Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso. Foto: EFE/Javier LizónEn la entrevista que le hicimos en Plaza en diciembre, Toni Cantó afirmó: "He defendido mejor en Madrid los intereses de los valencianos que Baldoví". Lo humillante para Compromís es que, si hablamos solo de dinero, es totalmente cierto. Ciudadanos logró que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 se incluyeran, vía enmienda, 10 millones de euros para el transporte metropolitano de València, mientras los cuatro diputados de Compromís no han conseguido en toda la legislatura ni un euro porque se negaban a "mercadear" con sus votos para no tener que apoyar los Presupuestos de Rajoy.
Sí lo hizo el PNV y sacó petróleo, igual que el diputado socialista de Nueva Canarias, que con una pinza en la nariz sacó, a cambio de su voto solitario, no solo inversiones sino también mayores descuentos en los billetes de avión para sus ciudadanos. Pero Compromís decidió anteponer su ideología de izquierdas a su nacionalismo y los valencianos nos quedamos con el habitual palmo de narices presupuestario y los 10 millones para el transporte que se anotó Fernando Giner, porque no los peleó Cantó, los peleó Giner.
Compromís está a tiempo de enmendarse, nunca mejor dicho, con los primeros presupuestos de Pedro Sánchez. El pasado jueves, la coalición dio por iniciadas las hostilidades electorales contra el PSPV en Les Corts con una doble reprimenda a Ximo Puig por los PGE y por el retraso sine die en el cambio de modelo de financiación.
Como postureo preelectoral está bien, pero en la parte de los Presupuestos hay que reconocerle a Puig que ha conseguido los mejores de la historia para la Comunitat, olvidos aparte, que los hay. El del transporte metropolitano de València lo ha solventado con un telefonazo a la ministra Montero para que sume los 28 millones que faltan vía enmienda. Puig también ha conseguido en esta legislatura más que Compromís.
El otro día, a propósito del olvido del Gobierno al destinar 10 millones y no 38 al transporte metropolitano, escribí en Twitter que "alguien" no había hecho los deberes. Me refería a Puig y a Joan Ribó, como aclaré a petición de Giuseppe Grezzi. El concejal de Movilidad no entendió por qué culpaba al alcalde cuando la responsable de esa subvención es la ministra de Hacienda –el dijo el de Fomento, pero es la de Hacienda–, que dejó a València con 10 millones pero aumentó la subvención al transporte metropolitano de Barcelona de 109 a 149 millones, superando al de Madrid, que también repite con sus 127 millones del año pasado.
¿Cómo es posible que la ministra dé 40 millones más a Barcelona y a València no le conceda ni siquiera el aumento a 20 millones que Montoro comprometió por escrito ante Isabel Bonig? Pues porque la alcaldesa de Barcelona sí ha hecho sus deberes, como se puede apreciar en este párrafo de una información de El País del pasado 16 de octubre: "Ada Colau ha logrado arrancar al presidente Pedro Sánchez el compromiso de aumentar un 37% la aportación del Estado al transporte público metropolitano. Según el preacuerdo de presupuestos alcanzado entre Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, la aportación anual del Gobierno pasaría de 109 millones este año a 150 millones en 2019. Para que se materialice, Colau llama desde hace días a PDeCAT y Esquerra a validar el acuerdo con sus votos en el Congreso".
Cabe preguntarse qué ha hecho Ribó y qué han hecho Compromís y Podemos –ya que en Barcelona intervino Pablo Iglesias–, y qué ha hecho Puig. ¿Cuántas veces se lo han pedido a la ministra de Hacienda para que se haya olvidado? ¿Quizá se han equivocado de ministro y se lo han pedido a Ábalos pensando en que era de su negociado? ¿Se aseguró Ignasi Candela de que estuviera todo en los PGE cuando encontró a la ministra "receptiva" para negociarlos y le dio los votos que Compromís le había negado en verano para la senda de déficit? ¿La encontró receptiva a negociar los Presupuestos o receptiva a negociar enmiendas a unos PGE pactados con Iglesias y Ada Colau?
(Un inciso: Uno no considera que el reparto de inversiones deba establecerse en función del peso del PIB autonómico, como establece el Estatuto de Cataluña, o del peso poblacional, que es el criterio de los estatutos de Comunitat Valenciana y Andalucía. Si hablamos de inversiones en carreteras o ferrocarril, debería tenerse muy en cuenta la superficie de la comunidad porque el coste por kilómetro es el mismo)
Bien, pues ahora toca negociar enmiendas. La de los 38 millones para València ya la ha conseguido Puig, a ver qué logra Compromís para Alicante –Mireia Mollà debería trasladar su lista de reivindicaciones a sus compañeros en el Congreso– y Castellón. Y, sobre todo, a ver si consigue algo más que Puig con la financiación autonómica.
El 19 de enero de 2018 el Pleno del Consell aprobaba pedir formalmente al presidente del Senado la comparecencia de Ximo Puig en la Comisión General de Comunidades Autónomas para exponer el problema de infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana y reclamar una pronta solución. En palabras de Puig, "para poner en evidencia que no podemos continuar así" y que "hay un problema grave de equidad".
Justo un año después, el Senado ha puesto por fin fecha a la comparecencia de Puig, el 14 de marzo, pero no en la Comisión General de CCAA sino en la Comisión de Investigación de la financiación de partidos políticos, y no para hablar de financiación autonómica sino de la financiación del PSPV en las elecciones de 2007, a raíz del caso Crespo Gomar. Lo de la financiación autonómica no les importa lo más mínimo en la Cámara territorial controlada por el PP con mayoría absoluta.
El desprecio para el presidente de los valencianos es tan grande, que yo en su lugar aprovecharía los diez minutos iniciales que le dan al compareciente para hablar de financiación autonómica, de la injusticia que supone que comunidades más ricas que la valenciana, como Cantabria y La Rioja, vayan a recibir en 2019, y llueve sobre mojado, un 40% más de financiación por habitante que los valencianos. Y enseñaría a los senadores el ilustrativo gráfico que acompañaba al artículo que Francisco Pérez, director del Ivie, publicó al respecto en Cinco Días.
Con casi el 10% de las inversiones territorializadas y la condonación para los valencianos de la deuda de la Marina de València, en este primer año Puig ha sacado bastante rédito del Gobierno de Sánchez. Le toca a Compromís rematar la faena. ¿Qué tal reclamar que los 1.300 millones de ingresos ficticios en el presupuesto valenciano dejen de ser ficticios?
El fracaso de Puig en lo que a la reforma de la financiación autonómica se refiere será también el de Compromís si no arranca, al menos, un calendario de reforma. Una exigencia mucho más factible que la de los independentistas catalanes. Una oportunidad, puede que la última, para demostrar a los valencianos que sirve para algo tener cuatro diputados nacionalistas en el Congreso.
