El presidente del Consell de Transparencia, Ricardo García Macho. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad y la de Medio Ambiente han presentado dos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra dos resoluciones del Consell de Transparencia, el ente que vela por la transparencia que dirige Ricardo García Macho, que obligaba a ambos departamentos del gobierno valenciano a ofrecer acceso a cierta información a dos denunciantes.
En el primer caso, un miembro de la junta de personal y delegado sindical de CSIF reclamó en mayo de 2023 a la Conselleria que dirige Marciano Gómez los listados actualizados de los trabajadores del Departamento Valencia-Hospital General ante el anuncio del inminente proceso de movilidad interna. En concreto, reclamaba el listado de puestos por centros y categorías, ocupación de puestos de trabajo ordenados alfabéticamente y la lista de todas las unidades funcionales que afectaran al departamento.
La Conselleria aceptó la solicitud, pero sin incluir todos los datos. Sí facilitaría los "centros de trabajo, la unidad funcional, el número de puesto incluyendo también los puestos no ocupados, la denominación del puesto, la categoría profesional, fecha de alta, situación administrativa, régimen jurídico y tipo de ocupación". Pero desestimó incluir el nombre, apellidos y DNI de las personas que ocupaban cada uno de los puestos en los listados amparándose en ley de protección de datos.
Antes de desestimarlo, eso sí, cuestionó al sindicato el por qué reclamaba tal documentación. Y, mediante escrito, CSIF respondió que la petición de documentación se fundamentaba en "la propuesta de la Dirección de realizar una movilidad interna del SAMU" y con el objeto de "realizar la función de vigilancia, control y transparencia de las condiciones de trabajo de todos los trabajadores". Pero tras "ponderar el interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparecerían en la información solicitada y dada la ambigua justificación de la finalidad en la petición", resolvió no dar esta información.
No obstante, el demandante no quedó conforme y reclamó ante el Consejo de Transparencia, que acabó dándole la razón. En su resolución en abril de 2024, el órgano presidido por García Macho estimó parcialmente la reclamación "reconociendo el derecho de acceso a los datos identificativos de las personas ocupantes de los puestos (nombre y apellidos)". También obligaba a facilitar el DNI, conforme a las recomendaciones de la Agencia Estatal de Protección de Datos, de manera que solo se reflejaran las posiciones 4, 5, 6 y 7, sustituyendo por asteriscos el resto de posiciones de números y letras.
La Conselleria estaba obligada a facilitar en el plazo de un mes esta documentación. Sin embargo, en lugar de hacerlo, interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el TSJCV.
En el caso de Medio Ambiente, se trata de una reclamación interpuesta por la empresa Olindias Centro de Actividades SL. La mercantil solicitó a la Conselleria en mayo de 2023 "la relación de pagos efectuados desde 2020 hasta la fecha actual por parte de los adjudicatarios de las concesiones de las casetas del Puerto de Benidorm". Una solicitud que fue rechazada por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad (actualmente Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio).
El departamento, dirigido entonces por Salomé Pradas, denegó la solicitud por los límites de acceso a la información pública al chocar con "el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, dado que el artículo 95 de la Ley General Tributaria "declara que los datos con trascendencia tributaria tienen carácter reservado y, por tanto, no accesibles a terceros".
Ante esta respuesta, la mercantil se dirigió al Consell de Transparencia con la esperanza de obtener la información solicitada. No en vano, la había reclamado como "entidad participante en la convocatoria para la ocupación y explotación de la Caseta n.º 7 del Puerto de Benidorm" y, además, "con una oferta muy por debajo de la que optaba la mercantil adjudicataria de la misma", según constaba en su denuncia.
El Consell de Transparencia, así, le dio la razón a la empresa al considerar que tiene un "derecho privilegiado de acceso" puesto que "ostenta la posición jurídica de interesado en el expediente, entendiendo que dicha posición jurídica favorece las posibilidades de acceso a la información". Por lo que instó a la Conselleria de Pradas a entregar la documentación el pasado mes de abril.
Sin embargo, como Marciano Gómez, el departamento también recurrió la resolución ante el TSJCV, por lo que ahora el Consell de Transparenci tiene dos pleitos en los juzgados contra dos consellerias. Y su dependencia orgánica de la Generalitat -en concreto, de la Dirección General de Transparencia que dirige José Tárrega- convierte la situación en un delirio, puesto que a la postre supone enfrentar a la Generalitat contra la Generalitat.
De hecho, el escenario ha obligado a Presidencia a licitar un contrato para que un abogado externo asuma la defensa del Consell de Transparencia, dado que Abogacía de la Generalitat no puede representar a ambas partes. La licitación del contrato, de 49.586 euros y publicada en la Plataforma de Contratación, especifica que en ambos casos la Abogacía de la Generalitat ostenta la representación jurídica -tanto de Sanidad y Medio Ambiente como del Consell de Transparencia-, por lo que precisa la contratación urgente de servicios jurídicos externos.
Compromís sitúa a un subsecretario de Vicent Marzà frente al órgano que fiscaliza las cuentas de la Generalitat; Margarita Soler seguiría de presidenta del Consell Jurídic Consultiu a propuesta del PSPV y Unides Podem postula a Héctor Clark para el Consell de Transparencia
