Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La judicialización de las concesiones sanitarias en la Comunitat Valenciana, liderado en gran medida por Ribera Salud, va en aumento. Ante el envío por parte de la Conselleria de Sanitat de la comunicación de no prórroga de la concesión del Hospital de La Ribera -que termina el 31 de marzo de 2018- la compañía liderada por Alberto de Rosa ya ha comunicado que recurrirá a los tribunales al ser una decisión política.
Y lo cierto es que, por la vía de los juzgados, han llegado disparos en todas las direcciones. Ya se acumulan ocho procedimientos judiciales al margen de todos los contencioso-administrativos, según consta en documentos de la Conselleria de Sanidad. Ribera Salud demandó a la Generalitat a través de las sociedades del Hospital de La Ribera, Torrevieja y Elche-Crevillent por motivos de reequilibrio económico.
Esto se debe a que, durante los últimos años, se han ido tomando decisiones que afectan a la facturación de la concesionaria pero no constan en los pliegos de condiciones con los que se accedieron al concurso. De hecho, uno de los argumentos manifestados por el departamento de Carmen Montón en la comunicación de la no prórroga de Alzira son las "deficiencias" del contrato.
La "no prórroga" también está en los tribunales tras la notificación enviada a Ribera Salud de que la administración no iba a aprobar la prórroga de cinco años establecida en el contrato suscrito en 2003. Este litigio se debe a que la no continuación en el servicio, para la compañía, no se encontraba bien justificaba, algo que la conselleria ha intentado enmendar con el documento enviado este martes.
El Simap, según explican desde la administración, llevó a los tribunales la compra de acciones del Hospital de Torrevieja por parte de Ribera Salud a Asisa. Se trataba del 35% de Torrevieja Salud. El debate de fondo de si debía o no la Generalitat autorizar la venta de las acciones de la empresa que gestiona el hospital de concesión público privada se volvió a reavivar cuando la compañía liderada por Alberto de Rosa intentó la compra a DKV de sus acciones en Marina Salud, gestora del Hospital de Dénia.
Otra de las denuncias, y que hasta ahora se desconocía, corresponden a la presunta facturación irregular con la empresa Gestitursa. Como publicó Valencia Plaza, y según explicaba el informe de la Intervención General, este caso ya se dio en el Hospital de Dénia, con mayoría de DKV. Se trataba del cobro de tasas sanitarias a terceros –población sin cobertura, por ejemplo, extranjeros con seguro privado–, algo que según la Intervención es potestad exclusiva de la Generalitat.
Marina Salud facturaba el acto médico a empresas intermediarias que posteriormente facturaban los servicios médicos al paciente atendido a un coste muy superior, en algunos casos, al derivado de la aplicación de la Ley de Tasas, que sería el que debería aplicar el concesionario. La compañía ya explicó que terminó sus relaciones con la empresa al darse cuenta de esta forma de actuar, pero la misma denuncia se ha realizado en Torrevieja.
Ribera Salud también tiene abiertos dos casos relativos al supuesto cobro de comisiones a través de B2B Salud. Por un lado la denuncia por posible malversación y por otro el requerimiento de información a Ribera Salud por este hecho, que fue paralizado por el juzgado y al que, de momento, Sanidad no puede acceder.
Sanidad ya ha enviado a Ribera Salud cómo serán las normas de reversión para La Ribera. Entre otras medidas, establece que cada decisión que tome la empresa en su último año como concesionaria del Hospital de Alzira deberá ser autorizada por la Conselleria de Sanidad.
Señala que esta "intervención" en la toma de decisiones se producirá a partir del próximo sábado, justo un año antes de la fecha en la que vence la concesión administrativa, el 1 de abril de 2018. Para ello se iniciará una primera fase de requerimiento de información a la entidad concesionaria, que se concreta en las solicitudes de información categorizadas por áreas de intervención, y que deberá ser facilitada a Sanidad antes del próximo 1 de mayo.
También señala que a fecha 31 de marzo de 2018 la entidad concesionaria del Departamento de la Ribera deberá haber adoptado todos sus sistemas informáticos a los aplicativos corporativos de la Conselleria de Sanidad y solicita a la concesionaria que antes del 1 de mayo de 2017 comunique los datos de crecimiento de los gastos de personal de los ejercicios 2003 a 2014, 2015-2016 y los que se prevé que se vayan a producir en el ejercicio de 2017. Y otra de las intenciones es regularizar las liquidaciones anuales.
Además, el documento que justifica la "no prórroga" de la concesión del Hospital de Alzira señala la necesidad de tramitar de "forma urgente", a pesar de que han pasado dos años desde la entrada al Gobierno, la modificación de la ley 10/2014 de Salud de la Comunitat Valenciana.
Según explican, se debe a la necesidad de disponer de un instrumento legal en el momento de la reversión. Ésta incluiría la apuesta por el sistema sanitario público que se incluye en el Plan de Salud 2016-2020 por lo que reforzaría la decisión tomada de no prorrogar las concesiones.
