VALÈNCIA. "No nos temblará la mano al adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación del virus", manifestó el pasado sábado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en un mensaje institucional pronunciado ante el "giro preocupante" que viene produciéndose en la Comunitat Valenciana fruto de los numerosos brotes. Unos brotes que, en muchos casos, ocurren en el marco de las reuniones de familiares o amigos y del ocio nocturno.
Ahora bien, el jefe del Consell y líder del PSPV-PSOE no parece estar acompañando esas palabras con acciones que las sustenten. El mismo día que enviaba este mensaje, se conocía el positivo de 12 trabajadores de la discoteca Mya y Umbracle y, 24 horas después, se hacía público que también había un empleado contagiado de Akuarela. Una situación que, unida al brote de cinco positivos registrados en la discoteca La Piedra de Mislata este lunes, pone en una difícil situación al departamento de Sanidad, que debe centrar sus esfuerzos en el rastreo -se calcula que en total podrían haber asistido más de 6.000 personas en el periodo de 'peligro' a los tres primeros locales- y en la realización de test PCR a los posibles afectados para contener al máximo la expansión del coronavirus.
A todo ello hay que añadir las malas noticias procedentes del Reino Unido, que anunciaba este domingo la recomendación de no viajar a España y establecía una cuarentena de 14 días a todas las personas procedentes de este país. Un golpe muy duro para el turismo y que el presidente de la Generalitat trataba de solucionar pidiendo, sin mucho éxito por el momento, un corredor especial para la Comunitat Valenciana.
Llegados a este punto, la posición de Puig se está complicando en los últimos días. Sus socios de gobierno, Compromís y Podem, guardan silencio público y solidario a duras penas, si bien fuentes de ambas formaciones tanto en el ámbito orgánico como en el institucional, reconocen que esperan una decisión del presidente de la Generalitat respecto al cierre de pubs y discotecas. La propia secretaria autonómica de Sanidad y dirigente destacada de Compromís, Isaura Navarro, manifestó días atrás en una entrevista en Valencia Plaza que la medida de la clausura estaba "encima de la mesa en toda España", pese a que casi al mismo tiempo Puig insistía en que no se contemplaba el cierre. Una posición que este domingo se mantenía aunque avisando de que los esfuerzos debían concentrarse en "atacar los incumplimientos" y apuntalaba ayer rechazando "estigmatizar" a ningún sector.
Ahora bien, en otras autonomías como Cataluña y Murcia, ya han dado el paso, mientras en Andalucía o Euskadi lo están contemplando o tomando algunas medidas adicionales de prevención. Los números de la Comunitat apuntan a replantearse la continuidad del ocio como está concebido. Al margen de lo ocurrido en València capital durante el fin de semana, algunos de los brotes más importantes como el de Gandia -con más de 114 positivos, lo que obligó a clausurar el ocio de la ciudad-, o Peñíscola, con 59 contagios, se gestaron -o al menos se propagaron- en discotecas y pubs.
En esta línea, uno de los pocos que no se ha mordido es el alcalde de València, Joan Ribó. "Hemos hablado de manera informal, porque pensamos que esto no se debe hacer formalmente, con la Generalitat para que se plantee seriamente el tema de que hay que hacer algo con el ocio nocturno", afirmó el pasado viernes 24 de julio, algo en lo que insistió ayer: "Yo ya he hecho esta sugerencia a la Generalitat", zanjó.
Sobre este mismo punto fue preguntado el presidente de la CEV, Salvador Navarro, en una entrevista este lunes en Plaza Radio. "Si se tienen que cerrar discotecas, que se cierren ya", comentaba el responsable patronal, para matizar posteriormente que su afirmación se refería a los locales que incumplieran la normativa.
Más allá de esto, es obvio que el debate está abierto y, poco a poco, crecen los adeptos -ya no solo en Sanidad y en otras consellerias, sino también en Presidencia- que contemplan el cierre del ocio nocturno para proteger a la población y, en el aspecto económico, evitar un crecimiento desaforado de los contagios que obligue a medidas que perjudiquen a otros negocios como bares y restaurantes. Todo ello sin contar con el gasto y esfuerzo titánico que supone para la sanidad pública la tarea de rastreo cada vez que estalla un brote en discotecas o pubs, donde el peligro de perder la trazabilidad es mucho mayor.
De la misma manera, se recuerda por parte de los socios del Consell, la resistencia de Puig para implantar la obligatoriedad de las mascarillas, dado que dilató la decisión hasta el pasado 18 de julio, cuando casi todas las comunidades autónomas ya había tomado la decisión y en el Botánic la opinión a favor de imponer esta medida era mayoritaria.
