VALÈNCIA. El próximo presupuesto de À Punt es toda una incógnita. La Consellería de Hacienda que dirige Vicent Soler tiene el mandato de no incrementar las cuentas de la nueva radiotelevisión valenciana en 2019. Una directriz que dejaría, a priori, a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació con los mismos fondos que ya recibió el año pasado: 55 millones de euros. Una cifra que a la directora general del ente, Empar Marco, le parece "muy justa" y que obliga a que el capítulo de personal del próximo año no supere los 18,3 millones de euros. Casi cinco menos que este año.
Este límite presupuestario fijado en la ley de la CVMC e introducido a través de la norma del Consejo del Audiovisual, impide a la Corporació que el capítulo de personal supere un tercio del total de sus cuentas. Una cláusula que PSPV y Compromís estudian estos días cómo sortear a través de la ley de Acompañamiento del próximo año para evitar que el pulso À Punt-Consell termine de la peor manera posible: los primeros despidos en el órgano que preside Enrique Soriano apenas unos meses después de haber iniciado las emisiones. Socialistas y valencianistas meditan presentar una moratoria a esta restricción presupuestaria para que no sea aplicable hasta que el presupuesto de la CVMC pueda incrementarse. Solución transitoria que, no obstante, ya se ha topado con el primer inconveniente: a Podemos no le gusta, y sin ellos no se puede validar.
"Habrá que ver en el transcurso de las negociaciones de la ley de Acompañamiento el detalle de esa enmienda, pero a priori no nos gusta ni creemos que una moratoria para que esa limitación presupuestaria no se aplique sea una solución", trasladan desde el grupo parlamentario a Valencia Plaza. Una negativa que complica aún más el escenario que se ha creado los últimos días.
Hallar una solución diferente a la que plantean los partidos que integran el Botànic, no obstante, no es tarea sencilla. Por una parte, el Ejecutivo valenciano no quiere aumentar hasta los 69 millones el presupuesto de À Punt; y al otro lado del cuadrilátero, Empar Marco no quiere reducir el capítulo de personal de 23 a 18,3 millones de euros para corregir ese exceso del límite legal establecido, pues supone más de un tercio de 55 millones de euros. En este contexto, si ninguna de las partes cambia de posicionamiento tan solo queda una salida amistosa para no llegar a reducir la plantilla: suprimir ese límite presupuestario, modificarlo, o dejarlo sin aplicación temporalmente como plantean los grupos parlamentarios que lideran Manolo Mata y Fran Ferri.
Sin embargo, las formaciones que ambos representan no suman una mayoría suficiente en la cámara valenciana para que, llegado el momento, esta enmienda a la ley de Acompañamiento saliera adelante. PSPV y Compromís tienen 42 diputados, por lo que necesitan el apoyo de Ciudadanos (9) o Podemos (12). Pero de momento ninguno está por la labor de modificar una ley que ya fue reformada hace cinco meses. Ni naranjas ni morados quieren introducir una moratoria y mucho menos suprimir esta cláusula.
Ahora bien, la solución que proponen socialistas y valencianistas también tiene inconvenientes, ya que el Consell debe aprobar el anteproyecto de ley de Presupuestos a finales de octubre y remitirlo a Les Corts. En él, estaría previsto un presupuesto de À Punt de 55 millones con un coste de personal ilegal (23 millones), y resulta inverosímil que el Ejecutivo valenciano fuese a tramitarlo aunque hubiese un compromiso por parte del parlamento valenciano de que, a posteriori, se trabajaría en una enmienda a la ley de Acompañamiento. En definitiva: el Consell debe trasladar a la cámara valenciana un anteproyecto de ley de presupuestos legal, por lo que es el Gobierno de Ximo Puig el que en última instancia forzaría la reducción del capítulo de personal para adecuarlo a la ley.
Aún con todo, si Podemos termina por no sumarse a la enmienda que planteasen PSPV y Compromís, debería calcularse cuánto personal del ya contratado quedaría afectado por esta adecuación presupuestaria. Actualmente hay 56 personas trabajando en la Corporació y 398 en la Societat; en total 454 y todavía quedan por incorporarse 75 personas. Tampoco hay intención de paralizar cautelarmente las bolsas de trabajo abiertas.
La directora general de À Punt, Empar Marco. Foto: KIKE TABERNER
