ALICANTE. Se suele decir que no hay mejor defensa que un ataque. Y eso es lo que ha hecho el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, formado por PP y Ciudadanos. Este lunes, ha celebrado una junta de gobierno en la que el Gobierno que lidera Carlos Mazón anuncia que parte de los remanentes de 2019, unos 40 millones de euros, se destinarán a obras financieramente sostenibles. ¿Por qué se anuncia un 23 de diciembre, cuando normalmente la cifra de las partidas no ejecutadas del presupuesto se conocen en marzo o abril? El objetivo, claro está, es político: con este paquete de inversiones, la Diputación cumple algunas de las reivindicaciones de los grupos de la oposición, de PSPV y de Compromís; algunos compromisos del anterior mandato, como algunas ayudas nominativas por proyectos singulares, y se incluyen, a su vez, obras de los planes de cooperación que quedaron bloqueados.
Además, la Diputación ha jugado con una ventaja: el año electoral suele ser de baja ejecución presupuestaria en casi todas las administraciones locales por y, por tanto, disponía de más dinero que en otros ejercicios, cuando los sobrantes del presupuestos ha alcanzado los 30 millones. Es decir, esta vez, el PP y Cs cuentan con casi 10 millones extra.
De esta manera, se pueden dar cabida a muchos proyectos pendientes, o a las ayudas a los municipios afectados a la DANA, cuya indefinición había sido criticada por PSPV y Compromís, que calificaron los anuncios de Mazón en la Vega Baja como globos sonda. Así, de esta manera, De los cerca de 40 millones de euros dispuestos en este programa, 27,7 millones proceden del departamento de Planes y Obras y se destinarán a la convocatoria de subvenciones a favor de los municipios del territorio para inversiones financieramente sostenibles (15 millones), al Plan de Ayudas a las localidades afectadas por la DANA en septiembre de este año (6 millones), a los ayuntamientos de Xàbia, Finestrat, Los Montesinos, Pego, Rafal, Redován y Tibi (6,2 millones) que presentaron su solicitud para el Plan Especial de Obras y Servicios,, también conocidas como obras singulares.
Y con todo este armamento político, PP y Cs afrontarán el pleno de los presupuestos, previsto para el lunes de 30 de diciembre, con una respuesta para muchas críticas, especialmente, las de las ayudas a la DANA. Es decir, que Mazón irá blindado al debate presupuestario. Y además, con tono conciliador si finalmente PP y Cs admiten algunas de las enmiendas del PSPV y Compromís, como parece. Incluso, para la enmienda a la totalidad del Fondo de Cooperación Municipal, presentada por los socialistas, al que finalmente la institución no se sumará, también hay argumentario: Presidencia inició los trámites de la comisión bilateral de manera tardía y por lo tanto, no hubo ni tiempo (otra cosa es la voluntad) para buscar partidas por valor de 13,7 millones de euros. Es decir, que Mazón saldrá previsiblemente airoso de sus primeras cuentas, si además, se gana la abstención de alguno de los dos grupos de la oposición.
De esta manera se pueden alcanzar los 130 millones en inversiones para asistencia a municipios: los 90 millones de euros que prevén los presupuestos de 2019, más estos 40 millones en obras sostenibles.
La otra conclusión de este paquete de inversiones que ha anunciado la Diputación es la destinada al Hogar Provincial, uno de las instalaciones que deben pasar a manos de la Generalitat en los próximos años, en cumplimiento al traspaso de las competencias impropias, que corresponde financiar y sufragar a la Conselleria de Igualdad. Y así lo ha desvelado el portavoz del equipo de gobierno, Adrián Ballester: "Se sigue "invirtiendo en la mejora del Hogar Provincial con el objetivo de que el centro esté en las mejores condiciones cuando se lleve a cabo el traspaso de competencias a la Generalitat". En total, serán 800.000 euros con destino a la reforma de ciertas áreas del Hogar Provincial como la Farmacia, las plantas segunda y tercera y las zonas de acceso y parking, entre otras.
Con ello, PP y Cs seguirán defendiendo, como han hecho hasta ahora, que las negociaciones con el departamento de Mónica Oltra son más ágiles con la Conselleria de Sanidad, que debe asumir el centro asistencial Doctor Esquerdo. De momento, no ha arrancado la comisión bilateral entre Generalitat y Diputación para esta cuestión.