Isabel Bonig, Alberto Núñez Feijóo y Eva Ortiz en un acto en Valencia. EFEVALENCIA. La ponencia económica y de administración territorial redactada para el XVIII Congreso Nacional del PP aborda la financiación autonómica de una manera aparentemente equidistante que, sin embargo, sitúa los intereses valencianos en una lejanía en cierta medida preocupante.
Cabe recordar que el equipo encargado de redactar este documento concentra a varios referentes de regiones con criterios distintos a los que se reivindican en la Comunitat Valenciana, donde todos los partidos en liza han coincidido en exigir la reforma del sistema. Así, aunque la ponencia la coordina el andaluz Javier Arenas, se percibe con claridad la mano del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien ha encabezado un frente de autonomías -llamado por algunos 'lobby de la España vacía'- que exigen un cambio pero con determinadas premisas que no concuerdan con los intereses valencianos.
Así, los dos aspectos más destacados en la redacción de la ponencia -que todavía está en periodo de ser enmendada- en los que se percibe la presión de este grupo de autonomías -Galicia, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja- se centra en remarcar en el nuevo modelo del peso de criterios como el envejecimiento y la dispersión así como respetar el statu quo actual.
De esta manera, en el artículo 155 de la ponencia se subraya: "Las necesidades de financiación de las CCAA deberán fijarse atendiendo a sus necesidades reales. Por tanto, se tendrán en cuenta variables que ponderen la población, por estar probada su evolución como un factor de coste, en especial el envejecimiento (ponderando sus diversos grados en función de la edad) o la población en edad escolar; junto con otras que recojan factores físicos que incidan de forma evidente en el coste de la prestación de servicios (dispersión, superficie, insularidad), y que se determinarán en el grupo de trabajo creado en el CPFF para cada una de sus competencias".
Un párrafo que especifica ciertos criterios correctores, más allá del número habitantes que viene reivindicando la Comunitat Valenciana, dotándoles de un peso en la redacción que, a priori, apunta a la reivindicación de las regiones citadas anteriores. Es decir, que aunque son cuestiones a tener en cuenta, por el empaque que les da en la ponencia podrían ser prioritarias respecto a otras.
Respecto al mantenimiento del statu quo, algo que desde el Consell se ha rechazado públicamente vía informe de expertos de Les Corts, este se aprecia claramente en el artículo 157: "Tal y como ha sucedido en todas las reformas del sistema de financiación el punto de partida de la próxima debe contemplar que ninguna CCAA empeore su posición financiera absoluta como consecuencia de la reforma; porque cualquier ajuste abrupto del sistema tiene un reflejo inmediato en el presupuesto de las comunidades autónomas, al suponer entre el 70% y el 80% de los ingresos presupuestarios de todas ellas". Una premisa que beneficia a las mejor financiadas hasta ahora y que se rechaza por los expertos valencianos, que apuestan por comenzar desde cero.
No son las únicas líneas donde se ve la influencia del presidente gallego. El artículo 155, por ejemplo, explica: "La evaluación de las necesidades reales deberá realizarse de forma específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales". Una premisa válida para todas las regiones pero, posteriormente, añade: "En ella, deberán considerarse de manera especial, las necesidades derivadas de la aplicación de la Ley de Dependencia y revisarse, con el máximo detalle, la dinámica de crecimiento del gasto sanitario, sus indicadores y los índices que determinan la población protegida equivalente". Una afirmación esta última que coincide casi letra por letra con una reivindicación que ha venido haciendo Feijóo en los últimos tiempos: la creación de una "pieza separada" sobre financiación sanitaria y el crecimiento en el gasto en este ámbito.
Por otro lado, el documento de tres páginas contiene dos artículos dedicados específicamente a Cataluña aunque sin citarla. Así, el apartado 152.1 insiste en que el proceso "no puede excluir a ninguna de las CCAA" y tampoco puede ser "el resultado de negociaciones bilaterales previas que después se trasladan al conjunto de CCAA". En esta línea, el 152.2, se subraya que la financiación y la citada reforma no puede ser utilizada "como elemento para la consecución de objetivos políticos diferentes de los que corresponden" del ámbito de negociación.
