ALICANTE. Sigue el pulso entre la Diputación de Alicante y la Generalitat por la celeridad o no de la transferencia de los fondos que deben aportar la institución provincial al Plan Resistir. Pero también por las ayudas provinciales extraordinarias de la institución. Por una parte, los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, vienen denunciando el retraso en la llegada del dinero a los ayuntamientos; mientras que el propio presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, considera que la propia Generalitat ha puesto, en este caso, un nuevo obstáculo a la ayuda extraordinaria de la Diputación de 9 millones de euros a profesionales afectados por la crisis del Covid-19: los ayuntamientos que quieran contribuir con fondos propios a la aportación provincial de 9 millones de euros aún deberán esperar otro pronunciamiento autonómico, según el equipo de Mazón.
Es decir, que al retraso de las transferencias de la Diputación de Alicante al Plan Resistir (que comparten Generalitat, ayuntamientos y diputaciones), se suma una nueva traba: un informe para los ayuntamientos que quieren complementar las ayudas extra de la institución provincial.
Sobre el Plan Resistir, el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante justifica el retraso en la transferencia de la partida del Plan Resistir, tiene una justificación: que "la Generalitat Valenciana ha ralentizado con burocracia, con demoras en sus respuestas institucionales y con la solicitud de más trámites la llegada de los fondos provinciales a los ayuntamientos con destino a autónomos y pymes del territorio".
Sobre la ayuda extra de la Diputación, explica la institución en un comunicado que tras más de un mes de retraso en recibir una respuesta autonómica a la solicitud de la Diputación para hacer efectiva esta ayuda extraordinaria de 9 millones de euros a profesionales afectados por la crisis del Covid-19, ahora la Generalitat expone, además, que queda pendiente otro pronunciamiento de la Conselleria competente sobre la no duplicidad para aquellos municipios que quieran aportar fondos propios a dicho plan. La Generalitat replica que ese informe es preceptivo, la Diputación lo sabía y no lo pidió en tiempo y forma.
La Dirección General de Administración Local de GVA remitió este lunes 22 de marzo su informe sobre la inexistencia de duplicidades a la inversión de la institución, cuando el requerimiento de la presidencia de la Diputación fue enviado el pasado 17 de febrero de este año. En él se solicitaba a la Generalitat, de cara a agilizar y simplificar procedimientos, que las ayudas llegaran rápidamente a las entidades locales, motivo por el cual se pedía “un pronunciamiento expreso y general de la Conselleria competente, en especial para aquellos casos en los que los consistorios decidieran aportar también fondos propios”.
La respuesta, dice la institución provincia, "llegó a principios de esta semana, más de un mes después del envío del documento provincial, y en ella solo se da el visto bueno a las ayudas para aquellos ayuntamientos que no añadan aportación adicional municipal. En cambio, añade la institución, "los que pretendan completar las ayudas provinciales con una inyección económica de sus propias arcas deberán esperar, según recoge el texto autonómico, el pronunciamiento de la Conselleria competente por razón de la materia".
A juicio del gabinete del popular Carlos Mazón, "la relación de los hechos pone en evidencia que la Generalitat Valenciana es la responsable de que las ayudas de la institución a autónomos y pymes se estén retrasando, debido a la excesiva burocracia requerida y a la tardanza en la emisión de informes".
La Diputación de Alicante constata, además, con documentación intercambiada entre ambas administraciones, que el año pasado esta misma situación, con las ayudas a ayuntamientos para minimizar los efectos del Covid, se desenvolvió de forma más ágil, tanto en los tiempos de respuesta por parte de la Generalitat, como en la resolución de informes finales.
No comparte este punto de vista el director general de Administración Públicas de la Generalitat, Antoni Such, quien persiste en el argumento de tardanza en la tramitación de las ayudas por por parte de la Diputación de Alicante. "Las de Valencia y Castellón lo han resuelto con más celeridad, y no creo que sean instituciones distintas; el dinero de esas diputaciones ya lo tienen los ayuntamientos, incluso algunos han tenido que hacer modificaciones presupuestarias", ha afirmado.
Pero la polémica no se halla en las ayudas del Plan Resistir. La polémica, como dice la nota de la diputación alicantina, está en las ayudas extra por valor de 9 millones de euros que da directamente la institución que preside Mazón y la participación en ellas de los ayuntamientos. A esas ayudas les falta un informe de la Generalitat, que debe solicitar la Diputación. Se trata, según explica Such, del informe suficiencia presupuestaria preceptivo, que debe elaborar la Conselleria de Hacienda, y que la Diputación de Alicante debió pedir con más antelación. "Lo más fácil es culpar a los demás; pero no este caso si se compara como han actuado las otras diputaciones y la de Alicante se ve a las claras quién hace bien las cosas, o quien las hace con celeridad", ha indicado Such, quien lamenta las acusaciones del gabinete de Mazón.
Toda la polémica del nuevo informe se ha generado después del pleno de este viernes, en el que se ha aprobado la dotación de la Diputación para el Plan Resistir. Y ahí es donde se han podido ver las diferentes versiones. Por ejemplo, el PP ha atribuido la tardanza a que la institución provincial alicantina, a diferencia de las de Castellón y Valencia, tiene asumidas competencias impropias – Doctor Esquerdo y Hogar Provincial, por más de 25 millones de euros. “No se puede hacer esa comparación, porque si nosotros dispusiéramos de ese margen, les puedo asegurar que ese dinero lo tendríamos dispuesto desde el minuto uno, pero no lo podemos hacer hasta que la Generalitat asuma esas competencias que le corresponden, lo que nos obliga a recurrir a los remanentes”, ha señalado.
Por otra parte, ha manifestado que la aportación de la Generalitat se ha realizado a través de confirming, con fecha de mayo, “y el dinero, por tanto, tampoco ha llegado todavía a la caja de los ayuntamientos que, en algunos casos, se han visto obligados a adelantar el dinero”.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos y diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, ha mostrado su respaldo a las ayudas aprobadas para el Plan Resistir, pero ha criticado la escasa aportación del Consell en términos comparativos “frente al gran esfuerzo que tendrán que hacer las diputaciones y los ayuntamientos, que pondrán el 22,5% y el 15% del programa, respectivamente". Según ha detallado Gutiérrez, la Diputación de Alicante contribuye en el Plan con más del 6% de su presupuesto, casi 15 millones de euros. “La Generalitat debería poner 1.500 millones si comprometiese el 6% de su presupuesto. En ese escenario, a Alicante le tocarían 540 millones de euros y lo que en realidad va a llegar a nuestra provincia son 41 millones de euros y además no de las arcas autonómicas, sino de los Fondos Europeos”, ha asegurado.
El diputado de Ciudadanos ha argumentado que “los números demuestran que el Botànic una vez más está a mucha distancia del esfuerzo que tendrán que hacer las sufridas administraciones locales, incluidas las diputaciones” y ha reprochado que el decreto del Consell “no haya contemplado la exoneración de la obligatoriedad de estar al corriente de pago de tributos y seguros sociales, lo que posibilitaría que un mayor número de empresarios y autónomos pudiesen optar a estas ayudas en la situación de emergencia social que atravesamos”. En este punto, el director general de Administración Pública, Antoni Such, sí que ha replicado que el decreto de la Generalitat sí que permite que las empresas con deudas puedan optar a este tipo de ayudas.
Por último, el grupo socialista, a través de su portavoz, Toni Francés, ha censurado que la aportación de la Diputación todavía no haya llegado a los consistorios. Finalmente, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, también ha expresado que “las ayudas podrían haberse formalizado antes”.
