VALÈNCIA. Luis Garicano defiende con vehemencia la racionalidad en el gasto de cada euro de dinero público. El responsable del programa económico y social de Ciudadanos lo manifiesta cuando rechaza que se invierta en infraestructuras y dotaciones que carezcan de "sentido". Así lo cree en el caso de la futura televisión pública que planea poner en marcha el Consell o el Banc de la Generalitat, que le produce rechazo porque le evoca el desastroso desenlace de las cajas de ahorros.
–La Comunitat Valenciana trabaja en la puesta en marcha de un banco público o banco promocional, ¿qué opina de este tipo de iniciativas?
–Me parece una idea horrible. Ya hemos visto lo que pasa cuando se asigna la financiación con criterios políticos. Ninguna comunidad lo ha visto más que Valencia con el tema de las cajas. Me parece fatal volver a estas ideas.
–¿Y sobre la reapertura de la televisión pública?
–Me parece que el trabajo de los gobiernos regionales, municipales o nacionales es resolver problemas y no crearlos. El asunto lingüístico nunca ha sido un problema en Valencia y ahora se está creando con lo que está haciendo el Govern. El problema de la televisión, de volver a empezar esa obra faraónica, me parece que no es la prioridad. El dinero ha de ir a becas, mejorar la educación de los todos valencianos, no solo de los que cogen un itinerario u otro, a invertir en mejorar el capital humano y la formación, no en dividir y en otra vez tratar de crear problemas donde no los hay. Todo es muestra de la misma obsesión identitaria que no es, como hablaba antes de Macron, resolver los problemas para que los ciudadanos estén mejor, sino como Le Pen: vamos a crear estas cuñas y estas diferencias para crear estas diferencias para conseguir crear estas identidades que luego nos van a favorecer.
–¿No se lo puede permitir la Comunitat Valenciana?
–Ni se lo puede ni debe. Todos tenemos que tratar de que los salarios suban con mejor productividad, que la educación sea mejor y la gente tenga más oportunidades.
–Usted ha defendido revisar el cupo vasco. ¿Qué opina de la revisión a la baja que ha pactado el Gobierno a cambio de los votos del PNV a los presupuestos?
–Como ha dicho Albert Rivera, votaremos en contra de la Ley del Cupo. Nosotros creemos en la igualdad de todos los españoles y pensamos que no debe haber privilegios de unos frente a otros.
–Pero la rebaja del cupo afecta a los Presupuestos porque se reducen los ingresos...
–Pero no a estos que vamos a votar ahora.
–También ha habido mercadeo con las inversiones para alcanzar la mayoría. Del cupo se recortan unos 400 millones de ingresos y se aumentan las inversiones en el País Vasco y previsiblemente en Canarias. ¿Qué mensaje se lanza al resto de Comunidades Autónomas?
–Nuestra posición en estos temas siempre ha sido que las inversiones en infraestructuras se tienen que justificar con criterios sociales y económicos. Nosotros hemos defendido siempre el Corredor Mediterráneo como prioridad y lo vamos a defender siempre porque es evidente que la segunda y la tercera ciudad del país han de estar mejor conectadas que ahora. Es una infraestructura vital. Estamos a favor de las infraestructuras que tengan sentido económico o social, pero no de las que no lo tengan.
–Pero la mayoría de comunidades que se quejan es porque realmente tienen alguna carencia...
–No me parece que se pueda sospechar de la posición de Ciudadanos en ese sentido, que siempre defiende la igualdad de todos los españoles y por eso vamos a votar en contra de la reforma del cupo. Nosotros siempre hemos hablado claro y nos ha costado caro. Es un pacto al que ha llegado el Gobierno con el PNV y hay que preguntarles a ellos.
–Ciudadanos lleva en su programa el Corredor Mediterráneo y al Corredor Atlántico. En los últimos meses algunas comunidades están promoviendo el apoyo al ramal central del Corredor Mediterráneo ¿cuál es su posición en este asunto?
–Yo no entro en los temas de ingeniería de qué ramal. Lo que está claro es que desde Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Barcelona hay una serie de comunidades autónomas que necesitan una infraestructura que nos parece vital.
–Ustedes defienden la supresión del impuesto de Sucesiones para las clases medias y la devolución al Estado de la gestión del de Patrimonio. ¿Hay que reducir autonomía fiscal de las comunidades?
–Lo que hemos propuesto para Sucesiones es crear una horquilla que genere menos diferencias y en patrimonio, que tenga un carácter más censal sin que sea un impuesto de carácter recaudatorio. Nos parece que ha habido demasiada desigualdad entre regiones en temas impositivos y hay que cerrar más esa discriminación de unos ciudadanos frente a otros. Eso puede crear distorsiones en la unidad de mercado de gente que, por ejemplo, se va a morir a otra comunidad para no pagar Sucesiones. Esto es una distorsión enorme.