ALICANTE. "Del contenido de las conversaciones interceptadas se infiere que las gestiones pudieran ir encaminadas a obtener el mayor número de metros posible en la zona de Fontcalent, del mayor coeficiente de ponderación posible en dicha zona y de la adscripción de dicho suelo protegido a la zona de suelo urbanizable más conveniente a los intereses del investigado para obtener beneficio, así como a la clasificación del suelo de su propiedad como urbanizable".
Así reza el auto de procesamiento de Enrique Ortiz, Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi y otras siete personas con el juez Manrique Tejada pone fin a la instrucción de la pieza separa del caso Brugal relativa al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad en favor del constructor.
El titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante llega a la conclusión de que inicialmente Ortiz, propietario a través de la mercantil Aligestión Integral del estadio José Rico Pérez desde 2007 a cambio del pago de 7,8 millones de euros pero con la obligación de invertir otros 4,2 en la remodelación de la instalación, se valió de información privilegiada para ahorrar el coste de esos 4,2 millones y obtener un mayor rendimiento de la parcela del estadio primero tratando que el proyecto de reforma redactado por el arquitecto madrileño, Carlos Lamela 'casase' con el que iba a ser el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Después y como consecuencia de la oposición social que despertaron sus planes para esa zona de la ciudad, buscó hacerse con terreno en zonas protegidas como por ejemplo el parque Natural de Fontcalent (donde desde hace diez años entrena el Hércules CF en la denominada parcela 122 del polígono 10, titularidad de Camservi Obras y Servicios, una sociedad del constructor) con el objetivo de que acceder a aprovechamientos urbanísticos, incrementar la edificabilidad de parcelas en otras zonas del término municipal de las que era propietario como podía ser la del estadio previo cambio de calificación.