Puig exige la retroactividad de la financiación desde 2014 y una revisión del perjuicio valenciano

MADRID. El jefe del Consell, Ximo Puig, ha concluido su intervención de cerca de diez minutos en la Conferencia de Presidentes autonómicos que se está celebrando en Madrid y que tiene en la reforma del sistema de financiación uno de los ejes centrales del encuentro. En su discurso, según han señalado fuentes de Presidencia, Puig ha reivindicado que se aplique la retroactividad en el nuevo modelo de financiación que se apruebe y, de esta manera, se tenga en cuenta que el sistema está caducado desde 2014. 

Es decir, que la Comunitat Valenciana ingrese, cuando se establezca el nuevo modelo, lo que debería haberle correspondido si se hubiera puesto en marcha el sistema en tiempo y forma. Además, el jefe del Consell ha propuesto que la comisión de expertos que debe crearse antes de un mes para estudiar el futuro modelo, también revise y evalúe la "situación de infranfinanciación" que ha vivido la Comunitat Valenciana en los últimos años y que el informe de la Sindicatura de Comptes cifra en unos 16.000 millones de euros.

Así, según las citadas fuentes, la intervención del presidente ha mantenido un tono "constructivo" y se ha alejado de lo que, a su juicio, suele ser este foro donde los responsables autonómicos plantean sus reclamaciones ante un gobierno "impasible". En este sentido, Puig ha defendido la intención de "reconstruir el Estado autonómico" y dejar de lado la "soberbia centralista", explicaron fuentes de su entorno.

Además, el jefe del Consell ha hecho hincapié en la necesidad de "concreción" en los plazos para la reforma del modelo. Un primer paso es la citada creación de una comisión de expertos -anunciada hace más de un año- formada por representantes elegidos por el Gobierno y por las autonomías en el plazo de un mes. Puig ha considerado también que antes de que concluya el 2017 debe estar concluido el trabajo y aprobado el nuevo modelo, concretamente con el 30 de septiembre como tope. 

En esta línea, ha insistido en que este grupo de expertos no solo se limite a diseñar el sistema, sino que también revise y evalúe la infrafinanciación que han sufrido territorios como el valenciano, una medida de cara a plantear fórmulas en el futuro para compensar de alguna manera esta situación.

De la misma manera, el presidente de la Generalitat ha recordado que el pacto sobre la dependencia no se está cumpliendo, dado que el Estado debería financiar el 50% de los costes y, actualmente, en el caso de la Comunitat, la aportación en este sentido no supera el 18%.

Sí al criterio de despoblación, pero también a la población flotante

Por otro lado, una de las cuestiones que Puig ha mencionado es la referente a la despoblación. Un factor que, según fuentes de Presidencia, es "lógico" tener en cuenta pero sin olvidar que también debe valorarse qué comunidades autónomas son "receptores de inmigrantes" y cuáles poseen una tasa más importante de "población flotante" como es el caso de la Comunitat Valenciana, con una importante fluctuación por el turismo.

Gran acuerdo por las infraestructuras

Puig también ha puesto el acento en la necesidad de hacer una evaluación completa a través de estudios técnicos de cara a "priorizar" infraestructuras como el Corredor Mediterráneo. En este sentido, ha solicitado establecer mecanismos para "objetivar" las grandes inversiones para lo que ha pedido un acuerdo global.

Por otro lado, el jefe del Consell ha sido el único que ha propuesto un pacto de Estado contra la violencia machista, también por la acogida de refugiados, así como un acuerdo por la transparencia para aprovechar que los gobiernos autonómicos están poniendo en marcha cada vez más mecanismos en esta materia, además de plantear la flexibilidad de la tasa de reposición en la Administración Pública.

En último lugar, las fuentes consultadas han señalado que Puig ha insistido en acabar con los "tópicos" sobre la Comunitat. "Ha puesto encima de la mesa el problema valenciano pero desde un punto de vista constructivo, sin victimismos, porque una solución buena para nosotros lo es también para España", explicaron desde Presidencia.