VALÈNCIA. Los hipotecados de la Comunitat se ahorrarían entre 340 y 361 millones de euros con el cambio legal anunciado este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que sean los bancos quienes se hagan cargo del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), a raíz de la decisión del Tribunal Supremo (TS) de que los clientes paguen este gravamen correspondiente a la escritura pública de los préstamos hipotecarios.
En concreto, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) eleva la estimación de ahorro a 361 millones de euros para un total de 163.490 autoliquidaciones correspondientes a 49.077 hipotecas anuales. El importe medio por hipoteca rondaría los 2.330 euros, según esta estimación.
Por su parte, los cálculos de la Conselleria de Hacienda en base a la retroactividad de cuatro años -a contar desde octubre de 2018- concluyen que en la Comunitat hay un total de 134.235 autoliquidaciones por un importe global de 340 millones de euros. Estas cantidades se habrían reclamado a los bancos en caso de que el fallo hubiera sido diferente.
Para realizar esta estimación, los técnicos de la Generalitat han extraído las cantidades recaudadas por el impuesto de actos jurídicos documentados derivado de la constitución de garantías hipotecarias; es decir, aquellas que se veían afectadas por la decisión del Supremo. Se trata de las compraventas cuando hay préstamo del banco.
En base a la retroactividad de cuatro años, la estimación de la Conselleria de Hacienda es de un total de 36.960 autoliquidaciones en 2018, por un valor de 84,1 millones de euros; 37.969 en 2017, por 83,6 millones; 37.935 en 2016, por 83 millones; 35.812 en 2015, por 76,2 millones, y 5.559 en 2014 por 12,6 millones.
En el conjunto de España, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que 458.000 nuevos hipotecados se ahorrarán cada año más de 1.100 millones de euros, a una media de 2.500 euros de AJD por hipoteca, después de que Pedro Sánchez haya anunciado que el Gobierno aprobará este jueves un decreto ley para que sean los bancos los que asuman el impuesto. De esta manera, los técnicos ven "positivo" que el Gobierno haya aclarado la norma, en el sentido apuntado por las sentencias cuestionadas por el Supremo.
Los técnicos señalan que el Pleno del Supremo "salva a la banca" del pago del impuesto en los últimos cuatro años porque cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva dentro de unos años habrá prescrito la posibilidad de obtener la devolución, salvo para las personas que hayan recurrido.
Gestha ha lamentado que el Supremo haya "frustrado" las expectativas de 1,5 millones de contribuyentes. Tras el pronunciamiento del Pleno del Supremo, las comunidades autónomas no podrán atender las solicitudes de rectificación de la autoliquidación del AJD y devolución del ingreso indebido. En detalle, calcula un impacto del AJD de los últimos cuatro años de 3.630 millones de euros en toda España, con un total de 1,45 millones de deudores.
Los técnicos de Gestha consideran que desde el punto de vista técnico-tributario las sentencias del Tribunal Supremo estaban "muy fundamentadas" cuando señalaban a las entidades financieras como obligadas al pago de este tributo, y destacan lo "inédito" que resulta una jurisprudencia que ha durado poco más de dos semanas, lo que genera "una crisis de credibilidad en la Justicia española sin precedentes".
Asimismo, Gestha ha recordado que "nunca se ha discutido" que el hecho imponible del AJD en los préstamos hipotecarios es la constitución de la garantía hipotecaria, cuya escritura insta la entidad en su interés, y la ley estatal vigente establece que el obligado al pago es el interesado en la expedición de la escritura y, "por tanto, debe ser el banco quien pague".
De forma paralela, los técnicos opinan que el fallo del Alto Tribunal, después del cambio de criterio y la división de opiniones de los magistrados, "genera inseguridad jurídica y agrava el descrédito de algunas instituciones públicas, lo que en última instancia podría traducirse en una desconfianza de los ciudadanos en torno a la independencia del poder judicial".
Los técnicos han defendido que la banca tiene "músculo suficiente" para asumir el pago anual del impuesto de las hipotecas, cuyo importe estimado apenas representa el 8,7 por ciento de los beneficios del sector en solo los primeros nueve meses del año, donde lograron un beneficio neto de 13.229 millones, un 13 por ciento más que en el mismo período de 2017.
Finalmente, Gestha ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que vigile a la banca para que las entidades no acuerden repercutir a los clientes el pago del AJD, después de que el presidente del Gobierno haya apelado a la responsabilidad del sector para que no encarezcan las hipotecas.
