Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El malestar y la frustración en la hostelería por el cierre decretado en la Comunitat Valenciana desde hace varias semanas, y que se prolongará hasta el 1 de marzo, ha llevado a varias asociaciones representativas de este sector a rebelarse. Tanto es así, que algunas ya han anunciado que el próximo martes 16 de febrero abrirán sus puertas como medida de protesta por la clausura decretada por la Generalitat . Una decisión que podría acarrearles importantes sanciones económicas, de hasta 60.000 euros, además del cierre del negocio hasta tres años en caso de llevar a cabo su insumisión.
Por el momento, la Asociación de Hosteleros de la provincia de Castellón (Ashocas), impulsora de la convocatoria, se mantiene firme. Pero no es la única. Han refrendado esta protesta hosteleros de toda la Comunitat Valenciana, desde Sagunt, Llíria, Elda o Petrer. Según el presidente de Ashocas, Álvaro Amores, son "más de 3.500 hosteleros de toda la Comunitat" los que prevén reabrir esa jornada. Y no temen las posibles represalias para sus negocios. "Abrimos con todas las consecuencias", asegura Amores.
En estos momentos, la hostelería únicamente puede abrir sus puertas para ofrecer servicios de delivery o take away, quedando totalmente prohibido el consumo interno en los establecimientos. Por tanto, según explican fuentes de la Conselleria de Justicia a este diario, la apertura en sí no supondría un problema si se hiciera con tal fin. El incumplimiento de la restricción fijada por la Generalitat Valenciana se produciría en caso de atender clientes y servir en mesas tanto en el interior como en las terrazas.
Sería entonces cuando se aplicaría el régimen sancionador aprobado por la administración valenciana para estos casos. En este sentido y según el decreto ley de julio que fija las sanciones por incumplimientos de las medidas contra la covid, existen diferentes grados de sanción en función de la gravedad de la infracción.
Así, la infracción leve, como por ejemplo el incumplimiento por parte de los establecimientos abiertos al público de los límites de aforo del local, cuando suponga riesgo de contagio o este afecte a menos de 15 personas, se penalizará con apercibimiento o multa de 60 hasta 600 euros. De igual modo, la no utilización de mascarilla en estos espacios tendrá una multa de 100 euros.
En caso de infracción grave, como por ejemplo incumplir los límites de aforo permitido cuando suponga riesgo de contagio a entre 15 y 150 personas o destinar el uso de espacios del establecimiento a actividades no permitidas, podrá ser sancionado alternativa o acumulativamente con multa de 601 a 30.000 euros y acumulativamente hasta 300.000 euros y la suspensión o prohibición de la actividad por un período máximo de seis meses.
En caso de infracciones más severas, esto es, aforos de más de 150 personas, supondrán hacer frente a sanciones de 30.001 a 60.000 euros y acumulativamente hasta 600.000 euros, así como la clausura del local por un período máximo de tres años y acumulativamente hasta 10 años.
Además, según fija la norma valenciana, no solo serán responsables los titulares de los establecimientos, sino también "quienes intervengan", en este caso los clientes. "Serán responsables solidarios cuando, por acción u omisión, permitan o toleren la comisión de infracciones", señala el decreto, que incide en que cuando el infractor sea un menor de edad, "serán responsables los padres, tutores o guardadores legales".
En la comparecencia de este jueves para anunciar la prórroga de las restricciones en la autonomía valenciana, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, abogó por el diálogo con la hostelería, a la que pidió que no hagan "atajos a la legalidad" ni que sea necesaria una "cuestión disciplinaria". "La Comunitat Valenciana ha intentado atender los intereses generales, también los de la hostelería, pero ahora no parece razonable que se baje la guardia y que haya una desescalada que dé lugar a una situación más difícil aún", señaló preguntado por esta decisión de una parte del sector.
Eso sí, no todos las asociaciones se sumarán a esta protesta. Desde la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (Conhostur) admiten que existe en estos momentos "un sentimiento de gran pesimismo, incertidumbre y descontento", pero rechazan la insumisión. "Entendemos que no es la vía para conseguir el objetivo común que perseguimos y que no es otro que recuperar el derecho a poder trabajar y ejercer la actividad empresarial", subrayan.
No obstante, insisten en exigir ayudas reales para el sector, porque aseguran que por el momento "no ha llegado ninguna". "Al margen de la propaganda política, la única verdad a día de hoy es que ningún hostelero ha cobrado nada para compensar el cierre. Por ello, seguiremos reclamando e insistiendo en la necesidad de ampliar las dotaciones presupuestarias destinadas al Plan Resistir. Es imprescindible que la prolongación de las restricciones se acompañe de medidas económicas a la altura del rescate que necesita este sector al que se le ha privado del derecho a trabajar", reivindican.
Tampoco desde la Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería de la Comunidad consideran que saltarse las normas sea la mejor postura para defender sus derechos. "Comprendemos la desesperación y la indignación con la que las pymes se enfrentan a la errática actuación de la Generalitat Valenciana, pero no contemplamos en estos momentos aperturas unilaterales que provoquen una mayor crispación y clima de enfrentamiento y puedan acarrear más problemas económicos a los propios hosteleros como consecuencia del régimen sancionador", indican.
