ciudadanos esperan su turno de entrada en los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Valencia Foto: ROBER SOLSONA (EP)VALÈNCIA (EP). Hasta un tercio de los funcionarios de la administración de la Generalitat Valenciana empiezan a trabajar desde casa a partir de este lunes, con la entrada en vigor de la orden temporal que deja la presencialidad al 70% como máximo.
La medida, publicada en el Diari Oficial (DOGV), se debe al incremento de contagios y a la necesidad de anticiparse a un escenario en el que haya que restringir más la movilidad, como anunció la semana pasada la consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, tras comunicarlo a los sindicatos.
Esta resolución, de carácter transitorio mientras el Consell regula el teletrabajo, afecta a todos los empleados públicos de la Comunitat Valenciana. Los de servicios sociales, socio-sanitarios y todos los considerados esenciales desde el inicio de la pandemia seguirán trabajando en las mismas condiciones.
Para organizar quién teletrabaja y quién no, los responsables de cada conselleria u organismos públicos podrán establecer turnos rotatorios presenciales y no presenciales. Así se podrá reducir la presencialidad hasta un 30%, ya sea en horario de mañanas o voluntario de tarde, sin que afecte al servicio.
Los funcionarios que trabajen desde casa u otros lugares contarán con los medios técnicos mínimos necesarios, para lo que la Generalitat les facilitará acceso a sistemas informáticos institucionales. Tendrán los mismos derechos y obligaciones que el resto de personal y no sufrirán ningún cambio salarial ni de jornada u horario, garantizando el descanso y la supervisión.
Este esquema organizativo deberá quedar recogido en un plan de actuación por cada centro directivo y ser remitido al correspondiente comité de seguridad y salud, además de contar con las aportaciones de los sindicatos. A principios y a mediados de mes habrá que comunicar los efectivos presenciales y no presenciales a la dirección general de Función Pública.
Todos los cambios son de aplicación desde este 2 de noviembre y son de carácter temporal, sin fecha límite de momento, en función de la evolución de la crisis sanitaria. "La administración no puede colapsar y los servicios públicos tienen que seguir funcionando de manera eficaz, equilibrándolo con la salud de los funcionarios", subrayó la consellera
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