PP y Ciudadanos eclipsan con Cataluña el debate sobre plurilingüismo

VALÈNCIA. Este viernes se celebraba en Les Corts un pleno extraordinario para convalidar el decreto-ley sobre plurilingüismo después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara la primera versión de esta normativa que elaboro el departamento del conseller de Educación Vicent Marzà. También era el primer día que los diputados de los diferentes grupos parlamentarios se reencontraban después del parón veraniego. Y la jornada, aún con solo dos puntos en el orden del día -tomaba posesión Jordi Alamán como nuevo diputado de Podemos-, se presagiaba intensa.

A un PP hurgando desde agosto en las heridas entre PSPV y Compromís y advirtiendo apenas unas horas antes de que instaría al Gobierno central para que derogara esta nueva normativa –el decreto-ley no puede recurrirlo cualquier institución, como fue en la anterior ocasión la Diputación de Alicante–, se sumaba Ciudadanos pidiendo a los grupos parlamentarios que se posicionasen respecto al desafío catalán y dudando sobre la legalidad de que pudiese celebrarse tal sesión plenaria. Sus dudas radicaban en el propio Reglamento de Les Corts que determina que el primer pleno de la Cámara valenciana es aquel en la que interviene el president de la Generalitat y que, en esta ocasión, el jefe del Consell, Ximo Puig, no se encontraba presente.

Una duda que ya planteó el Partido Popular en la Junta de Síndics del pasado martes y a la que se sumó dos días después el partido naranja que dirige Mari Carmen Sánchez pidiendo un informe que fijara que éste se adaptaba a la normativa del parlamento valenciano. Todo, después de haber apoyado ambos en aquella Junta de Portavoces que este pleno se celebrase.

Ante la trascendencia del asunto a debatir –un decreto-ley es aprobado por el gobierno correspondiente en caso de "extrema necesidad y urgencia", en palabras de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra–, algunos consellers –ninguno de Compromís falló a la cita- modificaron su agenda. Fue el caso de la propia portavoz del Gobierno valenciano, que adelantó una hora la rueda de prensa del Consell para llegar a la votación.

Pero el pleno que iba a utilizarse para convalidar esta normativa, no obstante, pronto se vio enturbiado por el debate independentista catalán. Si el president Ximo Puig ya fue víctima de esa nebulosa cuando se reunió con Mariano Rajoy un día en que los focos estaban fijados en el procés, el debate de este viernes sufrió el mismo síntoma. Ya sea por la oposición en sus estrategias y sus discursos para vincular los proyectos del Consell al secesionismo catalán o por las críticas de los grupos parlamentarios que, como ha hecho el síndic socialista Manolo Mata, acusó a Ciudadanos de "hacer un CUP".

La polémica apareció a los pocos minutos de comenzar la sesión. PP y C's solicitaron que la Mesa se reuniera y se celebrara una Junta de Síndics para votar la celebración de ese pleno, -de no hacerse, los segundos abandonarían el hemiciclo en el momento de tomar posturas-, sin embargo, el president de Les Corts, Enric Morera, se negó y alegó que todos los actos son supervisados por letrados y por lo que la sesión se iba a desarrollar con "rigor y normalidad". Fue en este momento cuando la presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, le pidió que no hiciera "un Forcadell", en referencia a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por su actuación el día que se votó la ley del referéndum catalán.

El primero en intervenir fue el síndico socialista, que tras una distendida –a la vez que necesaria para rebajar la tensión que se había instalado en el hemiciclo– explicación de en qué consisten o cómo se desarrollan las clases de niños de tres años –a quienes sí se les aplicará las novedades del decreto, mientras que al resto de comunidad educativa se les asumirá el anterior que el PP elaboró en 2012-, le recriminaba al partido de la gaviota tener "miedo" a este decreto. "Tienen miedo por el poder que otorga la educación porque genera ciudadanos libres, rebeldes, que cuestionan el sistema que conocen", espetó.

Tras una larga enumeración de informes en los años de gobierno popular que acreditaban el "fracaso escolar" –informes PISA y de la comunidad pedagógica–, cuestionó el protagonismo buscado en este asunto por la Diputación de Alicante –órgano provincial que motivó su suspensión cautelar al presentar el recurso en el TSJ– y el malestar que generaba que el anterior decreto premiase "la cultura del esfuerzo". "Es una apuesta clara por el trilingüismo y es el conseller satanizado por la derecha", censuró, como muestra de la comunión en materia educativa entre socialistas y nacionalistas.

Aún así, la bancada popular insistía en que no se tratase con esta norma puentear a los tribunales. No en vano, la portavoz del PPCV volvía a poner sobre la mesa la cuestión catalana: "Esto, de momento, no es Cataluña y si el PP puede, va a evitar que ustedes conviertan esto en Cataluña", espetaba a los grupos que sustentan al Consell. 

El PP, además, encontraba en Ciudadanos el apoyo a este frente 'anti-Marzà'. La diputada naranja Mercedes Ventura preguntó al conseller si entendía por normalidad "imponer medidas educativas que vulneran los derechos fundamentales". Esta 'pinza' se notaba cuando la parlamentaria expresaba "tal como ha dicho la señora Gascó" o utilizaba el lenguaje del PP con expresiones como "decreto mordaza". Como hicieron sus compañeros catalanes, Ciudadanos anunció que no iban a participar en "una votación llena de irregularidades". "No hagan como la CUP", respondía Mata. 

Sin embargo, Ventura iba más lejos que los populares. "Sus políticas educativas parece que se nutran de las catalanas", subrayó. Pese al tono moderado, el fondo de sus afirmaciones subían. "¿Va a aplicar la democracia en el plurilingüismo como ha hecho el gobierno catalán?", interrogaba a Marzà. Acto seguido, y como nexo para azuzar la nueva estrategia de Ciudadanos de incomodar a Compromís con el proceso independentista, Ventura preguntaba: "Señora Oltra, aún no ha dicho qué piensa sobre el referéndum catalán. Es muy fácil. Diga: sí o no". 

Pese a que iban a votar sí y sus críticas estaban alejadas de la dupla opositora conformada por PP y Ciudadanos, Podemos daba un apoyo crítico al decreto. En su estreno, el nuevo portavoz adjunto, César Jiménez, reconocía que la decisión de Marzà "salvaba el inicio del curso". Pero le recriminaba "no haber previsto que la sucursal valenciana del PP es la más beligerante del Estado contra la lengua propia". "Han ido hacía adelante, y estas han sido las consecuencias. Pero por el bien de los niños de tres años, convalidaremos este decreto", zanjó.

Gascó, no obstante, replicó duramente a Jiménez. "Son ustedes la contradicción personificada. Pregunten a los círculos si están de acuerdo con este decreto", pronunció la exdirectora de Política Lingüística. Un enfrentamiento dialéctico crispado que terminó con una confesión personal del parlamentario morado: "Yo aprendí a quitarme mi autoodio y a querer la lengua propia gracias al profesor Manuel Garcia Grau. De hecho, le voy a regalar un libro de poesía de él. Para que la próxima vez, venga con otra opinión sobre este tema", ofreció Jiménez a Gascó. La popular, de nuevo, respondió con Cataluña como protagonista: "Ustedes quieren sembrar el sentimiento de odio, como se hace con los catalanes". Antonio Estañ, que también estrenaba su condición de síndico, ha salido al paso recordando "su procedencia de la Veja Baja" y "cómo las políticas del PP" le habían "impedido aprender valenciano".

   
"Este decreto evita el caos y la incertidumbre que ha creado el filibusterismo judicial del PP", dijo Josep Nadal, de Compromís, para empezar su intervención. Sus ataques, sin embargo, han alcanzado un objetivo doble: "El PP y Ciudadanos practican un auténtico apartheid a las zonas castellano-hablantes porque no les dejan aprender valenciano". Una afirmación que provocó las quejas airadas de ambos partidos.

"Quieren introducir el odio en la Comunidad Valenciana. Imponer su ideario político. Siguen el plan de desconexión de Cataluña, de quién no quiere quedarse, váyanse a otra comunidad autónoma", censuró Gascó, entre los aplausos de su bancada. "Ayer me jugué una cerveza con un amigo a que hoy ustedes hablaban de Cataluña", ironizó el parlamentario nacionalista, que terminó su discurso con una frase para justificar la tardanza en la aplicación del plurilingüismo: "Vamos lento, porque vamos lejos". "Eso es el nuevo lema de la CUP", soltó Bonig.

Con Ciudadanos abandonado el hemiciclo, al más puro estilo del parlamento catalán, se inició una votación que se saldó con 50 votos a favor, 30 en contra y tres abstenciones para convalidar el decreto de plurilingüismo. "Para los que se han ido haré un 'Trapero' -en referencia a las palabras del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero-: Bueno, pues vale, pues adiós", exclamó a sus excompañeros de Ciudadanos Alexis Marí, diputado no adscrito que, como los otros tres ex naranjas, intervinieron después para explicar su abstención. Que, precisamente, Ciudadanos criticara que el Botánic no se sumara a la declaración institucional contra el proceso separatista catalán, resumía la jornada: plurilingüismo empañado por Cataluña.