Podem, PP y Cs acuerdan que los sindicatos minoritarios reciban ayudas de la Generalitat

VALÈNCIA. La alineación es atípica. Podem obtuvo este martes el visto bueno de PP y Ciudadanos para sacar adelante su propuesta de modificación de la Ley de Participación Institucional que busca cambiar el sistema de distribución de ayudas a los sindicatos para que no solo los más representativos tengan acceso a las subvenciones directas que concede la Generalitat Valenciana, sino también aquellos que son minoritarios. 

Un voto a favor que, no obstante, no recibirá de PSPV ni de Compromís en la votación de este miércoles en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts. Pese a mantener una reunión que se alargó durante todo el día de ayer, los socios del Botànic no llegaron a cerrar ningún acuerdo. 

La propuesta de Podem que está sobre la mesa ahora mismo contempla que la distribución de las ayudas se haga teniendo en cuenta el número de delegados que tiene cada sindicato, y no atendiendo únicamente al criterio de "más representativo" que establece actualmente la norma. Ahora bien, siempre y cuando las organizaciones sindicales que opten a recibir estas subvenciones reúnan "una cifra mínima de 500 representantes elegidos en centros de trabajo de las tres provincias -Castellón, Valencia y Alicante-, siempre que ello suponga al menos el 1,5% del total de los representantes electos". 

Desde Podemos aseguran a Valencia Plaza que aunque los sindicatos mayoritarios sean UGT-PV y CCOO-PV, también existen determinados ámbitos, como por ejemplo el educativo o el sanitario, en los que otras organizaciones sindicales como Intersindical y CSIF respectivamente tienen una representación considerable, si no mayoritaria, y, por ende, "debería revisarse el modelo de 1985".

Con estos mimbres, la enmienda cuenta con un respaldo de nueve votos a favor -PPCV (5), Podem (2), Ciudadanos (1) y diputados no adscritos (1)- de los 15 parlamentarios que conforman la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda. Compromís, con tres diputados en la comisión, está de acuerdo con el contenido, pero no lo está tanto con el método que empleó el grupo parlamentario morado para modificar esta norma.

A pesar de que el texto de la formación morada ha logrado la alineación excepcional de populares y naranjas, y de que el grupo tendría los apoyos requeridos para sacar adelante la enmienda como ellos mismos plantean, fuentes parlamentarias aseguraban a este diario al cierre de esta edición que aún podrían producirse negociaciones en las horas previas a la celebración de la comisión que permitieran un acercamiento del partido de Estañ con sus socios 'naturales' -Compromís y PSPV-, por lo que todavía no se descarta un cambio de rumbo y acuerdo de última hora. De no alcanzarse tal consenso, la enmienda planteada tendría los votos para obtener luz verde. En manos de Podem queda. 

La enmienda de Podem

En este punto, cabe recordar que el partido de Pablo Iglesias decidió plantear la enmienda a la Ley de Participación Institucional a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2019 hace unas semanas después de que el PSPV, que preside la comisión de Coordinación de Les Corts en la que se estaba tramitando la reforma desde el pasado mes de marzo, asegurara que era complicado que ésta llegara a modificarse en esta legislatura. 

Podem quería con este "atajo" que, al menos, se llegara a debatir el posible cambio ya que en la comisión estaba paralizada desde junio. Y todo, a pesar de que los grupos parlamentarios ya tenían sus enmiendas listas para que se votaran. Con esta situación, de hecho, apenas hubieran quedado dos jornadas para que la reforma que llevaba tramitándose 10 meses saliera adelante -la votación de enmiendas en la comisión y el posterior debate en un pleno del Parlamento valenciano-. 

Sin embargo, aunque la comisión de Coordinación ha continuado convocándose para abordar otras cuestiones, no se ha celebrado ninguna sesión en la que se haya incluido la Ley de Participación Institucional. Los socialistas, no obstante, aseguraban que no había intencionalidad en no insertarla en el orden del día y negaban que estuvieran tratando de bloquear su trámite final para evitar que se aprobaran ciertos cambios.