VALÈNCIA (EP). Los estibadores han convocado una jornada de huelga el próximo 25 de noviembre y paros parciales entre los días 26 y 30 para demandar que los convenios colectivos de los puertos se adapten antes de fin de año a la nueva normativa derivada de la reforma del sector aprobada en 2017, según informó La Coordinadora, el principal sindicato del gremio.
El sindicato asegura que, en caso de que no se adapten los convenios antes de fin de año, pasarán a ser nulos y "la profesión de la estiba quedará en un limbo legal sin ninguna garantía para los trabajadores".
La Coordinadora achaca a "la falta de voluntad negociadora y la actitud de bloqueo" de la patronal el retraso en la adaptación de los convenios, pese a que, según aseguran, los ministerios de Trabajo y de Fomento nombraron presidentes de la comisión negociadora a expertos en materia laboral y de competencia.
Por ello, y ante la proximidad del fin del año, la formación que dirige Antolín Goya ha convocado huelga para el lunes 25 de noviembre, si bien se extenderá desde las 8.00 horas de ese día hasta al 8.00 horas del martes día 26.
Esta huelga de 24 horas se encadenará con los paros de una hora alterna que llevarán a cabo de forma continuada desde el 26 de noviembre y hasta el día 30 de este mes.
Así, en esas jornadas, los estibadores pararán una hora y trabajaran la siguiente, para volver a parar la hora siguiente, y así sucesivamente.
En este sentido, La Coordinadora indica que los paros en horas alternativas impiden que haya "cesación de los servicios y que se vean afectadas las mercancías perecederas, las peligrosas, las que cubran necesidades estratégicas, o el normal abastecimiento de la población y el desarrollo de la actividad económica".
Por ello, el sindicato considera que la convocatoria no requiere de servicios mínimos, dado que tampoco se verá afectado el tráfico de pasajeros en buques de líneas regulares.
Los estibadores llaman de nuevo a paros en los puertos, por donde entran y salen el grueso de las mercancías del país, dos años después de los que llevaron a cabo en la primera mitad de 2017, cuando el Gobierno emprendió la reforma del sector para adecuarlo a la legislación europea y sortear una multa de la UE.
Esta reforma se completó definitivamente el pasado mes de abril, cuando el actual Gobierno en funciones logró convalidar en la Diputación Permanente del Congreso el Real Decreto Ley que desarrolla normativamente la reconversión aprobada en 2017.
Este Real Decreto Ley permite además activar la línea de medidas y ayudas públicas que el anterior Gobierno pactó con el sector para amortiguar los efectos de la reestructuración en el empleo.
Entre dichas medidas figuran ayudas de 120 millones de euros para prejubilaciones y bajas voluntarias que se registren en la plantilla de unos 6.150 estibadores de los puertos, la garantía de subrogación del colectivo ante la desaparición de las sociedades de gestión de trabajadores portuarios (sagep) por la reforma, la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal para que puedan dar servicio en los centros portuarios de empleo (CEP) que sustituyen a las sageps y la articulación del contrato de aprendizaje para formar a nuevos estibadores con el fin de facilitar así el acceso a la profesión.
