VALÈNCIA. La correcta aplicación del modelo de financiación autonómica habría permitido a la Comunitat Valenciana recibir 9.766 millones de euros más del sistema entre 2009 y 2015, unos recursos que le hubieran permitido contener el incremento de su deuda y situarla en el 31,8% de su PIB, diez puntos menos de la que tiene actualmente.
El cálculo surge del estudio sobre la valoración global del impacto de las deficiencias del sistema de financiación sobre los recursos de las Comunidades Autónomas presentado este miércoles durante un seminario organizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Los autores del trabajo, José Antonio Pérez y Juan Pérez, han estimado en 84.518 millones de euros el volumen de recursos que las Comunidades Autónomas de régimen común han dejado de recibir entre 2009 y 2015 debido a que la interpretación del modelo ha beneficiado a la Administración central en detrimento de las autonomías.
Solamente en 2015, último año liquidado, las Comunidades Autónomas dejaron de ingresar 17.630 millones de euros como consecuencia de estas “deficiencias operativas” –o “deslealtades”, en opinión de José Antonio Pérez– derivadas de la incorrecta aplicación del sistema de financiación autonómica.
En términos porcentuales, la pérdida de ingresos para las Comunidades Autónomas en ese periodo se sitúa en el 11,8%. De haber contado con esos recursos, la deuda de las regiones sería menor a la actual en 8,6 puntos porcentuales.
En su intervención, José Antonio Pérez, representante de la Comunitat en el Comité Técnico para la reforma de la financiación, y Juan Pérez, investigador del Ivie, se han referido a la pérdida de recursos derivada de la sobreestimación de las entregas a cuenta en el año de partida del modelo; la aprobación por parte del Estado de estímulos fiscales que redujeron la recaudación; los efectos en el Fondo de Suficiencia por la compensación de los incrementos de tipos de IVA e Impuestos Especiales; y la falta de participación de las comunidades forales en los mecanismos de financiación.
Según sus cálculos, todas las comunidades autónomas de régimen común se hubieran beneficiado de la correcta aplicación del sistema de financiación aprobado en 2009.
Con el modelo corregido de las deficiencias señaladas, regiones como Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura o Galicia hubieran aumentado sus ingresos en el conjunto del periodo 2009-2015 más de un 14%. Gracias a ello la deuda de las regiones en 2015 se hubiera reducido más de diez puntos porcentuales del PIB en nueve autonomías (Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Asturias, Murcia y la Comunitat Valenciana).
Asimismo, si hubieran contado con esos recursos adicionales algunas de ellas hubieran podido financiarse en los mercados sin tener que recurrir alas líneas de crédito habilitadas por el Gobierno Central, como el FLA.