El president de la Generalitat, Ximo Puig. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Tenían viento a favor, y pese a todo, prefirieron remar en contra. Durante el trámite de enmiendas a la Ley de Acompañamiento de 2019, Podem había convertido una de sus enmiendas -la que pedía cambiar el sistema de distribución de ayudas a los sindicatos- en su principal caballo de batalla. Como ya sucedió el año pasado con la tasa turística, la formación morada llevó hasta el final su desafío al Consell con esta propuesta que pedía que las subvenciones directas que reparte la Generalitat entre las organizaciones sindicales más representativas fuesen accesibles también para las que son minoritarias. El escenario ahora, no obstante, era muy diferente al del año pasado: esta vez tenían la mayoría suficiente para aprobar el cambio que pedían y ellos mismos lo desdeñaron este miércoles.
El partido que lidera Antonio Estañ presentó una modificación de la Ley de Participación Institucional el pasado mes de noviembre que establecía que la distribución de estas ayudas que otorga el Gobierno valenciano se hiciera teniendo en cuenta el número de delegados que tiene cada sindicato, y no atendiendo únicamente al criterio de "más representativo" que fija actualmente la norma de 1985 -reformada más tarde por el Partido Popular en 2015-. Eso sí, siempre y cuando las organizaciones sindicales que optaran a recibir estas subvenciones reunieran "una cifra mínima de 500 representantes elegidos en centros de trabajo de las tres provincias -Castellón, Valencia y Alicante-, siempre que ello suponga al menos el 1,5% del total de los representantes electos".
Un criterio que abría la puerta a sindicatos como USO, CSIF, Intersindical, Sindicato Independiente o CGT. En Podem, justificaban su iniciativa apelando a que aunque los sindicatos mayoritarios fuesen UGT-PV y CCOO-PV, en determinados ámbitos, como por ejemplo el educativo o el sanitario, otras organizaciones sindicales tienen una representación superior.
La propuesta contaba con un total de 9 apoyos de los 15 parlamentarios que integran la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda -PPCV (5), Podem (2), Ciudadanos (1) y No Adscritos (1)-. El rechazo de PSPV (3) y de Compromís (3) hubiera sido indiferente porque no habría alterado el resultado de la votación que se celebró éste miércoles. No obstante, el partido de Pablo Iglesias prefirió renunciar a esta victoria y entenderse con sus socios 'naturales' aunque ello implicara rebajar sus pretensiones.
Los tres socios del Botànic -socialistas, valencianistas y morados- redactaron antes de la votación en comisión un texto alternativo a la enmienda de Podemos. Un escrito que excluye a las patronales y mantiene el requisito de que los sindicatos que opten a recibir ayudas deberán tener representación en las tres provincias de la Comunidad Valenciana y ser de carácter intersectorial. Es decir, con presencia en varios sectores, como el educativo o el sanitario, para evitar que sindicatos empresariales puedan 'entrar' en este reparto. Es decir, si una empresa concreta tiene su propio sindicato, éste no accedería a estas ayudas públicas.
Ahora bien, esta enmienda de última hora -que fue la que finalmente se aprobó en comisión- deja en manos del Consell la concreción del criterio de "representatividad" de cada sindicato. Para ello, el Ejecutivo deberá elaborar una nueva ley en la que quede determinado. Así, el texto explica que los sindicatos que quieran aspirar a estas ayudas deberán reunir las dos condiciones anteriores y tener "una cifra mínima de representantes de los trabajadores y las trabajadoras que supongan un porcentaje del total de representantes electos en la Comunidad Valenciana".
Unas cuantías -la cifra mínima y el porcentaje sobre el total de representantes electos en la autonomía- que el mismo redactado concreta que será el Ejecutivo valenciano el encargado de establecerlo "en el plazo máximo de un año" en una nueva ley. En definitiva, el nuevo escrito hacía desaparecer la concreción de cuotas y porcentajes que había precisado Podem para dejarlo en manos del Gobierno que ahora mismo preside Ximo Puig.
El plazo definido para que el Ejecutivo valenciano diseñe estas cifras de reparto tampoco es una cuestión baladí. Se le concede un periodo máximo de un año para ello -hasta noviembre de 2019-, con varias elecciones de por medio, ya que en mayo del próximo año se celebrarán las elecciones autonómicas, además de las municipales y europeas.
Una cita en el calendario -la del 26 de mayo- que a buen seguro se rebasará para acometer cualquier tipo de cambio en este sentido si ello implica reducir las ayudas directas que puedan recibir CCOO-PV y UGT-PV como compensación por su presencia en órganos consultivos y su papel en la negociación colectiva. Hacerlo antes supondría para el actual ejecutivo 'zancadillearse' antes o durante los meses de campaña electoral, cuando las convocatorias de huelgas o manifestaciones de las organizaciones sindicales son más temidas por los ejecutivos salientes.
Más aún cuando la convocatoria electoral tendrá lugar pocas semanas después de la histórica manifestación del 1 de Mayo -Día del Trabajador-, cuando las organizaciones sindicales llenarán las calles de la Comunitat Valenciana para exigir las mejoras laborales.
De esta manera, el tiempo establecido es un balón de oxígeno al Ejecutivo de Ximo Puig, que no se verá obligado a asumir el desgaste electoral que supondría acometer una reforma de este calado a cinco meses de los comicios -el anticipo está ya prácticamente descartado después del batacazo de las elecciones andaluzas-. A partir de entonces, lo que pase después de esa cita en las urnas quedará en manos del Gobierno que se constituya.
Conviene señalar que el posible cambio en el reparto de subvenciones de la Generalitat causó desde el principio un fuerte rechazo entre los sindicatos mayoritarios. La modificación de la Ley de Participación Institucional fue propuesta por el PPCV en noviembre de 2017 después de la manifestación del 18N organizada por UGT-PV, CCOO-PV y la patronal CEV que pedía al Gobierno de Mariano Rajoy una financiación justa para la Comunitat Valenciana. La maniobra fue entendida como una vendetta de los populares, pero todos los grupos parlamentarios trabajaron en enmiendas para intentar mejorar ese reparto y permitir que las organizaciones sindicales minoritarias accedieran también a estas ayudas.
Sin embargo, aunque los trabajos finalizaron en junio y sólo quedaba pendiente la votación de enmiendas de cada partido, el PSPV -que preside la comisión de Coordinación de Les Corts en la que se estaba debatiendo- aseguró hace semanas que no daría tiempo a aprobar los cambios antes de que terminara la legislatura. Aunque los socialistas negaron entonces que estuvieran bloqueando su tramitación al no insertarla en el orden del día de ninguna de las sesiones celebradas, lo cierto es que ha seguido convocándose en los últimos meses para tratar otras cuestiones. Ésta, sin embargo, a tan solo un paso de zanjarse, estaba paralizada y tampoco fue incluida entre las leyes prioritarias que pactaron Podem y el Consell.
Los socialistas eran especialmente sensibles a los reparos de los sindicatos mayoritarios y apelaban a la dificultad para encontrar una fórmula óptima que contentara a todos los agentes implicados. Y, ante sus reticencias a avanzar en la reforma, el partido morado halló un atajo en la Ley de Acompañamiento que se estaba tramitando.
Tras el cambio de Podemos este miércoles, eran los minoritarios los que se alzaban en pie de guerra. CSIF, USO e Intersindical manifestaron su malestar por la rectificación de los morados "al no mantener su propia enmienda". Del mismo modo tacharon de "insuficiente" la modificación realizada porque no "garantiza el pluralismo sindical en la Participación Institucional". A su juicio, con ella se preservaba la "actual situación que privilegia a CCOO y UGT".
