La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, junto a la de Sanidad, Ana Barceló. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Generalitat Valenciana había previsto retirar los hospitales de campaña montados al inicio de la pandemia de coronavirus a finales del mes de enero que ya ha acabado. Finalmente, y como es evidente, no ha sido así: las instalaciones permanecen en pie en Castellón, València y Alicante. La administración autonómica ha decidido retrasar un poco más el desmontaje de las carpas a la espera de que los datos epidemiológicos mejoren.
Así lo confirman varias fuentes de la Generalitat, según las cuales la sexta ola -marcada por la contagiosa variante ómicron- ha empujado a la Conselleria de Sanidad, dirigida por Ana Barceló, a aguantar un poco más la orden de retirada de las instalaciones temporales. Proceso que depende del departamento de Emergencias de la Conselleria de Justicia, responsabilidad del secretario autonómico José María Ángel.
De hecho, el encargo a la empresa pública estatal Tragsa para llevar a cabo las tareas de desmontaje ya está hecho desde otoño del año pasado, cuando se preveían ejecutar estos trabajos a finales de diciembre. El aumento de los contagios -no tan acusado en hospitalizaciones- motivó la espera, que ahora se prorroga durante alguna semana más. Si bien algunas fuentes señalaron que finales de febrero sería un momento propicio, con el permiso de los contagios, tampoco se descarta evitar tanta demora.
Tragsa ha sido la encargada de elaborar un proyecto de desmontaje y posible reconfiguración por si es necesario volver a emplear las instalaciones en un futuro por el 112, bien para atención sanitaria por la pandemia o bien para hacer frente a otro tipo de catástrofes. Y cuando llegue el momento, también deberá, además de llevar a cabo el desmantelamiento efectivo, realizar la limpieza y desinfección de las carpas y los elementos interiores.
El último paso será proceder al almacenamiento de todo el material empleado para la construcción de estas edificaciones temporales. Labor que se realizará en sendos almacenes propiedad de la Generalitat Valenciana en cada provincia. En el caso del hospital de campaña de la ciudad de València, ubicado actualmente en las proximidades del hospital La Fe, la administración autonómica ha decidido guardar la carpa en una nave ubicada en Quart de Poblet, como publicó este diario.
El caso del hospital de campaña de València es especial. Aquí, la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València, liderada por Sandra Gómez, abrió una inspección para aclarar si hubo irregularidad alguna en su construcción 17 meses después de ponerse en marcha sin licencia. En septiembre, las pesquisas municipales confirmaron la falta de los permisos obligatorios que incluso recogía el proyecto de construcción, visado por el Colegio de Arquitectos en junio de 2020, pero que no se llegó a presentar al Ayuntamiento.
Así, el Ayuntamiento requirió a finales de octubre a Sanidad regularizar las obras ejecutadas en dos meses bajo la amenaza de adoptar el consistorio "las medidas de restauración de la legalidad" necesarias, e incluso, "en su caso, la demolición de las edificaciones realizadas ilegalmente" si no atendía su instrucción. Una comunicación sin mucho efecto, porque cuando ya finalizaba el plazo, Sanidad contestó con una carta que rechazaba hacer caso a Urbanismo al considerar que, como los hospitales de campaña eran temporales, estaban eximidos de cumplir con la legislación en materia de licencias.
Así pues, como adelantó hace días Valencia Plaza, las excusas no han convencido a Urbanismo, que el pasado 25 de enero se ratificó en su postura y ha propuesto al alcalde dar a Sanidad dos meses para demoler las obras realizadas sin permiso. En ese sentido, la concejalía de Gómez advierte a la Conselleria de que si incumple la orden "podrán ponérsele medidas coercitivas" como multas de hasta 3.000 euros por cada mes o incluso que el Ayuntamiento sea que el que desmonte subsidiariamente las instalaciones cargando los costes a la Generalitat.
El PP, que desveló este lunes la notificación, aseguró que el informe ratifica el "despropósito de los hospitales de campaña del Botànic". La portavoz del PP en el Ayuntamiento y en Les Corts, María José Catalá, consideró que el jefe del Consell, Ximo Puig, "debería dar explicaciones a todos los valencianos por el dineral que va a costar pagar la chapuza del hospital de campaña instalado en la nueva Fe".
"Se han gastado millones de euros en unas carpas que salieron volando el primer día, que se abrieron sin licencia y sin bocas de incendio, y que no han servido para prácticamente nada. Ahora la Generalitat se enfrenta a una posible multa", agregó Català, para añadir que la consellera de Sanidad debería pagar la multa "de su propio bolsillo".
Los hospitales de campaña han sido foco de algunas polémicas. Inicialmente, el coste de sendas instalaciones de Valencia, Alicante y Castellón era de ocho millones incluyendo el equipamiento, si bien posteriormente distintas necesidades de acondicionamiento han elevado el coste a más de 16 millones de euros según cifró en su día la propia empresa adjudicataria, Ingeniería Desarrollos de Alta Tecnología (IDAT), filial de Hispano Vema.
Lo cierto, más allá del coste, es que la utilización de esta infraestructura temporal ha sido secundaria en cuanto a ingreso de enfermos por covid. Entre los tres hospitales de la Comunitat, han albergado poco más de 250 pacientes en total. El Gobierno valenciano, de hecho, siempre se ha vanagloriado de que no haya sido necesario utilizar estos espacios de forma generalizada, pues demuestra que la Comunitat no ha tenido una presión hospitalaria extrema que obligara a trasladar a muchos pacientes a estas instalaciones.
Ahora bien, también es cierto que el hospital de campaña ubicado en las inmediaciones de La Fe hizo muestra de cierta fragilidad cuando un temporal afectó a la capital del Túria en enero de este año. Entonces, la Conselleria de Sanidad se vio obligada a trasladar a los pocos pacientes que había en este enclave -una veintena- debido a que las intensas rachas de viento habían provocado grandes molestias en los hospitales. Previamente, el PP hizo públicos dos informes de prevención de riesgos, según los cuales no se reunían las condiciones adecuadas en materia de cuadros eléctricos o climatización por el frío.
