Residencia de mayores. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El pasado miércoles la consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunció que su departamento barajaba agrupar en unas residencias de mayores a los usuarios que hubieran dado positivo en coronavirus. La intención de la medida, explicó, era tratar de "romper la cadena de contagios" y que no convivieran en el mismo espacio personas contagiadas junto a otras que no lo están.
Para llevar a cabo este propósito, previamente la Conselleria de Sanidad elaboraría un protocolo de manera conjunta con la de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra. Unas normas ya cerradas a las que ha tenido acceso Valencia Plaza y que obligan al traslado de todos los residentes que den positivo en la prueba del Covid-19 a un centro medicalizado.
El protocolo establece que cuando se produce la confirmación del contagio, la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanidad "será la competente para acordar por motivos de salud pública el traslado a una residencia medicalizada o infraestructura similar que sirva para tal fin o el ingreso hospitalario". Una decisión que se le comunicará a la Dirección General de Infraestructuras de Servicios Sociales.
Acto seguido, se dará la "orden de traslado de manera inmediata por motivos de salud pública". Y esta no será opcional para los usuarios, sino que se realizará de manera obligatoria, si se atiende a la literalidad del protocolo. Así, la Conselleria de Igualdad y la de Sanidad acordarán el medio de transporte a utilizar más óptimos y el departamento que dirige Ana Barceló, además, tendrá la obligación de facilitar el material de protección necesario.
Mientras, será la Dirección General de Infraestructuras de Servicios Sociales la encargada de realizar una actualización diaria de las plazas que quedan disponibles en las residencias medicalizadas y trasladar este listado a las dos secretarías autonómicas que tiene Sanidad; la de Salud Pública que ocupa Isaura Navarro, y la de Eficiencia y Tecnología Sanitaria que dirige Concha Andrés.
Antes de proceder al traslado, la Dirección General de Personas Mayores se pondrá en contacto con los familiares de los mayores y le comunicará el lugar al que se le traslada, cuál es el estado de salud del residente y le facilitarán un número el teléfono del nuevo centro para que se pueda poner en contacto para conocer la evolución de su familiar. Pero si el contacto "resulta infructuoso", señala el protocolo, eso no paralizará "el traslado de la persona residente". Simplemente se seguirá intentando contactar con la familia.
En caso de que el paciente empeore en este nuevo centro y el "criterio del personal sanitario" resuelva que es conveniente su traslado al hospital, se le trasladará a "un centro hospitalario".
Las residencias medicalizadas son aquellas en las que los residentes estarán atendidos "como si estuvieran hospitalizados", en palabras de la consellera Barceló. Por lo que el protocolo obliga a que Sanidad garantice que éstas cuentan con el personal sanitario necesario (médicos, enfermeros y técnicos auxiliares de enfermería), así como "con los productos farmacológicos y sanitarios necesarios", incluyendo equipos de protección individual (EPI).
Igualdad y Políticas Inclusivas, por su parte, proveerá del personal de servicios generales necesario para el funcionamiento de la residencia: lavandería, cocina, limpieza, conserjería y administración.
