Ximo Puig y Nadia Calviño. Fotos: EVA MÁÑEZ y EP/Marta Fernández. VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, cifra en 20.693,2 millones de euros la parte de la deuda de la Comunitat Valenciana que el Estado debería asumir como propia por haberse generado debido a la falta de financiación suficiente para atender pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Así se lo ha reclamado en una carta enviada el pasado 23 de enero a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, como el propio Puig desveló este jueves en Les Corts. El mismo día, Puig envió otra misiva a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le exige que acelere la reforma del modelo de financiación autonómica para terminarla este año.
El último dato de deuda pública de la Comunitat Valenciana, correspondiente al tercer trimestre de 2018, asciende a 46.018 millones de euros con el Estado español como principal acreedor con más de tres cuartas partes. Así, lo que plantea Puig es la quita o condonación del 45% del total.
Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de la Generalitat, la carta enviada a Calviño repasa la historia de la infrafinanciación de las comunidades autónomas y sus consecuencias en los diez años de vigencia del actual modelo de financiación autonómica, que son tres: ajuste en el gasto sanitario, educativo y de bienestar social; recorte aún mayor en el resto de gasto, que sitúa en el 38%, y aumento generalizado del endeudamiento hasta haberse multiplicado por 2,9 la ratio deuda/PIB.
Tras explicar que el problema afecta a unas comunidades más que a otras, y de manera especial a la valenciana, Puig plantea a la ministra una propuesta de quita o compensación de deuda "similar a como se ha hecho en otros países europeos", según las mismas fuentes. Esto es, que el Estado consolide como propio el stock de deuda de las comunidades generado por la infrafinanciación, que en ningún caso incluiría la deuda derivada de la mala gestión y mucho menos de la corrupción.
El montante de esta quita o compensación debe establecerse, según el presidente valenciano, a partir de dos componentes. El primero sería un porcentaje idéntico para todas las CCAA por la insuficiencia de recursos recibidos para financiar los servicios básicos en el período 2009-2016.
El segundo, cubriría la falta de financiación padecida por aquellas comunidades que desde el año 2002 -cuando entro en vigor el modelo de financiación conocido como modelo Zaplana- vienen recibiendo fondos por debajo de la media por habitante de las CCAA y que a su vez tienen un gasto por debajo de la media. Esta segunda parte suma 31.500 millones de euros y se concentra en la Comunitat Valenciana, Murcia, Baleares, Andalucía, Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha.
En el caso valenciano, Puig cuantifica esta deuda condonable, bajo el primer y segundo criterio, en 15.239 millones de euros. Pero además, añade que podrían compensarse también las insuficiencias de financiación históricas producidas hasta finales de los años noventa, que el director de Fedea y exasesor del Ministerio de Hacienda, Ángel de la Fuente, cifró en 5.454,2 millones. En total, 20.693,2 millones.
Con ello, según Puig, se conseguiría, sin modificar la ratio deuda/PIB del Reino de España, que las CCAA más endeudadas pudieran volver a los mercados financieros al reducir el stock deuda/ingresos por debajo del 270%.
Puig advierte en su carta de que esta quita o condonación debe ir acompañada de la necesaria reforma del modelo de financiación, ya que si la reforma continúa retrasándose o se cierra en falso, se generaría un nuevo stock de deuda derivado de las insuficiencias.
Según apuntan desde la Generalitat, en la justificación de la necesidad de la condonación, Puig no ahorra críticas al Gobierno de Rajoy -sin citarlo-, no solo por el retraso en la reforma del modelo, que supera ya los cinco años y que el Gobierno de Sánchez tampoco quiere abordar, sino por las medidas adoptadas durante la crisis, que perjudicaron aún más a las comunidades autónomas.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
