VALÈNCIA. (EP). El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado este miércoles que "hay evidencias más que acumuladas de que ha habido financiación ilegal del PP y que se han ganado las elecciones en momentos determinados haciendo trampas", por lo que ha pedido, más allá del proceso judicial, "que alguna vez haya asunción de responsabilidades políticas, porque el actual PPCV es el viejo PPCV".
Así se ha pronunciado el jefe del Consell en una rueda de prensa al ser preguntado por la confesión de Francisco Correa, el considerado presunto cabecilla de la trama Gürtel, quien ha reconocido que el PP liderado por Camps pagó en negro los actos de las campañas de las elecciones municipales de 2007 y de las generales de 2008 a Orange Market.
Al respecto, Puig ha indicado que siempre defiende la presunción de inocencia pero "es evidente que hay más que pruebas acumuladas de que hubo una financiación ilegal" y "finalmente será la justicia quien lo determinará".
En todo caso, ha asegurado que le parece "lamentable" y que le gustaría "pasar página a esta cuestión", aunque eso requiere por una parte "una contestación de carácter jurídico, que está ya encauzada", y la asunción de responsabilidades políticas por otra.
"El actual PPCV es el viejo PPCV, son los mismos con algunos actores en el banquillo, pero el resto, lo que es el background político, la formación aún no ha tomado ninguna decisión relevante en cuanto a la asunción de responsabilidades políticas", ha lamentado.
Puig ha recalcado que "han hecho mucho daño a la reputación de la Comunitat Valenciana" y le preocupa que ante ese daño "no se tenga la valentía y el coraje de asumir la responsabilidad política correspondiente".
Preguntado sobre si esas responsabilidades incluirían que el expresidente Francisco Camps abandone el Consell Jurídic Consultiu (CJC), ha indicado que no le corresponde evaluar esta cuestión y se ha limitado a señalar que "cada uno tiene que tomar sus decisiones con convicciones y con coraje, aunque a veces sean duras".
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal