Puig tendrá 8 minutos para exponer sus posiciones en la Conferencia de Presidentes

VALENCIA. Ocho minutos. Ese es el tiempo que tendrá Ximo Puig en la Conferencia de Presidentes del próximo 17 de enero para exponer a sus homólogos del resto de comunidades autónomas y al Gobierno la posición de la Comunitat Valenciana sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Ese es el tiempo que tendrá cada presidente autonómico después de los 12 minutos que durará el discurso de Mariano Rajoy, según acordaron Gobierno y los representantes autonómicos –excepto los de Cataluña y País Vasco, que han anunciado que no acudirán a la Conferencia– el pasado miércoles en la segunda reunión preparatoria del evento. La reunión estuvo presidida por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría y a ella asistió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. 

En esta primera intervención, cada presidente hablará de lo que estime oportuno. En el caso valenciano, es seguro que buena parte del discurso, si no todo, estará dedicado al gran problema de financiación que sufre la Generalitat. Puig acude, en esta cuestión, con el respaldo de todas las fuerzas políticas de Les Corts, con las que celebró encuentros individuales este jueves. Su reto es, en ocho minutos, condensar el mensaje para que llegue con claridad a sus homólogos y, sobre todo, al Gobierno. 

Además de los ocho minutos iniciales, los presidentes autonómicos tendrán ocasión de fijar su postura en la decena de cuestiones que se abordarán. De ellas, ya se ha llegado a un acuerdo en la mitad. 

El punto más difícil

El del cambio de modelo de financiación autonómica parece ser la cuestión más compleja de las que se tratarán en la Conferencia de Presidentes. Entre las peticiones que realizaron los representantes de las comunidades en la reunión del miércoles destacan dos. En primer lugar, que sea un nuevo modelo que parta de nuevas bases, y no la reforma del existente, pendiente de renovación desde el año 2014. Que no se parta del statu quo es una de las bases del modelo que propone la Comunitat Valenciana.

La otra cuestión solicitada mayoritariamente es introducir la dependencia en el nuevo sistema de financiación autonómica porque muchas autonomías se quejan de que asumen más coste del 50% que les corresponde pagar (el otro 50% es del Estado).

Al respecto, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, admitió que este asunto se debata y defendió que también se tengan en cuenta otros capítulos que cofinancia el Estado, como políticas de discapacidad o de vivienda. También subrayó que es el momento del debate sobre la cesta de tributos cedidos a las comunidades, cómo han aplicado sus competencias para modificarlos, qué ingresos y gastos tienen.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública remitirá en los próximos días una propuesta de qué documento llevar a la Conferencia sobre financiación autonómica. La propuesta incluirá la creación en un mes de un comité de expertos que presente una propuesta. Una propuesta que fuentes de Hacienda creen que podría estar lista antes de verano. Esas conclusiones serán llevadas al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su aprobación y envío después al Congreso, donde se tiene que traducir en una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades (LOFCA).

Tarjeta social

Los acuerdos son la convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para que las comunidades hagan sus aportaciones al pacto educativo nacional que se está preparando; la creación de una tarjeta social que recoja las ayudas que recibe cada ciudadano de todas las administraciones, con el fin de evitar errores o fraudes; el compromiso de que las autonomías participen en los asuntos de la Unión Europea –este punto fue impulsado por la Generalitat valenciana–; la creación de una comisión de protección civil en la que todas las administraciones se coordinen y aporten medios para afrontar emergencias, y, en quito lugar, el compromiso de que los acuerdos de la Conferencia de Presidentes sean supervisados y tengan fecha de cumplimiento.

Entre los asuntos que quedaron por cerrar el miércoles están una estrategia sobre el "reto demográfico", que incluye problemas como la dispersión, el envejecimiento o los refuerzos de servicios en zonas turísticas; la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado, que impulsó el anterior Gobierno para eliminar barreras administrativas entre CCAA; un acuerdo sobre el suministro eléctrico y el bono social; y la movilidad interadminsitrativa de los funcionarios y la tasa de reposición (la cobertura de las plazas públicas que quedan vacantes, que ha estado bloqueada salvo para servicios esenciales). 

En este último punto, la tasa de reposición, se ha añadido a los servicios esenciales los de emergencias y protección civi, y la Generalitat valenciana va a solicitar que además se añada la del personal dedicado a la seguridad en el transporte.

Pacto por el empleo

En la reunión del miércoles se aprobó añadir un último punto del orden del día, relativo a un pacto por el empleo que incluya un cambio del modelo productivo español.

El Gobierno no aceptó, sin embargo, la propuesta de Navarra de una revisión del derecho al asilo y protección del refugiado, idea apoyada por numerosas comunidades, entre ellas la valenciana.