La ministra María Jesús Montero, este martes en el Senado. Foto EFEVALÈNCIA. La temperatura sigue subiendo entre el Gobierno central y Compromís, socio del PSPV en el Consell del Botànic pero cada vez más crítico con la gestión que viene realizando el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez en Madrid.
El penúltimo 'enganchón' lo protagonizaron este martes la ministra de Hacienda en fuciones, María Jesús Montero, y el senador de la coalición valencianista, Carles Mulet. La razón del choque, una clásica de las últimas semanas, la pregunta del parlamentario sobre la fecha de llegada de la actualización de las entregas a cuenta -450 millones de euros- y el pago del IVA de diciembre de 2017 -280 millones- que el Estado debe a la Comunitat Valenciana.
Un rifirrafe que, en esta ocasión, derivó en una afirmación de la ministra que no deja en buen lugar a los autores de los Presupuestos de la Generalitat de 2019. Unas cuentas que en su día sorprendieron por su fuerte carácter expansivo que las hacía situarse un 9,9% por encima de las presentadas en el anterior ejercicio, con unos ingresos "optimistas", como los calificó el conseller de Hacienda, Vicent Soler.
El realismo ha disparado el déficit y el Ministerio de Hacienda ordenó un nuevo Plan Económico Financiero (PEF) que implica recortes en el gasto. Lo ordenó antes de que surgiera la polémica de las entregas a cuenta. Es decir, la orden de hacer ajustes llegó antes de los retrasos en las transferencias del Estado.
"Todos aquellos que dicen que hacen recortes en función de la no actualización de las entregas a cuenta faltan a la verdad porque no se trata de recortar el gasto sino de buscar una fórmula que permita que esas entregas a cuenta den liquidez a las CCAA", sentenció Montero durante su primer turno de respuesta, reflexión que amplió en su segunda réplica a Mulet: "Le doy un dato: lo que se adeuda de las entregas a cuenta supone en torno a 15 días de tesorería de las CCAA. Ni es que no se les haya entregado el dinero ni es ni mucho menos que tengan que hacer recortes porque de lo que hablamos es de liquidez para hacer frente al pago de compromisos de gasto que ya se hayan adquirido".
Una afirmación que evidencia lo que ya se ocuparon de aceptar, tras semanas de ciertos devaneos, días atrás tanto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como Soler. Habrá recortes aunque lleguen los 450 millones de las entregas a cuenta e incluso probablemente aunque se reciban los 280 millones correspondientes al IVA. Una posición que desde el Ejecutivo valenciano, sobre todo desde la parte socialista, se ha insistido en atribuir al rechazo que sufrieron los Presupuestos de Sánchez por parte del PP y las fuerzas independentistas, pero sobre el que desde distintas fuerzas del Consell también han contribuido a crear una neblina sobre otras causas -incluidas las entregas a cuenta aparte de la infrafinanciación- que han contribuido a alejar la que es otra de las razones fundamentales: los presupuestos excesivamente optimistas tejidos por el Botànic I en el último ejercicio.
En cuanto al debate, Mulet criticó al Gobierno al considerar que está "secuestrando" el dinero de las CCAA y propuso que el Ejecutivo habilite un préstamo al 0% de interés a través del ICO para las autonomías que sufren más el "bloqueo".
La ministra, por su parte, recordó que el informe de la Abogacía del Estado solicitado explicitó que el Gobierno en funciones no puede hacer las actualizaciones de las entregas a cuenta -el informe se ciñó a esa pregunta concreta-, por lo que insistió en que su departamento seguirían trabajando para encontrar "una fórmula que permita hacerles llegar, antes de final de año, ese dinero". En esta línea, sí admitió a lo largo del debate que la Comunitat Valenciana y Murcia son dos regiones en una situación más compleja porque necesitan liquidez para pagar a los proveedores.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
