Imagen del hospital de campaña de València, junto a La Fe. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El jefe del Consell, Ximo Puig, ha admitido este lunes el conflicto del Ejecutivo autonómico con la empresa encargada de la construcción de los tres hospitales de campaña en la Comunitat Valenciana. "Si hay un problema es porque la Generalitat defiende el interés general y no quiere pagar más de lo que corresponde. Son las lógicas de discusión cuando uno defiende el interés general y las empresas defienden legítimamente sus intereses", ha afirmado.
Unas declaraciones que ha realizado al ser preguntado por si le preocupa la investigación iniciada por la Agencia Antifraude sobre las contrataciones para la construcción de las infraestructuras, avanzada este domingo por Valencia Plaza. Tras asegurar que no le preocupa el expediente abierto al respecto, ha defendido que la Administración ha actuado de manera correcta.
"La situación derivada de la pandemia ha hecho tomar decisiones rápidas que han sido útiles para los ciudadanos. Los hospitales de campaña están siendo un buen instrumento para apoyar a los centros de referencia en lo que necesitan o puedan necesitar en un futuro. La Generalitat ha seguido los cauces correspondientes y legales para, en momentos de extraordinaria tensión, poder dar respuesta", ha señalado.
Puig ha añadido que se dará "toda la información" como se ha hecho "desde el primer momento" a Antifraude. "Cualquier explicación que se pida, que es lo que se ha pedido porque ha habido una denuncia interesada o no interesada, no lo sé, me parece correcto".
La investigación de la Agencia ha sido, sin embargo, de oficio, como publicó este periódico. Las indagaciones van dirigidas a averiguar que se cumplieron todas las garantías en los pliegos de condiciones a la hora de contratar de manera directa con una sola empresa la construcción de unas infraestructuras que han supuesto un montante considerable de dinero público. A lo que se ha ido añadiendo, en sucesivos meses, un cúmulo de dificultades en lo relativo a la ejecución que han supuesto sobrecostes.
El Gobierno autonómico ha recurrido al uso del procedimiento de emergencia para los contratos relacionados con el coronavirus. Es decir, para que la adjudicación fuera sin concurso. En el caso de los hospitales de campaña caso se dio a la empresa Idat (formada por Hispano Vema y Bellcomm), constituida formalmente en febrero y a la que adelantó 2,4 millones de euros de los 8,6 del coste total de entonces (entre instalación, camas, material sanitario y equipamiento).
De entonces porque, como informó Valencia Plaza, la adjudicataria reclamó 2,45 millones más a la Generalitat al entender que se habían encargado una serie de actuaciones adicionales que no se contemplaban en el contrato, como por ejemplo la inclusión de más módulos para ampliar la distancia entre las camas. Tras un informe encargado a Tragsa por el Gobierno valenciano, se concluyó que sí existía un sobrecoste de 1,4 millones, poniendo sobre la mesa este acuerdo a Idat. Si fuera esa la cantidad final, sólo el levantamiento de las instalaciones costaría ya unos 6,2 millones.
Actualmente existe un conflicto entre la Administración y la adjudicataria porque la segunda entendía que algunos encargos no estaban en el contrato suscrito por ese procedimiento de emergencia.
