¿Paco, vete ya?

Francisco Camps se niega a dejar su puesto en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) después de que Ricardo Costa confirmara lo que ya sabíamos –como le han pedido Les Corts con la abstención del PP– porque está "muy a gusto", cobra 58.000 euros brutos anuales y ninguna ley le obliga a dejarlo. Por ética, por estética, claman desde la oposición, esperando de quien no tuvo ética ni estética que la tenga ahora.

La culpa de que Camps no pueda ser desalojado del  CJC es de los dos partidos que cocinaron una ley de expresidentes que no permite echarlos hasta que haya una sentencia firme de inhabilitación: PP y PSPV. Es lo que tiene hacer una ley pensando en un retiro dorado del jefe en lugar de en el bien común.

Creo recordar que fue Joan Ribó, entonces diputado de Esquerra Unida, el que pidió que si iban a meter a los expresidentes como miembros natos del CJC, al menos se incluyera en la ley como causa de incompatibilidad para acceder al puesto o permanecer en él la imputación por un delito de corrupción. 

Ribó no estaba pensando en Camps, sino en Zaplana, sobre quien siembre cayó la sospecha –desde las escuchas del caso Naseiro anuladas por el Tribunal Supremo–, pero que nunca fue ni siquiera imputado. 

(Y ahora sale un empresario, ex líder patronal de los constructores de Castellón, a contar que desde 1997, que él sepa, los políticos corruptos de la Administración valenciana se llevaban no el 3%, sino hasta el 30% de los famosos modificados de obra. Esos modificados sin justificar que con tanta profusión denunciaba la Sindicatura de Comptes sin que nunca pasara nada. Así de fácil era, sin competencia, sin expedientes, con la secreta oposición de algún interventor y, si en el sorteo de expedientes revisados le tocaba, con un parrafito en el macroinforme navideño de la Sindicatura de Comptes en el que se vislumbraba la corrupción entre líneas. Recuerdo un modificado nunca aclarado de 1.500 millones de pesetas en La Fe que construía Dragados-ACS, del amigo Florentino).

Zaplana fue quien convenció a Joan Ignasi Pla para aprobar a toda prisa la modificación legal que otorgaba a los expresidentes el puesto y el sueldo "vitalicio". El entonces líder socialista aceptó, quizás pensando que un día le tocaría a él. Nadie entendió tanta premura hasta que una semana después Zaplana dijo ahí os quedáis y dimitió como presidente para ser ministro de Aznar. Ante la indignación general, los partidos acordaron cambiar la ley y que el cargo dejase de ser vitalicio. Se pactó que fueran quince años para los expresidentes con al menos una legislatura entera cumplida, pero el PP introdujo un arreglito de última hora para que Olivas, con solo once meses de presidencia, no se quedase sin su paguita.

Hay que destacar que ni Zaplana ni Olivas pidieron nunca ingresar en el CJC al encontrar acomodo en el sector 'privado' con sueldos muy superiores, Zaplana en un puesto creado para él en la Telefónica a la que tanto había dado, y Olivas en Bancaja, a la que llevó a la ruina. Tampoco Joan Lerma ni Alberto Fabra lo necesitaron, pues siguen cobrando un sueldo público en el Senado y el CJC es en realidad un colchón para los expresidentes que se van al paro, como Camps.

Camps se quedó en la calle tras su dimisión en julio de 2011 e inmediatamente pidió su ingreso en el CJC. Entró imputado por el caso de los trajes, del que salió absuelto, y continuó sentado en el sillón tras su imputación en el caso Valmor. ¿Qué ha cambiado para que ahora se pida su dimisión con tanta animosidad? Que Costa ha cantado y hasta en el PPCV se han avergonzado. Una cuestión estética que no se ha traducido, de momento, en ninguna nueva imputación. 

El cambio del estatuto de expresidentes era una de las promesas del Acord del Botànic, pero en los dos años y medio de Gobierno de Ximo Puig los únicos verdaderamente interesados en cambiarlo han sido los de Podemos. Ahora, todos los grupos con la abstención del PP le piden a Camps que por favor se vaya, ya que no pueden echarlo porque no hicieron su trabajo parlamentario. 

Doble rasero con los empresarios

La incoherencia de los partidos del Consell se multiplica cuando se comprueba que en el mismo juicio de Gürtel en el que no se sienta Camps hay nueve empresarios que van a ser condenados sí o sí porque han reconocido que corrompían al PPCV y han pactado una condena, sin entrada en prisión, y una multa irrisoria si la comparamos con lo que se llevaron en adjudicaciones.

El actual Consell continúa adjudicando contratos a las empresas que compitieron con trampas en el pasado. Especial mención merece la firma de residencias de la tercera edad impulsada por Vicente Cotino y Enrique Ortiz, que la Conselleria de Mónica Oltra ya no ve con tan malos ojos. Dicen que la ley de contratos no permite discriminar a las empresas en los concursos aunque hayan crecido nadando en la corrupción. ¿Seguro? ¿Lo han intentado con la ley actual?

Esa ley de contratos es estatal, pero la ley de expresidentes es autonómica. Nueve años llevamos con el caso Gürtel, dos imputaciones del expresidente consejero del CJC, algunas más y una condena de José Luis Olivas -quien tiene derecho a pedir el ingreso en cualquier momento-, y ahora se les ocurre que, a lo mejor, hay que cambiar la ley. A lo mejor, porque de momento todo se ha quedado en un "!Paco, vete ya¡" que no va a funcionar porque Les Corts no son Mestalla.