la covid. Una cuestión que fue comunicaba a las empresas sanitarias en una reunión celebrada este miércoles a la que asistieron la consellera de Sanidad, Ana Barceló, la subsecretaria de Sanidad, Mónica Almiñana y la directora general de Asistencia Sanitaria, María Amparo Garcia Layunta.
Fue el pasado 5 de enero cuando desde el departamento de Barceló solicitaron a los hospitales privados la desprogramación de su actividad quirúrgica ante la previsión de un incremento en las hospitalizaciones por covid que, aunque en dicha fecha se encontraban en 2.079 personas, el alto incremento en los contagios dejaba entrever que la situación iba a tornarse complicada. Un pronóstico que no falló ya que las hospitalizaciones llegaron a alcanzar picos en enero cercanos a los 4.800 ingresos, lo que generó situaciones tensas en las áreas de salud públicas.
Como se apuntaba, fue en las semanas posteriores a las fiestas navideñas cuando el número de contagios se disparó, seguido de las hospitalizaciones, lo que acabó por llenar los centros públicos -quienes también suspendieron sus cirugías no urgentes desde el 8 de enero- y que se tradujo en la reconversión de paritorios en UCI y la instalación de camas en cafeterías, capillas o salas de espera ante la necesidad de más capacidad o el uso para ingresos de los hospitales de campaña.
Un exceso de presión que superó con creces a los de la primera ola, donde la sanidad privada reclamaba más actividad derivada de la pública ante su desprogramación. Sin embargo, en este segundo embiste del virus los hospitales privados han tenido un papel esencial con las derivaciones de las urgencias no covid y las intervenciones no demorables que no se podían abordar desde la red pública. A fecha de 25 de enero se habían realizado más de 600 derivaciones de enfermedades como oncología, infartos o fracturas, entre otras cuestiones, lo que también generó una alta ocupación en la privada.
Ahora, la reducción de hospitalizados por covid tras las últimas medidas vigentes en la Comunitat Valenciana como el cierre de la hostelería, de los gimnasios o el perimetraje en fin de semana de municipios de más de 50.000 habitantes ha generado un reducción paulatina en el número de contagios -este miércoles era de 1.530-, lo que ha ido minorando la presión asistencial en los hospitales que, en la última actualización, descendía a 1.981 personas ingresadas. Unas medidas que se mantendrán hasta el 1 de marzo y que darán paso a una desescalada gradual para volver a poner en marcha tanto la hostelería como la actividad deportiva.
En este sentido, los hospitales privados podrán mantener por el momento la cirugía urgente y no demorable -cuestión que ya abordaban- y retomar la actividad quirúrgica programada que no precise UCI. Y es que, la ocupación de las unidades de críticos en los centros públicos sigue siendo alta ya que, a día de hoy, mantienen a 436 pacientes. La alta ocupación de UCI también se refleja en el número de fallecidos, que en la última jornada era de 88. Además, desde los centros privados también han tenido que asumir el compromiso de, en el caso de que fuera necesario, poder desprogramar en 72 horas.
Cabe recordar que en el mes de noviembre ya se allanó el terreno normativo por si fuera necesario intervenir la sanidad privada ante un incremento de los casos de covid que tensionara el sistema público. Para ello, el departamento de Ana Barceló aprobó una resolución para poner a disposición de la autoridad sanitaria los centros y establecimientos sanitarios privados y las mutuas de accidentes de trabajo, junto con su personal.
En esta resolución, Sanidad recogía la posibilidad de contratar todas las prestaciones y servicios que sean necesarios para poder remediar la situación sin necesidad de tener que realizar una licitación, como ya se hizo también en la primera ola donde al menos gastaron seis millones en derivaciones a la privada. Para ello, los precios de los servicios a contratar tomarán como referencia lo establecido en la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, según lo recogido en su título XXIX.
