Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. Pese a que el subsecretario de Igualdad, Francesc Gamero, se pronunció en contra, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, seguirá adelante con los contratos menores de publicidad que requirió su departamento. Después de que, tal y como publicó Valencia Plaza este jueves, el 'número dos' de la vicepresidenta cuestionara el procedimiento para encargar dos campañas publicitarias por la conselleria -una para la sensibilización del Pueblo Gitano y otra en defensa de los derechos LGTB-, el expediente no pudo ser tramitado.
En este sentido, Oltra reconoció en la rueda de prensa del Consell que los trámites no avanzaron debido a que el subsecretario no dio el visto bueno. Ahora bien, se justificó aludiendo a que se trataba de "procesos novedosos en los cuales se producen discrepancias". "Estos trabajos se tienen que pagar. Y si no puede ser mediante el mecanismo llamado 'llamada a proyecto', será a través de la vía de enriquecimiento injusto", sentenció.
La controversia de estas dos licitaciones -censuradas por el PP-, radica en la inexistencia de un informe que justificara el coste de la campaña que se iba a contratar. Así, para llevar a cabo el proceso, la Conselleria de Igualdad hizo una 'llamada a proyecto'; un mecanismo que evita el concurso al uso, pero que ha sido una constante desde que comenzara a utilizarlo la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de València a la hora de encargar trabajos de diseño. Este tipo de procesos, de hecho, es preferido por los profesionales del sector. La razón radica en que los responsables de adjudicar los contratos son profesionales del sector, aunque el jurado también está conformado por representantes políticos: uno de Presidencia de la Generalitat y otra de la conselleria competente.
En esta ocasión los ganadores para desarrollar las dos campañas de la conselleria de Oltra fueron la Agencia Éxit y Kartica, que recibieron sendos contratos de 17.999 euros. Un importe que bordea el límite para celebrar una convocatoria pública, fijado en 18.000 euros más IVA. Con los trabajos ya iniciados, el subsecretario emitió un informe que indicaba que no era "procedente la tramitación administrativa", y lo argumentaba esgrimiendo que no constaba "el informe acreditativo del desglose del precio".
Una cuestión que, según el mismo 'número dos' de la cartera de Oltra, podía chocar "con lo dispuesto en las Instrucciones Relativas a la Incorporación de Nuevas Cláusulas Sociales y Fomento de la Transparencia en la Contratación Administrativa (de la Secretaría Autonómica de Inclusión Social y de la Agencia Valenciana de Igualdad), así como con la normativa recogida en diversos informes fiscales y en informes sobre la cuenta de la Generalitat realizados para la Sindicatura". Sin el informe sobre el precio, podía entrar en contradicción, además, con lo establecido en el artículo 87.1 de la Ley de Contratos Públicos, que fija: "Los órganos de contratación cuidarán que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general del mercado".
Más allá del informe contrario del subsceratario de la misma conselleria de la vicepresidenta, la diputada en Les Corts, María José Ferrer San Segundo, cargó este viernes contra Oltra al criticar que no "existe contrato administrativo y, pese a ello, se adjudicaron los dos trabajos". Además, censura, en consonancia con el informe de Gamero, que no "se han cumplido los requisitos para poder contratar por defectos de procedimiento. Lo que se agrava por el hecho de estar ejecutado el contrato antes siquiera de ser firmado, lo que no lo va estar nunca porque es ilegal".
La parlamentaria del PP responde a las alegaciones del departamento de Oltra que expresan que el informe negativo era "la mera opinión del subsecretario". "No es su opinión simplemente. El expediente no se ha completado al faltar su firma por haberse infringido las normas que se citan. Y no es que no haya documento: es que no hay contrato porque el informe para justificar el precio, que es un requisito esencial, se ha eludido en el proceso".
"¿Cómo van a pagar unos trabajos que se han contratado sin contrato y eludiendo los requisitos legales?", cuestiona la diputada popular. "Sería totalmente improcedente abonarlos por la vía del enriquecimiento injusto, porque no hay contrato al haberse prescindido por la Conselleria de Oltra del procedimiento legal y esta fórmula ha de utilizarse en casos de necesidad y las campañas publicitarias no lo son", remata San Segundo.
