Miembros del Consejo de Transparencia. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Ya es una realidad. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó este miércoles la modificación del decreto que dio vida al Consejo de Transparencia de la autonomía por la que se incrementan las dietas que reciben sus miembros por cada reunión a la que asisten. En concreto, la reforma sube un 50% las indemnizaciones del presidente y un 66% la que cobran los vocales de este organismo.
Actualmente, el Consejo de Transparencia está integrado por cinco miembros: Ricardo García Macho, a propuesta de Podem en la pasada legislatura, ocupa la presidencia; Carlos Flores, vocal a propuesta del PPCV, es Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia; Lorenzo Cotino también es vocal del órgano a propuesta de Ciudadanos; Sofía García Solís fue la candidata a vocal propuesta por Compromís en la legislatura pasada cuando Isabel Lifante abandonó el cargo; y Emilia Bolinches, a propuesta del PSPV, es la cuarta vocal del Consejo.
Con la modificación, Macho pasará a cobrar 600 euros por cada reunión, mientras el resto percibirán 500 euros. Antes de que esta modificación se validara, el presidente del Consejo de Transparencia recaudaba 400 euros, mientras que el resto de consejeros sumaban 300 euros cada uno. De manera habitual, los encuentros que este órgano celebra se limitan a uno al mes, ya que los miembros del Consejo no tienen dedicación exclusiva y compaginan esta labor con sus respectivas profesiones.
Conviene recordar que esta era una modificación pretendida por la consellera de Participación y Transparencia, Rosa Pérez, desde el pasado mes de junio, cuando su departamento sacó a información pública la propuesta de modificación del decreto. El texto justificaba la iniciativa en que desde la creación del Consejo de Transparencia en 2015 esas cantidades no se habían actualizado a pesar de que sí se había incrementado "considerablemente la carga de trabajo" de este organismo por el aumento del número de reclamaciones a resolver.
"El trabajo de los miembros no solo consiste en asistir a las reuniones del Consejo, sino que comporta también un trabajo de estudio y preparación de todos los asuntos que someten a deliberación en el pleno del Consejo teniendo en cuenta que no tienen dedicación exclusiva", añadía en la exposición de motivos.
La propuesta de modificación también proponía cambiar la normativa para habilitar "de manera general, a la persona titular del departamento del Consell competente en materia de Transparencia para que, en posteriores revisiones, pueda modificar las cuantías" de estas dietas. Es decir, para que sea Rosa Pérez como consellera de Participación y Transparencia quien pueda incrementar las indemnizaciones de los consejeros en próximas ocasiones. Ahora, Pérez hace valer su nueva competencia y aumenta las dietas de los consejeros de Transparencia.
De forma paralela, Les Corts Valencianes tramitan una ley que propone cambios significativos tanto en la composición del Consejo como en su régimen retributivo. Una proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios del Botànic y la consellera de Transparencia en su día -fuentes del tripartito sostienen que la norma fue elaborada desde el propio departamento a pesar de tratarse de una proposición de ley y no de un proyecto de ley, lo que permite no solo agilizar su tramitación, sino también sortear determinados controles como el del Consell Jurídic Consultiu- que propone que los consejeros tengan "consideración de altos cargos" con rango de directores generales y se reduzcan a un máximo de tres.
Es decir, Transparencia quiere profesionalizar este órgano y que sus componentes, que ahora compatibilizan el puesto con sus respectivas profesiones y reciben dietas por cada reunión a la que acuden -normalmente con periodicidad mensual-, perciban un salario de más de 58.000 euros brutos anuales. Un cambio que el PSPV cuestionó que hubiera de producirse y que, a día de hoy, sigue generando dudas porque consideran que el órgano podría perder nivel o calidad.
¿Los motivos? Con el cambio propuesto, los consejeros pasarían a estar bajo el régimen de incompatibilidades de los altos cargos del Consell y no podrían cobrar un sueldo universitario ni tampoco percibirían indemnizaciones por cada reunión porque ya tendrían dedicación exclusiva, por lo que a muchos de ellos no les compensaría económicamente el cambio. Por ello, el PSPV duda que con las incompatibilidades y las retribuciones que recibirían si tuvieran rango de directores generales, el Botànic II pudiera encontrar en un futuro aspirantes para formar parte del Consejo, ya que muchos preferirían mantenerse en sus profesiones para no perder poder adquisitivo. A esto se suma que la norma plantea que los consejeros deberán ser personas de reconocido prestigio con una experiencia de al menos 10 años.
