Díaz Ayuso y Pablo Casado, en una imagen de archivo. Foto: EFEHace algo más de un año que iniciamos esta legislatura. Aquel 26 de mayo nadie podía prever que nos enfrentaríamos a los devastadores efectos de la ‘DANA de septiembre’ en la Vega Baja o la Vall d’Albaida, a las terribles consecuencias de la borrasca ‘Gloria’ sobre la Comunitat… Y que tendríamos que hacer frente a una pandemia sin precedentes.
Me vinculé joven a la política. Lo hice desde el axioma de que es la mejor manera de transformar la sociedad, de avanzar en igualdad y conquistar derechos. Desde el convencimiento de que la política es un instrumento de diálogo y cambio social. Defiendo la política útil, la que da respuestas a los problemas de la gente, la que es capaz de llegar a acuerdos desde la discrepancia ideológica en beneficio de la ciudadanía. Esa forma de hacer política siempre ha sido necesaria, pero es que hoy resulta imprescindible.
El CIS de septiembre es bastante aclarador sobre lo que podemos entender en estos momentos como política útil: el 94% de encuestados manifestaba que le preocupaba ‘bastante o mucho’ la crisis del coronavirus y el 84% considera convenientes reformas en la sanidad. Datos que reflejan la ‘unanimidad’ que existe sobre el reto que debemos afrontar como sociedad: frenar esta pandemia y reforzar nuestro sistema sanitario. Y para alguien que cree en la política útil, es especialmente duro comprobar que en medio de la emergencia sanitaria, económica y social del país tenemos también que lidiar con la pertinaz toxicidad ultra.
Es nuestra obligación moral trabajar para atajar la pandemia y mejorar nuestro sistema sanitario, la obligación de cualquier representante ciudadano. Y la única opción útil y responsable para nuestra sociedad. Pero también existe la irresponsabilidad y toxicidad política, la política destructiva a la que le interesa poco mejorar la realidad, y demasiado sus intereses propios.
Bastan unos ejemplos para entender de lo que estoy hablando. En abril la ultraderecha llevó al Constitucional el decreto del estado de alarma. Mientras el Gobierno de España luchaba por salvar vidas, la ultraderecha intentó frenar las medidas de contención de la pandemia. Este verano en la Comunitat todos los partidos apostaron por ser útiles a las valencianas y valencianos con la firma del pacto de reconstrucción social, económica y sanitaria. Todos menos Vox. Y siguiendo esa estrategia de empozoñar la gestión política, la semana pasada la ultraderecha presentó una moción de censura contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con argumentos de tanto peso que ni siquiera el PP de Casado -acostumbrados como nos tiene a competir con la ultraderecha en radicalidad- apoya este despropósito.
Mientras las familias, los sanitarios o el tejido empresarial de todo el país sigue haciendo esfuerzos para protegernos del virus la ultraderecha legitimada por el PP y Ciudadanos -y que sostienen sus gobiernos en Madrid o Andalucía- centra su preocupación en presentar una moción de censura para lanzar improperios y falsedades desde la tribuna donde debía proponer soluciones a esta crisis.
Y por si no tuviéramos suficiente se ha sumado a esta deriva de irrealidad el PP de Isabel Díaz Ayuso, enfrascado en una estrategia de confrontación con el Gobierno de España, mientras los contagios se disparan en su comunidad. Mientras comunidades con gobiernos progresistas centran sus esfuerzos en frenar al virus, Madrid se dedica a boicotear las medidas que pueden frenar los contagios. Mientras la Comunitat Valenciana es ejemplo por su estrategia de rastreadores y Asturias aplica su modelo de éxito, Madrid dedica sus esfuerzos a enfrentarse en los tribunales a quien le está ofreciendo ayuda para salvar vidas.
Afrontamos un momento histórico y de cómo gestionemos esta crisis dependerá nuestro futuro más inmediato, que salgamos de ella con la garantía de un sistema sanitario más fuerte, con el menor impacto sobre nuestro tejido productivo y sin que ninguna familia se quede atrás. El reto es claro, y las diferencias al afrontarlo también. Nada tiene que ver anteponer la salud de todas y todos a que la economía determine las decisiones sanitarias. Nada tiene que ver poner todos los medios para contener la expansión del virus como han hecho los gobiernos de izquierdas a la gestión de una autonomía como Madrid. Nada tiene que ver gestionar esta crisis desde el consenso y la política útil a hacerlo desde el prisma de aquellos políticos instalados en la confrontación y la toxicidad.
Decía al principio que hoy más que nunca es el momento de la política útil: de ofrecer respuestas y no de generar problemas. Mucho menos de convertir la gestión política en un problema de salud pública. Algunos deberían asumir de una vez que no está en juego un voto, que lo que está en juego es la vida de la gente.
