VALÈNCIA. El economista y eurodiputado Luis Garicano es desde hace algo más de dos años jefe de delegación Ciudadanos Europa y vicepresidente del grupo parlamentario Renew Europe, sucesor de la Alianza de Liberales y Demócratas para Europa (ALDE). En los últimos meses ha participado activamente en el diseño y seguimiento del eurofondo de recuperación, además de fiscalizar el buen uso de las ayudas estatales que se conceden al amparo de Marco Temporal comunitario, como el controvertido rescate del Gobierno español a la aerolínea Plus Ultra.
Garicano, profesor de Economía y Estrategia del Instituto de Empresa y de la London School of Economics, critica que decisiones como la reciente subida del salario mínimo se hayan tomado sin evaluar las consecuencias y alerta de su posible impacto en forma de pérdida de competitividad si la economía sigue en una espiral ascendente de precios y salarios.
A nivel comunitario, aunque ensalza la respuesta inmediata de la UE a la crisis de la covid, considera que a medio plazo se debería revisar el modelo de gobernanza y avanzar hacía una verdadera política exterior común.
–¿Qué opina de cómo ha llevado el Gobierno la negociación para la subida del SMI?
–Creo que en España estamos pasando por una etapa de nuevos ricos. Ya nos pasó en 2006 y 2007. Hay dinero para todo, hay que subirlo todo... Y me temo que lo que se nos va a generar de nuevo es una enorme pérdida de competitividad. Cuando la inflación suba en enero el 3% o lo que sea y los salarios públicos y las pensiones suban lo mismo, el sector privado hará lo mismo y nos meteremos en una espiral de subida de precios y salarios con una inflación creciente que nos va a hacer perder competitividad respecto a otros países de la eurozona y generará déficit por cuenta corriente. Me da la impresión de que el Gobierno de España está actuando de nuevo rico. La subida del SMI con el paro juvenil más alto de Europa es un síntoma más. Es parte de la negación de la realidad en la que estamos.
–¿Comparte la visión del Banco de España sobre los empleos que se destruyeron o no se crearon con la anterior subida?
–Costó 400.000 empleos según el Banco de España. Es una decisión política, se ha de decidir si a nuestros jóvenes, que tienen tantas dificultades de acceso al mercado de trabajo, se lo queremos poner aún más difícil. Porque para contratar a una persona que no tiene experiencia ni formación las empresas han de hacer un esfuerzo que a lo mejor ya no hacen.
–¿Cree que la anterior subida del SMI tampoco estaba justificada?
–Siempre hace falta evaluar cualquier política pública, calcular sus efectos y decidir. Aquí se hace todo sin evaluar y sin medir. Eso es lo que se tendría que haber hecho con la subida anterior para ver si realmente España se lo puede permitir. Creo que realmente el problema más grave que tiene España es la brecha generacional; lo vemos en el mercado laboral, con los jóvenes que están en temporal, inestable o precario, y lo vemos con la vivienda, con jóvenes que no pueden alquilar porque no les da ni comprar porque les es imposible dar la entrada, y lo vemos en pensiones, porque todas las subidas hay que pagarlas.
–El presidente Pedro Sánchez quiere tratar en el seno de la cumbre de líderes de la Unión Europea el debate sobre el coste de la energía para estudiar una solución conjunta, ¿Qué le parece la estrategia de exportar este debate a Europa?
–Tenemos que partir del reconocimiento de que la descarbonización supone incremento de los costes energéticos, algo que muchas veces se trata de obviar pero la lucha contra el cambio climático provoca aumentos del coste de los combustibles fósiles por vía impositiva y precio del mercado de emisiones. El precio del mercado de emisiones de carbono se ha disparado porque la UE ha dicho que vamos a ir más rápidos en la descarbonización. Aquí tenemos una tormenta perfecta en la que la subida de los derechos de emisión más la del gas, en parte porque (Vladimir) Putin nos está intentando dar un toque porque Gazprom prácticamente no ha exportado gas a Europa este año, unido al diseño imperfecto de nuestro mercado eléctrico.
El problema clave es avanzar hacia la descarbonización sin que los ciudadanos que no se lo puedan permitir sufran unos costes excesivos. Debemos tener una suerte de bono eléctrico general. El dinero que se recaude por la vía de la subida de los precios eléctricos tiene que ir directamente devuelto a los consumidores que más lo necesitan. Esa es la clave. La idea ya está presente en Europa con un fondo para ello, pero creo que el presidente del Gobierno debe de tratar de resolver los problemas que tienen que ver con España, donde tenemos un sistema muy mal diseñado.
–Se ha puesto una solución transitoria...
–No me gusta nada porque son todo patadas a seguir. Cambios impositivos temporales que crean problemas grandísimos a futuro. El déficit del gas, como el déficit de tarifa eléctrica que hubo, lleva a crear una bola gigante de deuda. Vamos a pagar el gas a un precio menor de lo que cuesta, con la promesa del Gobierno de que lo pagaremos luego. Al principio del Gobierno de (Mariano) Rajoy, el déficit tarifario había alcanzado los 30.000 millones. Estas patadas hacia delante no solucionan nada.
–¿Es esta la mayor crisis a la que se enfrenta el Gobierno en términos de coste político?
–Sin ninguna duda. El Gobierno estaba contando con el viento de cola de la recuperación y los fondos europeos, pero el problema de los costes del mercado energético es muy grave. Todo lo que afecte a la cesta de la compra supone para el Gobierno un reto enorme. Y la energía es quizás el que más impacto tiene porque afecta a decisiones cotidianas continuamente. El coste, sin duda alguna, es enorme.
"La energía es la crisis de mayor coste político a la que se enfrenta el Gobierno"
–Las CCAA están pidiendo capacidad de gestión de los fondos Next Generation EU, pero van a ser los ministerios los que decidirán el reparto en las diferentes conferencias sectoriales. ¿Es realista la expectativa de cogestión o el dinero se va a asignar como si fueran fondos finalistas?
–El dinero se va a asignar desde Moncloa básicamente. Las CCAA han pedido autonomía de gasto, pero la decisión sobre qué programa se aprueba y cuál no es del Gobierno central.
–¿Existe confianza en Bruselas sobre la capacidad de España para aprovechar los fondos europeos y completar las reformas a las que se ha comprometido?
–No sé si diría confianza o un poco de inconsciencia por parte de algunos en la Comisión Europea. Hay mucha gente que está preocupada, que sabe que en el Gobierno hay un elemento populista muy fuerte que no va a querer necesariamente que el dinero se gaste bien. Pero el elemento clave que debemos entender es que la Comisión se cansó de ser el malo de la película en la crisis financiera anterior y ahora tienen todo este dinero y quiere ser la buena de esta recuperación. Eso les lleva a ser un poco más optimistas sobre cómo se va a gestionar el dinero.
–Pero la Comisión no va a desentenderse del control del dinero...
–Nosotros tenemos cada dos semanas en el Parlamento a una persona de la Comisión en un grupo de trabajo de 25 personas para el seguimiento. Pero creo que el momento clave va a venir en el momento en el que no haya reformas o haya reformas cosméticas. El dinero europeo tradicionalmente era una subvención que se otorgaba antes del proyecto, pero esta vez el dinero se basa en resultado, el dinero se da cuando se consiguen los hitos y los objetivos. El Gobierno se ha comprometido, firmando un contrato, a una serie de hitos y objetivos que, conforme se vayan cumpliendo, se irá generando el dinero.
Yo he preguntado a la Comisión y he empujado a la Comisión a que clarifique cuál es el coste para un país no hacer las reformas. Esto es, si España no hace la reforma laboral o la de las pensiones, cuánto pierde. Ellos siempre dicen que no quieren revelar sus cartas y se revelan el derecho de decir cuánto cuesta cada hito no cumplido. Ahí es donde está la clave del seguimiento. ¿Van a ser capaces políticamente de limitar el dinero si no se cumplen los hitos? Legalmente el derecho lo tienen porque el Parlamento se lo dio cuando se aprobó el reglamento de los fondos de recuperación, pero ya veremos si políticamente lo van a hacer porque es mucho dinero y si dejan a algún país sin él, le hacen un agujero. En España, el peso del plan es muy importante porque prácticamente cada pago equivale al 1% del PIB.
–Usted ha sido especialmente crítico con el rescate a Plus Ultra, ¿cree que este caso está retrasando otros rescates más justificados?
–Creo que la SEPI inicialmente no estaba haciendo bien las cosas. La ayuda de Plus Ultra es un ejemplo de una ayuda que no cumplía con los objetivos del fondo. Creo que es bueno que revisen y que se aseguren de que las dan bien, pero sería muy malo que por haberlo hecho mal la primera vez ahora no quieran hacerlo bien. Efectivamente se les ve más remolones. Deben gastar el dinero y gastarlo bien.
–¿Ha afectado este asunto a la imagen de España en la gestión de los fondos de recuperación?
–Es un asunto que le ha chocado mucho a todo el mundo en la Comisión porque nadie entiende por qué un grupo de venezolanos con un pasado extraño cercano a Maduro se les considera una empresa estratégica cuando no lo es.
–El Gobierno acaba de pedir a Bruselas más plazo para ejecutar el fondo de ayudas para asegurar la solvencia empresarial, no parece un buen precedente para gestionar el grueso del fondo de recuperación…
–El problema es cómo ha dado el Gobierno estas ayudas, que son subvenciones una por una que requieren justificar una por una. Eso supone un papeleo inmenso. Se ha implementado de una manera poco realista. Se podría haber hecho con una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de tres meses sin haber preguntado nada. Eso es una ayuda directa. Las CCAA no están consiguiendo dar el dinero y muchos autónomos no lo quieren pedir por el papeleo y mucha gente no sabe que tiene acceso a ello. La administración, como era de esperar, no tiene capacidad de procesar esa enorme cantidad de papeles.
–¿Cuál cree que debe ser el papel de Europa en el pulso entre China y EEUU?
–Cuando EEUU ha decidido aliarse con Australia y Reino Unido es porque ha visto que Europa no tiene verdaderamente capacidad de acción. Empresas europeas, sobre todo las alemanas y las francesas, tienen su principal mercado en China y son incapaces de poner eso en peligro. Europa realmente son muchas palabras y pocas acciones. La pinta que tiene es que va a estar en los márgenes de este conflicto. Además, Rusia no está exportando gas a Europa y, si cierra la llave, vamos a tener un invierno de locos. Todo eso deja a Europa bastante débil.
Además, Europa estructuralmente no tiene una política exterior común. Se hace todo por unanimidad, con lo cual es muy difícil actuar en política exterior. Solo tiene realmente una política comercial potente, pero es precisamente en este ámbito donde las presiones para no hacer guerras comerciales son muy grandes porque exportamos mucho a China.
–Ahora que China trata de exportar también su modelo de sociedad en contraposición a EEUU parece que Europa juega el papel de mero espectador...
–Justo. Estamos como el ciervo paralizado en la autopista deslumbrado por las luces de un coche, sin moverse ni para un lado ni para el otro. No soy crítico con Europa porque su reacción ante la pandemia ha sido espectacular; nos hemos vacunado los primeros del mundo y económicamente ha financiado todos los ERTE, los ICO y la liquidez y solvencia de todas sus empresas a través del BCE. Y ha puesto en marcha un certificado digital que no existe en EEUU. Cuando hay una crisis, Europa reacciona, pero en política exterior los intereses son muy diversos. Lo vamos a ver ahora con Francia pidiendo solidaridad porque muchos países europeos saben que al solo hay un juego en el mundo que es la OTAN. Lituania, Letonia, Polonia, etcétera saben que si se quieren defender de Rusia necesitan a EEUU, no a Francia. Ese aspecto me parece muy difícil de resolver, que consigamos una política exterior común potente.
–¿Cómo deberíamos situarnos ante esa encrucijada?
–Lo que a mí me gustaría es avanzar hacia una política de Defensa común y un ejército común y que eliminásemos el requisito de unanimidad en política exterior. Las sanciones a Bielorusia estuvieron seis meses cuando había que sancionar a (Aleksandr) Lukashenko por lo que estaba haciendo con la oposición democrática porque un país pequeño como Malta se oponía a las sanciones. Eso es terrible.
"Europa son muchas palabras y pocas acciones, se va a quedar en los márgenes del conflicto China-EEUU"
–¿Es momento de revisar el modelo de gobernanza europeo?
–Sí y por eso estamos lanzando la conferencia para el futuro de Europa que es un esfuerzo para que Europa cambie su forma de enfrentarse a estos retos globales. Y la forma de hacerlo es empezando por escuchar a los ciudadanos y ver lo que ellos quieren.
–Inflación, escalada del precio de las materias primas, retirada de estímulos del BCE, tensiones geopolíticas,… El escenario apunta a que la salida de la crisis postcovid va a tener complicaciones añadidas...
–Hay un escenario que nos temíamos pero que no estaba en el horizonte que es el escenario de estanflación, el mismo escenario que en los setenta, marcado por una política monetaria muy expansiva y mucho crecimiento de deuda. Si se produce un choque de oferta como fue en los setenta el petróleo y ahora es la energía, se puede entrar en una espiral de subida de precios y salarios que provoque que la inflación se eleve por el lado de la oferta, se pierda competitividad y se pare la economía. En la crisis financiera todos hablamos de la falta de demanda agregada y de que hacía falta una política más expansiva por parte de los países europeos, pero ahora tenemos choques de ofertas de cosas que no se producen. La falta de chips está parando las fábricas de coches, no hay gas suficiente, no hay contenededores suficientes, etcétera. Tenemos un problema por el lado de la oferta.
–La financiación autonómica es un tema sobre en el que la Comunitat Valenciana existe gran sensibilidad. El Gobierno ha dado varios plazos para la reforma y se excusa en la dificultad de alcanzar un acuerdo político. ¿Qué opina de la forma en la que el Gobierno está abordando este asunto?
–El Gobierno lo está gestionando mal porque solo hay una forma de hacer un cambio en el modelo de financiación que sea aceptado por todos, un cambio objetivo: ver qué tiene cada comunidad y ver quién está sobrefinanciado y quién infrafinanciado. Cataluña está sobrefinanciada, pero eso nunca se va a admitir, sino que se les va a dar más dinero. Igual que el País Vasco. Se parte de una situación de desigualdad en la que los aliados del Gobierno y las comunidades que ya están sobrefinanciadas hacen como que necesitan más dinero. El punto de partida es totalmente político, sin una regla que diga lo que cuesta cada servicio. Y cuando se parte de ahí, la solución que se ponga encima de la mesa va implicar agravios para todos. ¿Por qué políticamente no se puede decir en España que Cataluña está sobrefinanciada si es eso lo que nos demuestran los datos? Sabemos perfectamente que el País Vasco es de lejos la comunidad con la mejor posición financiera y dada su riqueza tendría que estar contribuyendo y está recibiendo. Todo el debate está falseado por la incapacidad del Gobierno y de los políticos de decir la verdad sobre los números.
–En ese caso vamos a hacer una reforma sobre las bases de un sistema defectuoso de partida...
–Estoy muy de acuerdo. La realidad es que España está en un limbo en el que se parece cada vez más a un Estado federal y tenemos la muestra de cómo las autonomías del PP durante la crisis de la covid se han separado del Gobierno acentuado el aspecto federal de la estructura y buscando agravios. Deberíamos dar el paso de hacerlo sensato y arreglarlo para todos: finalizar las transferencias de competencias y hacer una financiación absolutamente objetiva. Lo más sencillo sería que cada parte contribuyera conforme a su PIB y recibiera conforme a su población que es lo que determina los servicios. Sería una fórmula sencilla que todo el mundo podría entender y deberíamos buscar algo así porque es más justo y lo puede aceptar todo el mundo. Porque si se hace a base de protestar y de pintar una raya que no existe como ha hecho el gobierno separatista catalán al final vamos a multiplicar todos los agravios y vamos a tener Teruel Existe multiplicado por veinte en toda España porque la gente termina convencida de que la única forma de conseguir algo es ir a por cosas particulares y no trabajar por el bien común. Eso sería muy grave para España.
"El punto de partida para reformar la financiación de las CCAA es totalmente político, sin una regla que diga lo que cuesta cada servicio"
–El Ministerio también ha puesto en marcha el mecanismo para la reforma fiscal y parece decidido a acotar la autonomía fiscal de las CCAA, ¿ve acertado ese enfoque o considera que debería haber otras prioridades?
–Son dos huesos muy duros de roer, pero los dos requieren solución. Creo que es más grave la reforma de la financiación autonómica y la que deberíamos priorizar. La reforma fiscal no la veo tan urgente ahora mismo.
–¿Cree que el Gobierno ha abierto ese melón porque le interesa políticamente?
–Totalmente. Es más una cuestión más de tratar de cambiar el marco político que de realmente resolver el problema.
—El presidente de la Comunitat, Ximo Puig, ha lanzado en varias ocasiones a Madrid la acusación de dumping fiscal, ¿cree que es adecuada esa calificación?, ¿cree que es un ejemplo de mal uso de la autonomía fiscal?
–El mayor contribuyente a los esquemas de transferencias de solidaridad entre CCAA es Madrid. Creo que la Comunidad de Madrid está aplicando en general una política económica inteligente que le está permitiendo crecer mucho. Lo que tenemos que hacer es facilitar las cosas a los negocios y no hacérselo más difícil como a veces se hace en otras comunidades.
–¿Cree que las CCAA lo pasarán muy mal el año próximo sin los fondos extracovid?
–No tengo esa impresión. Creo que va a ser una año de mucha liquidez para los gobiernos gracias a la ayuda europea que va a entrar y tengo la esperanza que a medida que se distribuya no existan esas potenciales tensiones.