ALICANTE. El proyecto de construcción de un camping turístico ecológico en la partida de Aguamarga, promovido por una de las sociedades del propietario la mayor red de salones de juego de la provincia de Alicante, AG Valores, tendrá que superar el examen de las alegaciones presentadas por las asociaciones conservacionistas. Como mínimo, las que prevé presentar este miércoles el colectivo Ecologistas en Acción: una batería de 15 objeciones en las que insta a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad a denegar la Declaración de Interés Comunitario (DIC) que resulta necesaria para el desarrollo del proyecto sobre la base de dos argumentos esenciales.
El primero, en parte ya anticipado por este diario cuando el proyecto salió a exposición pública, es que la carretera que da acceso al futuro camping se asienta sobre terrenos considerados como inundables en el Plan Territorial de Riesgo contra Inundaciones de la Comunitat Valenciana (Patricova) "con un nivel de peligrosidad 4". En opinión de la asociación, solo esa circunstancia ya sería suficiente para denegar el desarrollo del proyecto, puesto que, en su opinión, "no es admisible que exista riesgo de inundación para acceder o salir de ese campamento turístico" situado "al borde de una gran zona inundable" como la zona húmeda del Saladar de Aguamarga, pese a que se admite que la parcela concreta en la que se habría planificado su construcción no está incluida en terrenos considerados inundables.
Y el segundo argumento esencial que debería frenar el desarrollo del camping sería la inexistencia de una evaluación rigurosa sobre el nivel de ruido al que se encontrarían sometidos los visitantes del camping, al quedar situado en las proximidades del aeropuerto Alicante-Elche, muy cerca de la segunda pista de aterrizaje proyectada por Aena.
Como avanzó Alicante Plaza, la propuesta impulsada por AG Valores (del empresario Alfredo Francisco García Murcia) plantea el desarrollo del camping sobre una parcela de 120.800 metros cuadrados de suelo no urbanizable, situada frente a la denominada Cala Barda, entre el polígono industrial de Aguamarga, el trazado de la línea de cercanías Murcia-Alicante y el acceso sur a Alicante a través de la CN-332. En el proyecto se incluye el desarrollo de 378 parcelas, 30 bungalós, dos comedores, un supermercado, una discoteca, una piscina cubierta, un gimnasio, un parque infantil, un edificio de recepción, edificios sanitarios, pistas deportivas y un edificio para servicios generales, al margen de los viales internos.
Los ecologistas se apoyan en esa ubicación concreta para resaltar que el camping turístico que optaría a conseguir la categoría de "camping ecológico" se encontraría expuesto a la presión que supone la actividad de un aeródromo con una media de 285 operaciones (aterrizajes o despegues) diarias. Según el colectivo, el estudio acústico aportado por AG Valores se basa en mediciones insuficientes.
Además, el colectivo incide en que difícilmente podría considerarse que la parcela propuesta pueda obtener la categoría de camping ecológico porque "el entorno que le rodea tiene una calidad ambiental baja para las confortabilidad del campista". Así, al margen del ruido, los ecologistas inciden en otras circunstancias como la proliferación de mosquitos alrededor del Saladar de Aguamarga cuyo "control absoluto" resultaría "casi imposible y, en cualquier caso, supondría una gran carga económica para los ayuntamientos y organismos implicados".
En tercer término, la asociación incide en que la parcela del camping se encuentra en la zona de afección del Saladar de Aguamarga, "zona húmeda catalogada por la Generalitat" que, a juicio del colectivo, quedaría expuesta a riesgos como la generación de aguas residuales fecales "provenientes de las 1.380 personas de capacidad máxima". El resto de las objeciones inciden en el exceso de ocupación de la superficie de la parcela respecto al máximo permitido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al considerarse instalaciones como la depuradora de aguas residuales o el depósito regulador de agua potable.
En las alegaciones también se incide en que "no se prevé de forma suficiente las necesidades del abastecimiento de agua potable y la evacuación y depuración de las aguas residuales". Igualmente, se subraya que el Ayuntamiento de Alicante ya emitió en septiembre de 2017 un primer informe desfavorable frente a la actuación, cuando se planteó por primera vez, y que, además, parte de la parcela en la que se proyecta estaba incluida en la propuesta de catálogo de protecciones que no se llegó a aprobar en 2017 y que ahora está de nuevo en fase de tramitación.
El resto de las objeciones se refieren a cuestiones técnicas mucho más concretas. Entre ellas, Ecologistas en Acción señala la inexistencia de un proyecto de restauración que devuelva el suelo a su estado original en cuanto expire la vigencia de la DIC; la falta de una memoria de sostenibilidad económica en la que se detallen los costes que el camping puede suponer para el conjunto de las administraciones en cuestiones como la recogida de residuos; o la falta de detalle respecto a las especies de arbolado que se pretende plantar en el recinto, entre otras.