Fotos: Kike TabernerVALÈNCIA. Cristóbal Montoro. Puede sonar a distopía mencionar al correoso ministro de Hacienda en los mandatos de Mariano Rajoy como protagonista de la reunión convocada este lunes por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con los principales representantes de la Administración Local. Pero lo cierto es que, al menos indirectamente, estuvo muy presente en la cita dedicada a impulsar el Acuerdo de Reconstrucción tras el coronavirus.
La razón es la vigencia de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (LRSAL), más conocida como Ley 'Montoro'. Una herramienta legislativa impulsada por el ministro en su día para, entre otras cuestiones, cortar las alas a los ayuntamientos en materia de gasto. Y entre las múltiples consecuencias de esta iniciativa se encuentra la imposibilidad para los gobiernos locales de utilizar el superávit generado anualmente para otra finalidad que no sea pagar deuda, realizar inversiones financieramente sostenibles o pagar las llamadas 'facturas en los cajones', de ejercicios anteriores.
Una ley muy criticada y siempre envuelta de cierta polémica que, no obstante, ha hecho que los ayuntamientos sean las administraciones donde más se ha reducido la deuda: sin ir más lejos, el 94% de los consistorios lo hizo la pasada legislatura. Un yugo que, al mismo tiempo, ha reducido casi al máximo la capacidad de maniobra de los alcaldes, que se han visto impotentes para animarse con ningún proyecto que se saliera de esta línea.
Pero si el autor de este artefacto fue Montoro ya hace siete años, la realidad es que el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez no ha encontrado el momento -o los apoyos necesarios- en dos años para derogarlo -tal y como prometió en campaña electoral- o para al menos reformarlo.
Sin embargo, en plena crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus, este corsé aprieta todavía mucho más que antes a las administraciones locales, que pretenden implementar ayudas para amortiguar el frenazo de la actividad y, al mismo tiempo, han visto reducidos sus ingresos. Todo ello, tras 80 días de estado de alarma en los que, además, han tenido que hacer rápidos ajustes presupuestarios para atender las urgencias de la situación. Más de dos meses en los que los dirigentes locales vienen reclamando mayor flexibilidad en esta limitación. Concesión que todavía no ha llegado desde el Ejecutivo central.
Esta queja unánime fue una de las más reiteradas en el encuentro de Puig con los presidentes de las diputaciones de Valencia, Alicante y Castellón -Toni Gaspar (PSPV), Carlos Mazón (PP) y José Martí (PSPV): el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro; y los alcaldes de las cuatro ciudades más importantes de la Comunitat, Joan Ribó (València), Luis Barcala (Alicante), Carlos González (Elx) y Amparo Marco (Castelló de la Plana).
Así, todos los alcaldes presentes en el encuentro -ya fueran del PSPV, Compromís o PP- coincidieron dentro y fuera de la reunión, en la necesidad de que el Gobierno habilite los mecanismos necesarios para poder utilizar los remanentes de tesorería de cada uno de los consistorios. Es decir, los ahorros del pasado año que no han podido gastar por la restricción de la regla de gasto implantada con las leyes de estabilidad presupuestaria.
Por el momento, la única medida que ha puesto en marcha el Gobierno de Sánchez en este sentido es permitir a los municipios gastar el 20% de esos ahorros en gasto social, para atender las primeras urgencias de la crisis. Algo que las administraciones locales consideran insuficiente: la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido en varias ocasiones poder utilizar la totalidad de este montante con los fines que los consistorios elijan. Para ello, el Gobierno debería emitir un decreto en el que fije la cantidad de dinero guardado del que podrán disponer los ayuntamientos, así como las finalidades a las que deberá destinarse.
En la Comunitat Valenciana, el sumatorio de todos estos ahorros alcanza los 4.750 millones de euros. En el Ayuntamiento de València, por ejemplo, los remanentes del pasado ejercicio son de 57 millones de euros. Y lejos de desbloquearlos como piden los entes locales, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incluso ha planteado que el gobierno 'confisque' todos estos ahorros para crear un fondo común compensatorio, a repartirlo "sin asimetrías". Esto ha soliviantado a alcaldes, concejales y dirigentes autonómicos de todo signo.
"Hace tiempo que se está pidiendo que se desbloqueen esos fondos para los ayuntamientos y la respuesta es negativa, y ahora esto", lamentaban fuentes de la Generalitat Valenciana tras conocer aquella noticia. València, por su parte, ya hizo frente común a mediados de abril con otras seis grandes capitales de España como Madrid, Barcelona o Sevilla para exigir el uso libre y exclusivo de este superávit. Pero no es lo único que piden al ejecutivo.
Más allá de la propia gestión municipal, los ayuntamientos y administraciones autonómicas han notado esta crisis en otra de sus patas: el transporte público. El estado de alarma, la caída en picado de los usuarios y las restricciones en cuanto a distancia social marcadas por el Gobierno han provocado un auténtico agujero en las cuentas de las empresas gestoras. Sólo hay que ver la situación de la EMT de València.
La empresa municipal espera reducir sus ingresos hasta 27 millones de euros -de un total de 80-, en función de cómo se desenvuelva el contexto económico y social. Su reto, ahora, es pensar cómo reducir esta cifra para que el agravio sea el menor posible. ¿Qué soluciones hay? Una de ellas es mirar a quien financia mayoritariamente este servicio, el Ayuntamiento, que a su vez espera como agua de mayo la posibilidad de utilizar sus ahorros, como se ha explicado, para tapar el desajuste millonario.
Pero hay otras formas, aunque también tienen que ver con el Ejecutivo central. De hecho, las grandes ciudades españolas, entre las cuales está València, han solicitado financiación 'extra' al Estado para reducir estas pérdidas. Máxime en aquellos casos en los que no existe un contrato programa, como es el del 'Cap i Casal'. Y aún así, los gestores de la empresa municipal de València ya auguran recortes en las inversiones que no sean imprescindibles de este año. Con todo, lo difícil vendrá en las cuentas del próximo ejercicio.
En los últimos meses, la tensión del Gobierno de España con varias autonomías ha crecido por diversas concesiones realizadas por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez al País Vasco y Navarra para granjearse los votos del PNV. como la reciente ventaja de poder gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno. Es más, no son pocos los que vieron en el pase a la Fase 1 de Euskadi un agravio comparativo con otras regiones aseguraban encontrarse en condiciones similares.
En este caso, otra de las prerrogativas plasmada negro sobre blanco en el último acuerdo del Gobierno para asegurarse los votos de EH Bildu, se centró precisamente en la cuestión que reivindicaban este lunes los alcaldes valencianos.
Por otro lado, en la cita también se acordó abrir 12 mesas de diálogo para buscar salidas a la crisis económica y social que ha conllevado la pandemia actual, con la intención de presentar antes de finales de julio un acuerdo con propuestas para todos los valencianos.
Aunque no fue este el único punto de acuerdo de la reunión. Fuentes conocedoras de la misma señalaron que también existió sintonía respecto a la necesidad de que los poderes locales puedan recibir de forma directa las ayudas de la Unión Europea para superar la crisis sanitario, una circunstancia pendiente de reivindicar ante el Gobierno de España.
