ALICANTE. Los tres grupos políticos que conforman el eje progresista en el Ayuntamiento de Alicante, PSOE, Unides Podem y Compromís, difieren de la última propuesta de dictamen conjunto elaborado por el edil de Limpieza, Manuel Villar (PP), como conclusiones de la comisión de seguimiento sobre la prestación del servicio de limpieza viaria, recogida de la basura y tratamiento de residuos. Es más, las tres fuerzas plantean una propuesta alternativa, después de las modificaciones introducidas por Villar a sugerencia de las tres formaciones y de Vox, en la que abundan en el relato que, a su juicio, pudo propiciar el inicio de las presuntas deficiencias en la eficacia del contrato.
Para PSOE, Unides Podem y Compromís, la mayor parte de esas presuntas carencias derivó de las limitaciones en el precio del contrato que se tuvo que introducir durante su última licitación, en el año 2012, como consecuencia del Plan de Ajuste al que se encontraba sometido el Ayuntamiento. En gran parte, según subrayan, por la gestión llevada a cabo por el PP en los años precedentes.
Y no solo eso. En esa propuesta de conclusiones alternativa, los tres grupos progresistas hacen especial énfasis en la necesidad de que la comisión pactada para analizar el futuro del servicio sirva para detallar qué posibles modificaciones pueden introducirse en la última etapa de la prestación actual, así como sobre la naturaleza de las prórrogas que puedan acordarse tras el vencimiento de su plazo original, de 8 años de duración, que se produce el próximo mes de septiembre.
Al margen de ello, las tres formaciones también apuntan a la necesidad de que se implante el servicio de recogida selectiva para los residuos orgánicos y que se habilite las mejores necesarias en la planta de tratamiento para aumentar los porcentajes de recuperación y reciclaje, de modo que se consiga ampliar la vida útil del vertedero.
Así, el documento, que debe ser abordado este lunes en una nueva reunión de la comisión junto a la propuesta original, parte del esqueleto de conclusiones conjunta trazado por Villar para formular varios añadidos. Entre ellos, la propuesta del eje progresista plantea que "la elaboración del pliego actual" por el que se rige el servicio "se desarrolló al final de una profunda crisis económica en todos los ámbitos, una situación agravada en Alicante tras la deuda adquirida durante legislaturas anteriores, gran parte vinculada a pagos extraordinarios al servicio de limpieza, obligando al Ayuntamiento de Alicante a un Plan de Ajuste que condicionó las cuentas municipales desde entonces".
Según los tres grupos progresistas, "esto obligó al Ayuntamiento a reducir el importe económico asignado al servicio en un treinta por ciento, e influyó en una necesaria merma en las prestaciones, con evidentes reducciones de servicios. Por tanto, el primer punto de partida es que debía prestarse un servicio a la ciudad con una reducción económica respecto al que se venía prestando hasta ese momento. Ello permite afirmar que difícilmente podría tener la misma eficiencia del que se prestaba con anterioridad. A esta situación de insuficiencia de medios del servicio, debe también sumarse la insuficiencia de criterios ligados a la sostenibilidad durante la redacción del contrato, como reconoció el técnico responsable y entonces redactor del mismo".
Así, añade que "criterios con parámetros de recuperación, reciclaje o vertidos establecidos previamente a la entrada en vigor del contrato en la Directiva Europea deResiduos o el PIRCV aprobado meses antes, y cuyo incumplimiento expone a este municipio a importantes sanciones que deberemos evitar. Para el desarrollo del nuevo Plan Local de Residuos y del nuevo servicio, esta vez será fundamental una respuesta firme por parte del municipio a la transición ecológica, con la ambición de alcanzar las cifras y compromisos exigidos en la normativa a través de una planificación más sostenible, que desarrolle la economía circular y establezca criterios fiscales de pago por generación e incentivos a las buenas prácticas al mismo tiempo que garanticen el mantenimiento de la limpieza y el aspecto de la totalidad de barrios de esta ciudad".
El planteamiento del eje progresista también se refiere al refuerzo de la vigilancia policial para evitar comportamientos anómalos en el depósito de residuos que conlleven incumplimientos de la ordenanza de limpieza. A este respecto, el texto alternativo promovido por los tres grupos apunta que la labor policial "en ningún caso puede justificar la falta de inspectoras e inspectores ya que unas fiscalizan a la empresa y otras sancionan a las y los usuarios. Sin embargo, la ciudadanía debe tener interiorizado que un incumplimiento de la ordenanza debe tener aparejada la correspondiente sanción. Se evidencia así necesario el aumento de plantilla de Policía Local, ya insuficiente para prestar su catálogo de competencias intrínsecas, para poder desarrollar una labor fiscalizadora sin que dicha actuación menoscabe el número de funcionarios destinados al resto de servicios".
De igual modo, respecto a la gestión de la planta de tratamiento, las tres fuerzas apuntan que "deben llevarse a cabo aquellas inversiones que sean precisas para el cumplimiento de la normativa medioambiental vigente, con el desdoblamiento de las líneas de selección para dar un tratamiento diferenciado a la materia orgánica". Así, citan la "potenciación del uso del biodigestor como elemento crucial para la obtención tanto de gas como de compost de calidad que permita su venta y uso, evitando que acabe en vertedero. Y, fundamental, que el plan prevea unas inversiones que permitan elevar la recuperación a niveles que ayuden al municipio a conseguir lo exigido por la normativa medioambiental, siendo conscientes de que el Ayuntamiento no puede volcar toda la responsabilidad en la gestión adecuada de sus residuos a la planta de TMB". Así, apuntan que "para alcanzar estos objetivos, es fundamental facilitar a la ciudadanía y HORECA una recogida separativa en origen eficaz, que reduzca los costes del tratamiento y garantice una mayor calidad de nuestros residuos".
De igual modo, plantean que se debe "evitar el ‘turismo de residuos’ y otros excesos en los vertidos. Impedir posibles excesos en la ocupación de nuestro vertedero que no estén expresamente justificados, con un coste inherente a la ocupación definitiva de ese espacio municipal para el Ayuntamiento. Durante décadas, la reiterada práctica del llamado ‘turismo de residuos’ en Fontcalent ha colapsado el espacio finito de nuestras celdas, del mismo modo que perjudicó el exceso en el vertido de tierras de cobertura diarias, las deficiencias en el rendimiento de la planta de tratamiento mecánico-biológico o los resultados insuficientes obtenidos de la planificación municipal de la recogida selectiva emprendida hasta el momento. Situaciones que deberemos abordar con urgencia para garantizar el rendimiento de las instalaciones".
Por lo que respecta a la posibilidad de colmatación de celdas, la propuesta de conclusiones alternativa señala que "partiendo de la base de la competencia autonómica en lo relativo a dónde depositar el rechazo, se hace necesario contemplar la vida útil real de las celdas existentes en el vertedero. Y al mismo tiempo tener la previsión de qué sucederá una vez se colmaten las cuatro celdas existentes en la actualidad, una previsión que todavía no está definida. Resulta imprescindible que un municipio con una dimensión demográfica y turística como Alicante busque la autosuficiencia y la eficiencia en la gestión de sus propios residuos".
"Para ello, además de requerir de una reflexión objetiva sobre el futuro colapso del vertedero, en la nueva planificación del servicio deberemos garantizar la prolongación de la vida útil de estas celdas a través de políticas municipales que garanticen unos niveles de recuperación, reciclaje y vertido responsables, estableciendo esta tarea como respuesta prioritaria al compromiso adquirido por este municipio con la estrategia europea de residuos", subraya.
Y, por último, respecto al objeto de la nueva comisión a constituir sobre el futuro del servicio, expone que "el equipo de gobierno, que lleva desde principios de legislatura con los trámites para tratar de sacar a licitación la nueva contrata, es quien tiene la labor de que esto se produzca. Ello no obstante, y dado el servicio sobre el que estamos tratando, se ve conveniente que de esos trabajos se abra su conocimiento a los distintos grupos municipales, así como a la ciudadanía y al tejido social alicantino, garantizando su participación en cuanto así lo recoge la normativa".
En esta línea, el texto alternativo añade que "con independencia de lo indicado, no debe olvidarse que está aprobado y pendiente de constitución el Consejo de Participación Ciudadana de los servicios de valoración y eliminación de residuos domésticos y asimilables del municipio de Alicante, órgano representativo cuyo objeto (según indica sus Estatutos) es 'establecer un canal de comunicación bi-direccional sociedadAyuntamiento, para canalizar y favorecer la participación de los diferentes agentes interesados en el conocimiento, planificación y gestión de los residuos urbanos, concretamente en lo relativo a los servicios de valorización y eliminación de residuos domésticos y asimilables'. Con tal motivo, y al margen de lo reseñado sobre el Consejo de Participación ciudadana, se acuerda por todos los grupos que se elevará al Pleno la constitución de una Comisión no Permanente que verse sobre aquellas cuestiones ajenas al ámbito competencial de dicho Consejo y a través de la cual se mantendrá informados a los grupos municipales de toda la tramitación de la nueva contratación, a la vez que se dará voz a entidades sociales y personas de renombre en la materia, a fin de que puedan hacer llegar sus propuestas y puedan tenerse en cuenta en la comisión".
Las dos propuestas de conclusiones sobre los trabajos de la comisión deben debatirse en una última reunión prevista para este lunes
Así, se indica que "el Ayuntamiento, por medio de las distintas concejalías, designará al personal técnico que asista a la Comisión en sus trabajos en los casos que proceda para plantear aquellas propuestas que crean oportunas para la mejora de la prestación a los efectos de su valoración por los técnicos municipales y por el equipo de gobierno. Esta comisión también servirá como espacio en el que informar y realizar un adecuado seguimiento del desarrollo de posibles modificaciones y/o prórrogas del contrato actual. El contenido de dicha Comisión deberá establecer un calendario de participación del personal técnico y del tejido social y se plasmará en la correspondiente iniciativa ante el pleno".
En esta línea, para defender esa propuesta de conclusiones alternativa, fuentes del PSOE han señalado que "el equipo de gobierno no puede pretender maquillar lo evidente. Se empeñan en hacernos creer que Alicante a penas está sucio, que su gestión de la basura es sostenible y que recortaron un tercio el contrato por austeridad. Si queremos que esta ciudad mejore no podemos poner paños calientes a sus problemas, la ciudadanía espera que afrontemos las carencias y reorientemos el modelo de limpieza y residuos a las necesidades que tiene Alicante. No podemos esperar a un Partido Popular que ha reaccionado tarde siempre en este asunto.
El dictamen de esta comisión debe reflejar los motivos por los que no se está cumpliendo el objetivo definido en el contrato, debemos saber en qué se ha equivocado el Ayuntamiento antes de afrontar la nueva contratación del servicio de limpieza".
Así, el PSOE recalca que "esperamos que este último intento de consenso evite que se deje sin utilidad práctica el documento. Hasta el momento es una decepción que Villar haya preferido la autocomplacencia convenciéndose de ver Alicante limpia, a la utilidad de un documento que debería servir para proyectar soluciones a problemas como la incapacidad reconocida de la inspección municipal para realizar una auditoría eficiente de la calidad del servicio prestado por la empresa, situación que deja sin justificación la negativa del bipartito a externalizar esta herramienta de control, como propusimos desde el grupo socialista en el pleno. No pueden seguir dejando al libre albedrío el principal contrato de la ciudad, sin control y sin escuchar a la participación ciusadana, como ha pasado durante toda la Comisión".
Por parte de Unides Podem, su edil Vanessa Romero señala que "estamos de acuerdo en la necesidad de una mayor fiscalización del contrato por parte del ayuntamiento, sobre todo tratándose de una de las mayores contratas de nuestra ciudad. Este servicio cuesta una gran cantidad de dinero de todas las alicantinas y alicantinos, y no se están obteniendo los resultados que deberíamos: nuestra ciudad es la segunda ciudad más sucia de España y estamos en unos niveles de reciclaje vergonzosos (del 9% actual al 50% que nos exige la Unión Europea)".
Así, recalca que "por tanto, es un hecho que esta contrata ha sido la gran estafa a Alicante, perpetrada en tiempos de Sonia Castedo y cuyo mayor beneficiado ha sido el empresario Enrique Ortiz, pieza clave del caso Brugal. Una contrata que ha hecho más fuerte la brecha entre barrios y el centro de la ciudad, y que responde al modelo de ciudad fachada del Partido Popular, una ciudad para visitar pero no para vivir".
A su juicio, "nos ha faltado que esta comisión profundizase en debates que hemos abierto como son el estudio de la remunicipalización del servicio de limpieza y gestión de residuos, el encaje de la participación ciudadana dentro de la comisión y en el futuro del servicio en nuestra ciudad, el estado de los camiones de recogida de residuos, o la implantación del sistema de recogida selectiva puerta a puerta.
Desde Unides Podem seguimos apostando por devolver la gestión directa del servicio al ayuntamiento de Alicante, que ahorraría dinero a las arcas municipales y mejoraría las condiciones de trabajadoras y trabajadores, además de mejorar los niveles de reciclaje en nuestra ciudad; planteamos hacerlo a través de una Agencia Local de Residuos para cumplir con los objetivos de sostenibilidad marcados por la Agenda 2030", subraya.
Y, por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, sostiene que "desde Compromís manifestamos nuestra intención de sacar unas conclusiones conjuntas con todos los grupos municipales en esta Comisión de Limpieza. Estas conclusiones que proponemos desde Compromís, PSOE y UP, están distribuidas en 5 ejes, hacen un balance de la que ha sido la labor de una contrata que nació marcada por los recortes del Plan de Ajuste que sufrió el Ayuntamiento durante el mandato de Castedo. Una contrata que ha resultado muy controvertida durante todos los años de una vigencia y que debería finalizar en unos meses".
"De hecho, el servicio de limpieza de la UTE ha estado marcado por el suspenso por parte de la ciudadanía sobre el estado de la limpieza viaria, siendo considerada Alacant la 2a ciudad más sucia de España y por el fracaso en la gestión de residuos, dado el pobre porcentaje de recuperación y reciclaje de los mismos", recalca. "Estas conclusiones, elaboradas desde la máxima voluntad de consenso de los grupos progresistas, deben permitir dar paso a una nueva Comisión, a aprobar en el Pleno de la próxima semana, que se encargue de fiscalizar y realizar aportaciones al último modificado del contrato que pretende hacer el Bipartito, la prorroga de la contrata dado que el gobierno de Barcala llega tarde a su renovación y los futuros Pliegos de condiciones que regiran durante los próximos años el servicio de limpieza y gestión de residuos urbanos", incide Bellido.
Así, subraya que "esta comisión deberá contar como aliada con la participación de entidades vecinales y asociaciones que trabajan en el ámbito de la sostenibilidad ambiental y la gestión de estas materias".