El conseller Vicent Soler, en una reunión del CPFF, con Sáenz de Santamaría y Montoro. Foto: GVAVALÈNCIA. La Generalitat valenciana aspira a poder subir el IVA y los impuesto especiales (sobre el tabaco, alcohol o hidrocarburos) en sus tramos autonómicos, de manera armonizada con el resto de Comunidades Autónomas, con el objetivo de aumentar los ingresos.
Es uno de los puntos más relevantes de la propuesta que este viernes presentará la Generalitat al Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), de donde debe salir la propuesta final de reforma del sistema de financiación autonómica.
Otras catorce CCAA, todas menos País Vasco y Navarra, deben presentar este viernes sus propuestas al Comité Técnico, en el que el representante valenciano es José Antonio Pérez. Con todas ellas en la mano, el Gobierno deberá presentar su propuesta al CPFF -Montoro ha dicho que no lo convocará antes de Navidad-, que tendrá que aprobar un modelo y presentarlo en el Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.
Según ha podido saber Alicante Plaza, la propuesta valenciana es bastante fiel al informe de los expertos que fue entregado al CPFF en julio, un dictamen que se considera aceptable porque puede servir para mejorar el sistema de manera más equilibrada tanto en suficiencia como en equidad.
No obstante, mantiene dos reivindicaciones muy importantes para la Comunitat en las que parece haberse quedado en minoría. La primera es la petición de que el nuevo modelo se apruebe y entre en vigor en 2017, tal como se comprometió Rajoy en enero y se pactó en la reunión constitutiva del Comité Técnico Permanente, el pasado 2 de noviembre.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha decidido unilateralmente aplazarlo a 2018 mientras el Congreso aprobaba por vía de urgencia el Cupo vasco, lo que ha indignado a los dirigentes de las comunidades infrafinanciadas, como Ximo Puig y Susana Díaz.
La otra reivindicación en la que la Comunitat Valenciana puede quedarse en minoría es la de una solución para la deuda provocada por la infrafinanciación, cifrada en unos 16.000 millones de euros, algo mas de un tercio de la deuda total de la Generalitat. En el informe de los expertos se planteó una quita que fue rechazada por la mayoría, por lo que el representante valenciano en esa comisión, Francisco Pérez -director del Ivie-, formuló un voto particular.
El propio Pérez reflexionó después sobre la conveniencia de no hablar de una quita, fórmula que provoca rechazo entre los economistas, sino de otras fórmulas como mutualización de la deuda o compensación vía financiación adicional. Un ejemplo lo acaba de dar el País Vasco, que en el nuevo acuerdo sobre el concierto ha logrado que el Estado le compense con 1.400 millones de euros, a plazos durante cinco años, por una supuesta deuda histórica acumulada desde 2007 calculada en base al Cupo que creían que merecían.
El informe de los expertos recomendaba dar a las CCAA capacidad normativa sobre el tramo autonómico del IVA y de los impuestos especiales para facilitar la suficiencia financiera. Las CCAA reciben el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales, pero no tienen capacidad normativa porque la Unión Europea dijo en 2001 que no podía haber diferenciación de tipos impositivos porque creaba barreras entre territorios.
La Comisión de Expertos dijo en su informe de julio que las CCAA podrían tener capacidad normativa, pero colegiada y dentro de los límites que marca la UE. Es decir, habría que establecer un procedimiento para ponerse de acuerdo y subir o bajar todas el tramo autonómico.
Otro punto importante del informe es la necesidad de más dinero del sistema para las Comunidades Autónomas, que son las que gestionan la sanidad, la educación y los servicios sociales de sus territorios. La propuesta no gustó nada a los expertos designados por Montoro, ya que ese dinero debe parir de la Administración General del Estado.
Los expertos cifraban en al menos 11.000 millones de euros el dinero adicional que deberían recibir las CCAA, que deberá salir de otras partida o de una subida de impuestos.
Otra de las reivindicaciones valencianas la desveló este jueves Ximo Puig, quien anunció que el Consell pedirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que el País Vascoy Navarra, las dos comunidades con un régimen foral propio, aporten al fondo básico de financiación, ya que ahora mismo no lo hacen. "Deben aportar al fondo de solidaridad, no es posible que no lo hagan. El nuevo sistema de financiación debe garantizar la igualdad", añadió.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
