SANTA POLA. La promotora Masa Internacional deberá seguir pagando el fraccionamiento del impuesto de las plusvalías al Ayuntamiento de Santa Pola por el aumento de la edificabilidad que el consistorio le le concedió en la zona denominada CJ-5, en las inmediaciones de Gran Alacant. Y lo tendrá que hacer después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso de la empresa de Justo Quesada y, por tanto, el fallo anterior del TSJ, que ya dio la razón al Ayuntamiento de Santa Pola, adquiera firmeza.
De esta manera, se pone fin al litigio que generó el convenio urbanístico entre la empresa y el consistorio que data del 2014 y, por lo tanto, Masa deberá satisfacer los pagos pendientes hasta completar los 3,1 millones en los que se fijó la parte adeudada.
En su día, a firma de Justo Quesada reclamaba que se anulara tanto el convenio suscrito entre las dos partes, al considerar que era contrario a derecho, como el acuerdo del pleno del Santa Pola, de fecha 13 de julio de 2004, por el cual el ayuntamiento se comprometía a incrementar la densidad del sector urbanístico y por lo tanto a aumentar el números de viviendas proyectadas. La promotora defendió que el cambio legislativo sobre urbanismo producido con posterioridad, con la entrada en vigor de la LUV, hacía imposible tanto cumplir el objetivo del convenio como la causa que lo motivó. Entonces, la promotora acudió a la vía contencioso-administrativa, que dio la razón al consistorio. Posteriormente, presentó recurso de apelación ante el TSJ, que validó, de nuevo, el primer fallo. Y finalmente, esta semana, el Supremo ha notificado a la defensa del ayuntamiento santapolero la inadmisión del recurso.
El convenio en cuestión contemplaba una modificación del PGOU con el fin de aumentar la densidad de viviendas; es decir, se pasaba de las 950 casas inicialmente previstas a las 2.450. En contraprestación, contemplaba un pago de una plusvalía de seis millones de euros. La promotora, por su parte, acusaba ahora al Ayuntamiento, 11 años después de firmarse el acuerdo, de enriquecimiento injusto.
La promotora satisfizo una parte de los seis millones y dejó el resto del pago pendiente. A partir de 2015, se le reclamó el pago de esas cantidades. Ante las diferencias entre las partes, el ayuntamiento inició el proceso de embargo de propiedades de la empresa; la promotora, acudió a los juzgados. Finalmente, hubo acuerdo, se retiraron los embargo, y se estableció un calendario de pagos. La línea judicial seguía abierta hasta esta semana pasada.
