Por un 2019 más transparente

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España emitió el otro día una resolución en la que insta a la Presidencia del Gobierno a remitir a Luis Salom Andrés la siguiente información: "En relación al viaje del Presidente del Gobierno realizado el pasado 20 de julio de 2018 para una visita institucional al Ayuntamiento de Castellón y posterior desplazamiento al Festival Internacional de Benicasim (sic), así como el viaje de regreso al Palacio de La Moncloa: Coste aproximado y sin desglosar, de todo el desplazamiento del Presidente y sus acompañantes, incluido el coste de apertura especial del aeropuerto de Castellón para ese desplazamiento".

Luis Salom es la mosca cojonera que el PP tiene en el Ayuntamiento de València, el que más quebraderos de cabeza da al tripartito gobernante. Huérfano político desde la muerte de Rita Barberá e imputado en la causa del pitufeo desde hace casi tres años –¿a qué espera el juez para cerrar la instrucción?–, Salom dedica su tiempo de asesor del PP municipal a revistar expedientes, pedir papeles que no siempre le quieren dar y presentar denuncias sobre todo aquello que no ve claro, ora en la Agencia Antifraude, ora en el juzgado de guardia. No se conoce el dato porque se niega a darlo, pero son decenas, ni los nombres salvo cuando son citados a declarar, pero ha denunciando a medio equipo de Gobierno, incluido Joan Ribó, cuyo caso fue archivado como la mayoría de los conocidos. Su actividad, a veces, trasciende lo municipal.

Desde que Pedro Sánchez cogió un avión oficial para ir con su esposa a ver a The Killers en el FIB, el Gobierno se ha negado en respuestas parlamentarias y periodísticas a facilitar datos de cuánto costaron los cuatro viajes del Falcon o la apertura del aeropuerto de Castellón, el número de personas que lo acompañaban o el coste de la manutención y alojamiento del séquito. Todo fue declarado secreto oficial porque cada detalle podía afectar a la seguridad nacional. Cada detalle.

El ciudadano Salom ha pedido –después de un intento de manoletina por parte del vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, Alfredo González Gómez, que le dijo que buscara la información en la web de La Moncloa– "el coste aproximado y sin desglosar" del capricho del presidente y su esposa. Y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dicho que, en aras de la rendición de cuentas a la que está obligado todo buen gobierno, la Presidencia debe facilitar al reclamante "el gasto total del viaje, sin desglose por conceptos".

Se lo tenía que dar en el plazo de siete días hábiles y ya han pasado catorce. Silencio administrativo. A la mierda las resoluciones del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno. Sánchez está harto de la transparencia porque es incompatible con el mal gobierno. Desde lo del máster teme que la transparencia se utilice no para controlar al Gobierno sino para criticarlo, sin darse cuenta de que es lo mismo y que la forma de evitarlo no es la opacidad sino evitar usar los recursos del Gobierno para ir de fiesta. El día que se reunión con Torra, Sánchez ocultó a la opinión pública que el presidente catalán le había dado una lista con 21 peticiones. Y así todo. Lo que no le conviene no lo cuenta.

Sánchez firmó con Pablo Iglesias en octubre un acuerdo programático para 2019 de 50 folios y 62 puntos (ver texto) sin una sola medida para aumentar la transparencia en la Administración del Estado. Tampoco sobre financiación autonómica, por si no teníamos clara su lista de prioridades.

La Conselleria de Transparencia

Todo esto lo venía a contar porque el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, ha anunciado que después de mayo vuelve a la universidad. No será candidato a las elecciones y no repetirá como conseller. Es una pena, y lo digo no para despedirlo con honores como se hace con los muertos, que aquí hemos defendido siempre la razón de ser de esta conselleria y lo vamos a seguir haciendo. 

Igual que Zapatero acertó en 2008 al crear el Ministerio de Igualdad para escenificar su compromiso con la igualdad –otra cosa es que no acertara con la ministra que puso–, la creación de una conselleria antes que nada de Transparencia –englobaba otras áreas ya existentes como Cooperación– aceleró la transparencia en la Administración valenciana al haber un responsable al que pedir cuentas. Y además, acertó con el conseller. Después de ZP todos los gobiernos han mantenido el Ministerio de Igualdad –es verdad que a cola de otras áreas– y España ha avanzado mucho en igualdad. Lo mismo debería ocurrir con la transparencia.

Alcaraz ha sacado adelante la mayoría de las medidas previstas a trompicones y con no poca resistencia de políticos y funcionarios. En este periódico también las hemos sufrido. Le quedará la espinita de la Ley de Gobierno Abierto, que no va a dar tiempo a aprobar, y los líos con el Consell de Transparencia.

Después de todo lo logrado, toca poner responsables de transparencia en todas la áreas y aplicar sanciones para los departamentos que no actualizan sus portales. Y toca, en la próxima legislatura, ordenar el big data administrativo y que la transparencia llegue a todos los ayuntamientos. La transparencia es calidad democrática y en la Comunitat Valenciana hemos avanzado más que en el Gobierno central aunque quede mucho por hacer. 

¡Feliz 2019!