VALÈNCIA. Un mes después de aprobarse el decreto del nuevo plan de 7.000 millones en ayudas directas, Gobierno y Comunidades Autónomas aún no han pactado las condiciones para su reparto a empresas y autónomos. El Ministerio de Hacienda y las CCAA deben firmar antes de este martes los respectivos convenios para la gestión autonómica de los fondos, justo cuando expira el mes de plazo fijado en el propio Real Decreto Ley que entró en vigor con su publicación en el BOE el 13 de marzo.
Sin embargo, hasta este mismo domingo, el departamento que dirige María Jesús Montero, aún no había convocado a las regiones para formalizar esos convenios y avanzar en la transferencia del dinero a las CCAA. En el propio Real Decreto Ley, el Miinisterio de Hacienda se comprometía con ellas a transferir los fondos en los días posteriores a la firma para que estuviera disponible "cuanto antes" para ayudar al tejido productivo.
Por el momento, lo único que tienen las comunidades es un borrador que el Ministerio de Hacienda les remitió la noche del pasado jueves para que realizasen aportaciones. El plazo que les ha dado para ello es muy ajustado, ya que Montero les exigió tener de vuelta las alegaciones este mismo lunes. Consultado al respecto por Valencia Plaza, el Ministerio de Hacienda no concretó la fecha prevista para la formalización de los convenios ni para la transferencia de los fondos y remitió a los plazos fijados en el decreto.
Entretanto, el Ministerio de Hacienda aún tiene que aprobar una orden para especificar cuestiones técnicas necesarias para la convocatoria y desarrollo de las ayudas, pero tampoco se sabe nada sobre la misma. Los aspectos técnicos para adjudicar y justificar las ayudas son precisamente el punto en el que ha encallado el proceso, ya que el Gobierno y las CCAA están en plena discusión sobre los criterios.
El Ministerio solo ha marcado los requisitos esenciales para beneficiarse del fondo, pero ha dado tanto margen a las autonomías en la gestión del mismo que estas han advertido del riesgo de quedar ahogadas en su propia burocracia. Por ejemplo, con el diseño actual, cada autonomía decidirá si asigna la misma cantidad a todas las empresas que soliciten la ayuda y cumplan los requisitos, independientemente de sus pérdidas, o si las reparte en función del mayor o menor impacto de la crisis por sectores.
El envío a las CCAA del borrador del convenio llega después de varias semanas esperando una respuesta por parte del Ministerio de Hacienda a sus diferentes peticiones para que se tengan en cuenta determinados aspectos técnicos para adjudicar y justificar.
En el caso de la Comunitat, estas dudas fueron recogidas en un documento remitido al Ministerio de Hacienda con el que el departamento que dirige Vicent Soler solicitaba que no sea necesario comprobar factura a factura que las beneficiarias cumplen los compromisos.
En concreto, para agilizar la tramitación, la Conselleria de Hacienda proponía que, una vez se compruebe que una empresa cumple los requisitos de entrada, el control posterior no sea para ver el destino de los fondos, sino que baste con que la empresa continue su actividad a 30 de junio de 2022 para dar el objetivo por cumplido. De lo contrario, las comunidades podrían necesitar meses para comprobar las facturas.
La Conselleria de Hacienda también aspiraba a conocer con antelación –mediante los datos disponibles en la Agencia Tributaria (AEAT)– el número de empresas de la Comunitat pertenecientes a los 95 sectores de actividad definidos por el Gobierno central potencialmente beneficiarias de las ayudas, ya que el requisito de entrada pasa por acreditar una merma en sus ingresos de como mínimo el 30% respecto a 2019.
Sin embargo, a la vista del borrador que les llegó el jueves, esto no ha sido tenido en cuenta. Al contrario, serán las CCAA las que cada lunes remitan a la Agencia Tributaria todas las solicitudes recibidas y, siete días después, la la Delegación Especial correspondiente precisará si cada empresa cumple o no con el requisito de haber reducido su facturación, al menos, un 30%.
La Conselleria de Hacienda ha insistido en esta petición en las alegaciones al convenio que enviará este mismo lunes. En concreto, pide que la AEAT facilite por adelantado la información que dispone de los beneficiarios, como puede ser el CNAE al que pertenecen, número de trabajadores o domicilio fiscal para evitar tener que solicitar esta información básica al tercero, con lo que ello conlleva de tiempo de tramitación y comprobación.
La Generalitat, a través de la Dirección General de Modelo Económico que dirige Juan Pérez, ha avanzado en determinados aspectos para agilizar la tramitación y la resolución de las ayudas, a falta de firmar las condiciones definitivas para la gestión del fondo.
Según explica Pérez a Valencia Plaza, se ha adelantado en el borrador del decreto autonómico con el que se repartirán los 647 millones que le corresponden a la Comunitat para aprobarlo cuanto antes. La idea es convocar las ayudas con un único decreto para todos los sectores, con un único órgano gestor.
La ayuda mínima es de 3.000 euros para los autónomos que tributan por módulos y de entre 4.000 y 200.000 euros por empresa para el resto. El real decreto del Consell concretará la forma de reparto, pero la idea es asignar las cantidades mínimas a todos los solicitantes que cumplen los requisitos y prorratear el dinero sobrante en función de la pérdida de facturación que acredite cada uno.
También se ha trabajado con la Intervención con vistas al control previo y posterior de las ayudas y con la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) en la preparación de un sistema de solicitudes talemático.
A la Comunitat Valenciana le corresponden 647 millones de euros de este fondo dotado con 5.000 millones para todas las CCAA excepto Baleares y Canarias, que se reparten otros 2.000 millones hasta completar los 7.000. El Gobierno ha cedido a los gobiernos autonómicos la gestión directa de estos fondos destinados a cubrir las pérdidas de las empresas y autónomos más afectados por la pandemia, pero los criterios concretos para repartirlas aún no están regulados.
El Real Decreto Ley fue aprobado por el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria el pasado 12 de marzo y entró en vigor con su publicación en el BOE al día siguiente, sábado.
En el mismo se establecía que Hacienda y las CCAA debían suscribir en el plazo de un mes un convenio de colaboración entre administraciones para concretar cuestiones como el intercambio de información entre las Administraciones Tributarias, la mención en las acciones apoyadas al Gobierno de España como financiador o la obligación de suministrar información detallada sobre las convocatorias y los resultados.