El portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, en un pleno, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Los propietarios de suelo del sector de Pino y Ruaya de Alicante, la bolsa de 47 hectáreas de superficie todavía por desarrollar entre Vistahermosa y Santa Faz, reaccionan frente a las críticas vertidas por el portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, sobre el convenio urbanístico con el que se trata de avanzar en la tramitación lógica y promover el encaje del Plan Parcial del sector en el actual Plan General (PGOU). Todo, después de que el pleno del Ayuntamiento de Alicante asumiese, el pasado octubre, la sentencia del TSJ de 1992 que reconoce al sector la condición de urbanizable, como viene informando Alicante Plaza.
En concreto, portavoces de la promotora que los representa, Lomas del Pino SL, aluden a "la injusticia que llevamos soportando desde el año 1992 y que, francamente, y a todas luces, es el relato de una verdadera epopeya en una ciudad en la que una iniciativa como la nuestra, amparada por una sentencia del TSJ, se ha visto gravísimamente damnificada por 27 años de injusticia, e inoperancia cuanto menos, por parte de quienes deberían -desde las instituciones locales y autonómicas competentes en la materia- facilitarla".
En esta línea, en respuesta a las consideraciones políticas vertidas a través de un comunicado por el líder de Guanyar -sobre el presunto "pelotazo" que, a su juicio, se trataría de promover a través del reconocimiento del sector en el Plan General-, Lomas del Pino replica que todas esas apreciaciones son "falsas" y niega tanto la acusación de pelotazo como toda posible relación con el caso Brugal y las personas procesadas en ese causa. "Ni Brugal, ni Ortiz, ni Castedo, ni pelotazo urbanístico, ni del PP, ni nada parecido", inciden.
Así, a través de un comunicado, la promotora defiende que "las propuestas de desarrollo del sector Pino Ruaya únicamente responden al legítimo derecho de los propietarios del suelo, amparado por una sentencia del TSJCV que llevamos ¡¡27 años!! intentando con exquisita limpieza hacer cumplir". "Es muy posible que de estar en alguno de los supuestos que encabezan este párrafo al día de hoy este planeamiento estaría aprobado y, por tanto, el hecho de que no lo esté es la prueba palmaria de que nada de lo que les trasmite el señor Pavón responde a la verdad", añade.
En esta línea, responsables de Lomas del Pino insisten en que "el señor Pavón actúa de forma falaz e irresponsable cuando intenta manchar el buen nombre de esta promotora ligándolo a los conceptos antes citados cuando sabe de primera mano que nuestros intentos han sido siempre por la vía de los estrictamente legal".
Así, sostienen que "sorprende especialmente que intente ligarnos continuamente con el promotor Enrique ortiz y el concepto de corrupción cuando él ha sido el concejal de Urbanismo que dio luz verde al PAI del área PAU 3 con 1.650 viviendas cuya promotora es 100% propiedad del señor Enrique Ortiz ¿en qué quedamos, corrupción o no corrupción?", se cuestiona en el comunicado.
En este sentido, la promotora sostiene que "de lo que debería de escandalizarse el señor Pavón es de que en Alicante, nuestra ciudad, como consecuencia de la actuación del Ayuntamiento de cuya penúltima corporación el señor Pavón fue miembro destacado, no basten 27 años para desarrollar un suelo que por ley es urbanizable".
Lomas del Pino rechaza las críticas del líder de Guanyar y sostiene que trata de manchar su nombre con falsedades
A juicio de la empresa, "ese solo hecho sí que debería ser motivo de reflexión para el señor Pavón, como corresponsable de este retraso y de los enormes perjuicios económicos que el no desarrollo urbanístico del área llevan aparejados, no solo para la promotora, si no también para la ciudad misma, puesto que como todos sabemos, la actividad urbanística sobre suelos clasificados genera empleos, ingresos para las arcas municipales y creación de riqueza".
En esta línea, los representantes de la promotora aseguran que defenderán "ante los tribunales contenciosos, civiles, y penales si fuera necesario cualquier difamación que sobre la misma pueda verterse".
Como publicó este diario, el actual equipo de Gobierno, del PP, dio trámite a la propuesta de convenio para modificar el PGOU formulada por los propietarios del sector el pasado mes de noviembre. Tras el análisis de los técnicos municipales, la Concejalía de Urbanismo planteó, el pasado febrero, una propuesta de acuerdo que debía elevarse a la Junta de Gobierno en la que se modulaban las pretensiones de los propietarios y se impulsaba un convenio de elaboración propia de cooperación público-privada.
Sin embargo, esa propuesta de acuerdo formulada por Urbanismo no llegó a someterse a la consideración de la Junta de Gobierno, después de que la Conselleria de Obras Pública y Vertebración del Territorio registrase ante el TSJ, el pasado 15 de marzo, el recurso contencioso-administrativo que había anunciado contra el acuerdo municipal de octubre del año pasado.
Ya entonces, la Dirección General de Ordenación del Territorio había emitido un informe en el que conminaba al Ayuntamiento a modificar ese acuerdo, al considerar que, en ese trámite de ejecución de la sentencia del TSJ de 1992, se había adjudicado unas condiciones de edificabilidad que no correspondían y que, además, el Ayuntamiento había invadido sus competencias sobre aprobación de instrumentos de planeamiento.
Como ya contó este diario, fuentes municipales apuntaron que el equipo de Gobierno decidió paralizar el acuerdo sobre Pino y Ruaya en cuanto tuvo constancia de la interposición de ese contencioso, ya que podía verse interferido por la resolución de ese pleito. No obstante, el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, sostuvo -a través de un comunicado del que se hizo eco este diario- que todo parecía indicar que el PP no había aprobado ese acuerdo por temor a que tuviese un efecto electoral.
