Mónica Oltra. Foto: GVAEl debate sobre la gestión privada de servicios públicos está lleno de fuegos artificiales que impiden un análisis de lo que tenemos, a dónde queremos llegar y a dónde podemos llegar. El último disparo, la posible reversión a la gestión pública de la residencia DomusVi de Alcoy, por iniciativa de Mónica Oltra. En esta residencia de gestión privada han fallecido 73 ancianos por coronavirus, según datos de la Conselleria de Sanidad (Barceló sí contabiliza los muertos con síntomas de covid-19 sin test PCR, aunque luego Fernando Simón no los incluya en su cuenta oficial de fallecidos a los que honrar el próximo 16 de julio).
La gestión privada de los servicios públicos suele ser más eficiente que la pública. Es verdad que los trabajadores tienen peores condiciones, tienen condiciones de empresa privada, con un convenio y unos derechos laborales; no todos podemos ni debemos ser funcionarios. Como advertí en esta columna, la única justificación para la reversión del área de salud de La Ribera que pudo esgrimir en su día Carmen Montón era un eslogan —"la salud es un derecho, no un negocio"—, pura ideología no basada en análisis serios sobre el coste y la calidad de los servicios que pagamos entre todos. Pero como había ganado las elecciones y lo llevaba en su programa electoral, tenía todo el derecho a revertir la gestión del Hospital de la Ribera mientras, en un alarde de incongruencia, adjudicaba a empresas privadas los servicios públicos de hemodiálisis, ambulancias o la gestión informática de los historiales médicos en toda la Comunitat Valenciana. La salud de los enfermos de riñón sí era un negocio, además de un derecho.
El Consell incurría, además, en otra incongruencia, que era considerar que la salud no es un negocio pero la atención a las personas mayores sí. En un hospital público de gestión privada uno puede presentar una queja ante Sanidad si se considera mal atendido, pero en las residencias viven personas dependientes que ya no saben protestar. Cabe recordar que el mayor escándalo de los últimos años en una residencia de mayores ocurrió en la de Carlet, de gestión pública, igual que el mayor escándalo en una residencia de menores sucedió en la de Monteolivete, también de gestión pública, por más que Oltra tratara de tapar la infamia —menores tuteladas de entre 13 y 15 años prostituyéndose— con el cierre fulminante de un centro privado en Segorbe porque las monjas habían despedido, sin avisar a la Conselleria, a un trabajador por supuestamente insinuarse a una interna de 17 años sin llegar a tocarla. Fuegos artificiales que también taparon unos hechos producidos en esas fechas pero conocidos tiempo después: la denuncia contra el exmarido de Oltra por abuso sexual en otra residencia de menores.
La decisión de la vicepresidenta respecto a la residencia DomusVi la desveló este periódico el pasado jueves, al día siguiente de hacerse pública la adjudicación por parte de su Conselleria, por 9,8 millones de euros, de la gestión integral de la Residencia y Centro de Día para personas mayores dependientes de Tuéjar a la empresa Gesmed, una de las grandes operadoras del sector en la Comunitat Valenciana gracias al buen hacer del exlíder del PSPV Joan Ignasi Pla y de Emèrit Bono (hijo).
¿Queremos gestión pública o privada de las residencias? ¿Tan mala ha sido la gestión en el centro de Alcoy que pasó sin problemas una inspección de la Conselleria de Igualdad en noviembre de 2019? ¿Se ha evaluado la actuación del resto de centros de gestión privada? ¿Se va a revertir alguno más? ¿Hay presupuesto para ello?
El anuncio de reversión mientras continúan adjudicando centros a otras empresas suena a postureo para ganarse el aplauso de los suyos en un momento en el que toca evaluar la gestión de la crisis en las residencias por parte de la Generalitat valenciana. Lo interesante del proceso, acabe como acabe, es que quiebra la opacidad del Consell que hemos sufrido durante meses en torno a los centros de mayores.
Por ejemplo, hemos conocido un informe del gerente del Departamento de Salud de Alcoy, firmado el 25 de mayo, donde hace un relato de todo lo ocurrido en el centro DomusVi, intervenido por la Conselleria de Sanidad desde el 18 de marzo, cuando ya había siete fallecidos, dos en el hospital y cinco en la propia residencia. Llama la atención que en solo dos meses fallecieran 73 personas pero solo tres lo hicieran en el hospital Virgen de los Lirios. El resto murió en la residencia medicalizada —hospitalización domiciliaria—, que no disponía de respiradores ni, por supuesto, de UCI.
El firmante del informe incluye, al respecto, el siguiente párrafo exculpatorio ante las críticas de la patronal Aerte porque no se estaban derivando residentes a los hospitales: "No hubo protocolo alguno de derivación, ni consignas previas de ningún tipo. Los criterios para los tratamientos, hospitalización en domicilio u hospitalario propiamente dicho han sido de carácter clínico, basado en la experiencia de los profesionales, decidido por el equipo médico responsable del centro, atendiendo a la severidad del distrés respiratorio, a la posibilidad de recuperación, tolerancia a la ventilación invasiva, estado cognitivo, respeto profundo a la persona mayor y venerable, evitando encarnizamientos terapéuticos, y sobre todo apoyando y protegiendo al anciano desde el humanismo científico en manos de profesionales que tienen toda su experiencia curtida en este su quehacer cotidiano".
Los criterios clínicos llevaron a que miles de ancianos en toda España fallecieran en las residencias cuando en los hospitales no había sitio para ellos. Estaría bien conocer las cifras, centro por centro, de total de enfermos, cuántos fueron derivados al hospital y cuántos murieron o sobrevivieron en la residencia y en el hospital. Pero eso no lo contarán porque las comparaciones son odiosas.
También estaría bien conocer qué "opiniones y actuaciones contrarias a su parecer como responsable médico" causaron que la doctora contratada como refuerzo por la empresa DomusVi fuera despedida, a los 15 días, por el responsable médico del centro. Y el motivo por el que la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria impidió a un ciudadano llevarse a casa a su madre, el 11 de abril, a pesar de la aprobación de la dirección al comprobar que la residente había dado negativo en el test de covid-19 y no tenía ningún síntoma de la enfermedad.
Si las reversiones aportan transparencia, bienvenidas sean. Pero la transparencia debe ir por delante y debe servir para tomar decisiones, porque las reversiones cuestan dinero. Por ejemplo, informes de evaluación de la gestión privada —ojo, porque desde el 18 de marzo la responsabilidad de lo ocurrido es compartida con la Conselleria de Sanidad—, informes sobre la supervisión pública de esa gestión privada, informes sobre el coste de la gestión pública en relación con la privada e informes sobre cuánto nos va a costar cada reversión, porque del Hospital de Alzira ni se hizo informe —que sepamos— ni conocemos a fecha de hoy cuánto nos ha costado la broma.
