VALÈNCIA. El reparto de competencias vuelve a ser motivo de enfrentamiento entre los socios del Consell. En esta ocasión, el choque entre se produce en el seno de la Conselleria de Hacienda, concretamente entre la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, controlada por el PSPV, y la de Hacienda, en manos de Compromís, y está motivado por las discrepancias sobre cómo asumir parte de las funciones desarrolladas por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
La creación del Banco Público de Generalitat, uno de los compromisos del Acord del Botànic, implicaba la escisión del IVF en un entidad pública empresarial al margen de la Generalitat dedicada fundamentalmente a financiar al sector privado, una suerte de promotional bank al estilo del ICO para apoyar sectores estratégicos en la Comunitat.
Este proceso obligaba a reordenar las funciones ejercidas hasta ahora por el IVF, ya que las competencias de Política Financiera y Tesoro y las de Certificación y Firma Electrónica no iban a ser traspasadas a la entidad escindida y era necesario buscarles encaje en el organigrama de la Conselleria de Hacienda.
En este punto es donde surgen las diferencias entre los dos partidos, ya que mientras los socialistas defienden una redistribución de competencias entre los departamentos existentes en la Conselleria que dirige Vicent Soler, Compromís apuesta por crear una nueva Dirección General de Política Financiera y Tesoro.
El sector controlado por el PSPV considera que aumentar la estructura de la Conselleria, y con ello los costes de personal, tendría difícil justificación en un Gobierno que ha hecho gala de la eficiencia y la austeridad, sobre todo a un año de las elecciones autonómicas. Por su lado, en las filas de Compromís se considera que es una oportunidad de recuperar y consolidar un departamento estratégico que ya existió en el pasado en el seno de la Generalitat.
Al margen de coste derivado de la solución elegida, en este pulso también se decide cuál de los dos partidos se queda con las competencias que desarrollaba el IVF.
El PSPV aboga por repartir las competencias. Su propuesta consiste en que la subdirección general de financiación autonómica y coordinación financiera se haga cargo de las competencias en Política Financiera y Tesoro, que depende directamente de la secretaría autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira. Las funciones de Firma Electrónica pasarían a la Dirección General de Tecnologías de la Información, que depende orgánicamente de la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando.
Frente a ello, la coalición defiende que la Dirección General de Política Financiera y Tesoro que debería crearse para asumir las competencias que deja el IVF tendría que depender directamente de la Secretaría Autonómica de Hacienda".
El asunto debería haber quedado finiquitado antes del 31 de marzo. La Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2018, en la que el Consell aprovechó para regular cómo debía hacerse la escisión del Banco Público, daba un plazo de tres meses para adaptar el reglamento orgánico y funcional (ROF) de la Conselleria a la nueva situación, pero el asunto sigue sin resolverse a día de hoy.
El reparto de las competencias está tensando la relación entre los representantes de los dos partidos en el seno de Hacienda. El pasado viernes estaba prevista una reunión para abordar este asunto que finalmente no tuvo lugar, por lo que probablemente se trate en el consejo de dirección de este lunes.
No es la primera vez que los dos partidos mantienen un pulso por las competencias en este departamento, el que más movimientos ha sufrido en su organigrama en lo que llevamos de legislatura. En una anterior redistribución de competencias, los socialistas se reforzaron frente a su socio de gobierno al arrebatarle las competencias relativas a la financiación de las comunidades autónomas, que hasta entonces quedaban bajo el paraguas de Compromís en a través de la Dirección General de Financiación y Fondos Europeos.
Uno de los principales enfrentamientos entre PSPV y Compromís por el reparto de competencias se produjo apenas iniciada la legislatura. En ese caso, los dos partidos se enfrentaron desde departamentos diferentes. El desencadenante de la crisis fue la resistencia de la Conselleria de Economía, controlada por Compromís, a devolver al IVF las competencias sobre los créditos a empresas que pasaron al Ivace –dependiente de Economía– con el anterior Consell del PP. La pelea se decantó del lado de los socialistas.