ALICANTE. EFE).- El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado en sesión extraordinaria y urgente los informes definitivos de revisión y análisis de dotaciones económicas a los grupos popular y socialista en la anterior legislatura, y cuya aprobación fue aplazada el pasado miércoles por falta de un informe. La resolución ha contado con el voto favorable del equipo de gobierno, PP y Cs, frente al rechazo de la oposición, PSPV y Compromís. Hay que recordar que el PP y Cs acordaron que fuera una auditoría externa quien fiscalizara los gastos de PP y PSPV por haber transferido fondos al partido.
La diputada de Administración General y Hacienda, María Gómez, ha insistido en que asumir el reintegro no significa asumir responsabilidad alguna: "no compartimos el resultado de la auditoría, pero lo asumimos por coherencia política y por respeto al acuerdo plenario de marzo".
El grupo popular presentó el pasado 18 de junio alegaciones por disconformidad con las conclusiones del informe, que fueron rechazadas junto a las presentadas también por el grupo socialista.
Por su parte, el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, de Ciudadanos, ha afirmado que "la lectura del informe auditor externo, ratificado por Intervención, pone sobre la mesa una deficiencia o debilidad del Reglamento Orgánico que regula la dotación económica a los grupos políticos de la Diputación".
Por ese motivo, Gutiérrez ha propuesto "una pequeña modificación del nuevo reglamento a fin de que estén claras las reglas que se deben cumplir para dotar de la mayor transparencia al uso de este dinero público".
Desde el PSPV-PSOE, su portavoz, Antonio Francés, ha reclamado un único expediente y ha justificado el voto en contra de su partido al considerar que ha habido disparidad de criterios y que algunos gastos no están lo suficientemente acreditados. "Deberían ser los técnicos de la Diputación los que fiscalizaran las cuentas y sacaran las conclusiones". Los socialistas se quejan, por ejemplo, de que sus gastos destinados a formación o pago de un asistencia no sean autorizados, o que se aprueben los gastos de telefonía del PP estén sin personalizar, como reclama el reglamento orgánico de la institución.
Asimismo, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha mostrado su rechazo al entender, entre otras cosas, que la auditoría externa no es el procedimiento habitual y ha anunciado que recurrirá la medida al considerar que no se han aplicado los mismos criterios a los grupos fiscalizados. Fullana ha agraecido el trabajo elabora por su equipo de colaboradores que ha permitido que se devuelvan más de 100.000 euros de dineros de los grupos. El PP debe reintegrar 45.000 euros, y el PSPV, 14.400. Por su parte, Esquerra Unida, que ya no tienen representación, debe devolver casi toda la asignación de los 42.000 euros que percibió entre 2015 y 2018.
En la última sesión plenaria salió adelante, con el respaldo de los grupos de gobierno y el voto de calidad del presidente frente al rechazo de la oposición, la aprobación definitiva del reintegro por los grupos popular, socialista y EUPV de la dotación correspondiente a los años 2015 y 2016, así como el informe definitivo emitido por la Intervención sobre la documentación presentada por estos mismos grupos y Compromís en relación a la dotación económica asignada por el pleno a las anualidades 2017 y 2018, según la Diputación
